Giran órdenes de aprehensión contra activistas
Rocío Flores
Oaxaca, Oax. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni) denunció este jueves un nuevo acoso judicial en contra de activistas afiliados a dicha organización por parte de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Detalló que existen órdenes de aprehensión en contra de Carlos Beas Torres, coordinador de la organización, y Teófilo García Sarabia, quienes fueron denunciados penalmente por Irma Maldonado, apoderada legal de la CFE, quien los acusa del delito de privación ilegal de la libertad.
La Ucizoni puntualizó que el 17 de febrero se les confirmó que en la causa penal número 160/2014 del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, se evidenció que existen órdenes de aprehensión en contra de sus militantes. En tanto, Carlos Beas informó que se ampararon contra dichas órdenes de aprehensión y se les concedió la suspensión provisional.
La Ucizoni señaló que el 8 de julio del 2014 cientos de sus militantes realizaron un plantón frente a dos oficinas de la CFE, ubicadas en las estaciones de Sarabia y Matías Romero, con el fin de exigir la liberación de Enedina Vélez y Juan Carlos Flores, activistas de la organización presos en Puebla.
Asimismo, en dicha ocasión se manifestaron en contra de los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica por parte de la CFE y por la imposición de megaproyectos en el Istmo oaxaqueño, sin embrago la Ucizoni niega que se hayan cerrado las oficinas y, por lo tanto, se haya secuestrado a persona alguna, como se señala en la demanda.
La Ucizoni, se indica, ha denunciado desde hace 14 años “los abusos que comete la CFE en contra de las comunidades indígenas en el Istmo de Tehuantepec, que consisten principalmente en acciones racistas, discriminatorias, despojo de tierras, mal servicio, altas tarifas, cobros excesivos, así como daños en viviendas y al medio ambiente, por mencionar algunos”.
Las órdenes de aprehensión giradas en contra de Carlos Beas Torres y Teófilo García Sarabia, señala la Ucizoni, “son acciones represivas en contra de nuestra organización y tienen como objetivo frenar nuestra lucha y resistencia. Es una muestra de cómo la CFE criminaliza la protesta social”.
Este caso se suma a una lista de activistas sociales a los que se les ha girado órdenes de aprehensión o detenido de manera irregular, entre ellos el caso de Bettina Cruz, defensora indígena perteneciente a la Asamblea de los Pueblos Indígenas, detenida el 28 de febrero de 2012 e ingresada a un penal por protestar afuera de las oficinas de la CFE en Juchitán.
Fue liberada dos días después de su detención por no encontrarse elementos suficientes para acreditar el delito de privación ilegal de la libertad y contra el consumo de la riqueza nacional.
Finalmente, la Ucizoni condenó que estas acciones represivas se registren a lo largo y ancho del país en contra de quienes se oponen a los despojos y atropellos de la paraestatal, por lo que exigen el cese al hostigamiento y la persecución que impulsa la CFE.
