Rocío Flores
OAXACA, Oax. Diputadas y diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura local dejaron a un lado la obligación de legislar sobre los asuntos pendientes y urgentes para la sociedad en Oaxaca, y se fueron de vacaciones ayer al terminar su periodo de sesiones.
Temas como la reforma sobre los derechos de pueblos indígenas y la ley estatal de educación quedaron pendientes nuevamente, a pesar del exhorto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Gobierno del estado y al Congreso local para que se legisle en esa materia y se resuelva a más tardar en el mes de abril del 2016.
Cué se lava las manos
En tanto el gobernador Gabino Cué Monteagudo, sostuvo el pasado 28 de septiembre que esta tarea (armonizar en materia de educación) es responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo Estatal.
Cué Monteagudo señaló que “de manera responsablle presentó su propuesta el 14 de agosto del año pasado” al Congreso en la que -refiere- se contempla una ley con base a la reforma nacional.
El mandatario estatal señaló que tiene una relación constante y estrecha con las legisladoras y legisladores, no obstante es en ellos en quien recae esta responsabilidad.
Legisladores omisos ante problema del CCCO
Mientras que en el tema de la construcción del centro de convenciones en el cerro del Fortín, las legisladoras y los legisladores han sido omisos. A pesar de las constantes denuncias de la sociedad civil que se ha pronunciado en contra y han presentado argumentos de especialistas para que dicho complejo no se presenté ahí.
En su lucha por parar la construcción del Centro de Convenciones en inmediaciones del cerro del Fortín, defensores y activistas, pidieron el pasado 14 de septiembre a la presidenta de la Comisión de Turismo, Martha Alicia Escamilla León, que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorilla de San Martín Diego, para que explique y presente los documentos que avalan el proyecto.
Ni la comparecencia del titular de STyDE, ni la consulta ciudadana que fue propuesta por el gobernador Gabino Cué Monteagudo fue punto de acuerdo o discusión entre legisladoras y legisladores, a pesar de que la consulta ha sido cuestionada por activistas y especislutas que refieren se da en la ilegalidad.
De acuerdo por lo referido por el exconsejero presidente del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Isidoro Yescas, la consulta ciudadana que realizará el órgano electoral carece de validez al no existir como figura de participación, pues la figura no existe ni en la Constitución de Oaxaca ni en la Ley de Participación Ciudadana, lo que aplicaba era la solicitud de un plebiscito», explicó.
Sobre las atribuciones o responsabilidades para este tema refirió: “el artículo 17 de dicha Ley es muy preciso cuando señala que los únicos sujetos legitimados para solicitar un plebiscito «son las dos terceras partes del Congreso local, o el 20 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores utilizada en el último proceso electoral»
Hasta el día de ayer 30 de septiembre estos puntos ni por asomo fueron tomados en cuenta en ninguna sesión en el Congreso local, solo dos exhortos, que fueron callados:
El primero de la diputada, Lilia Mendoza Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación envió un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal, a que detenga las obras de construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) por las graves afectaciones al entorno natural del cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
El segundo, un punto en la sesión 39 del orden del día 28 de septiembre, en el que la diputada del PAN, Alejandra García Morlan, quien solicitó al titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, abstenerse de utilizar recursos públicos para difundir el proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) de cara a la consulta pública que se realizará este 4 de octubre.
Ambos puntos fueron callados por la mayoría quienes votaron en contra de la discusión, sin embargo antes de irse, integrantes del Congreso hicieron la tarea de “autocrítica” en la que abordaron la impuntualidad e inasistencia que les caracteriza y aprobaron un punto de acuerdo para sancionar a quienes se ausenten de las sesiones, además exhortaron al tesorero para que en caso de incumplimiento les descuente el 10 por ciento de la dieta correspondiente.