Abraham Rasgado/
Mediante un comunicado, la Asamblea General del Pueblo Binnizá de Álvaro Obregón, denunció que un integrante del cabildo comunitario elegido el pasado 8 de diciembre —para prescindir de los partidos políticos y los gobernantes— fue amenazado por una regidora y dos trabajadores del ayuntamiento de Juchitán, encabezado por Saúl Vicente Vázquez.
Eduardo Toledo Orozco, encargado de los asuntos de pesca del cabildo comunitario de Álvaro Obregón, transitaba por la calle 16 de Septiembre rumbo al norte de la ciudad el pasado lunes 20 de enero, cuando fue interceptado en la esquina de la calle Aldama por tres personas, a las cuales identificó con los nombres de Teresa Terán Vega, Ernesto Sánchez Jiménez y Humberto Montaño Sánchez, la primera regidora de Economía del Ayuntamiento de Juchitán. Lo amenazaron de muerte y le exigieron que “fuera al mercado a levantar a su esposa, quien se encontraba vendiendo pescado, porque si no ellos lo harían, porque ellos mandaban en Juchitán”, refiere el comunicado.
Cuando Toledo Orozco, acompañad de otros integrantes del cabildo popular de Álvaro Obregón acudió al Ministerio Público radicado en Juchitán a presentar su denuncia, el 21 de enero al mediodía, las tres mismas personas se aparecieron acompañados de aproximadamente otras 15, y “amenazaron de muerte nuevamente” a Eduardo Toledo y a los demás miembros del cabildo que estaban presentes; dijeron que no los dejarían salir y reiteraron su posición privilegiada de mando en el municipio juchiteco. Los pobladores de Álvaro Obregón tuvieron que salir resguardados por la policía estatal.
Estas amenazas se enmarcan en el conflicto que se ha desatado por la instalación de las plantas eoloeléctricas en las tierras juchitecas, a lo cual diversas comunidades y organizaciones han reaccionado para resistir dichas instalaciones de los aerogeneradores. Álvaro Obregón anunció que ante los embates de las empresas, las diferentes instancias de gobierno y partidos políticos, no permitiría la realización de las elecciones y que elegirían a sus autoridades de manera tradicional, lo cual hicieron el pasado 8 de diciembre de 2013.
Por ello exigen se investigue y castigue a los responsables de dichos ataques y amenazas; al presidente municipal, Saúl Vicente, respete la autodeterminación de Álvaro Obregón, así como a la Secretaría General de Gobierno libere las acreditaciones a sus autoridades elegidas por su comunidad.