Rocío Flores
CIUDAD DE MÉXICO. El Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y la reforma al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, que tiene como objetivo regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible.
El dictamen plantea crear tres áreas económicas: en Tapachula, Chiapas, el Corredor Interoceánico, que abarca de Coatzacoalcos, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca y Lárazo Cárdenas que incluiría a Guerrero y Michoacán, de los estados del país con mayor rezago económico y social.
Una vez vigente la Ley se pondrían en marcha estos tres proyectos, previo a acuerdos entre la Federación y gobiernos estatales, así como a la autorización de los congresos locales y ayuntamientos donde se planean estas Zonas Económicas Especiales.
El dictamen fue aprobado con 11 votos a favor por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial; de Población y Desarrollo, y de Estudios Legislativos, con opinión de las comisiones de Asuntos Fronterizos Sur, Especial Sur-Sureste y Especial de Productividad.
Se prevé que el dictamen avalado sea aprobado esta semana por el pleno del Senado.
Las zonas económicas especiales son una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, según el ejecutivo tiene el propósito de reducir la pobreza, permitir en las regiones del país que tengan mayores rezagos en el desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.
De acuerdo a un comunicado del Senado de la república, dichas zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional, y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.
Las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como Administradores Integrales o Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva.
Dentro de las modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo, los senadores plantearon que los beneficios e incentivos que se otorguen deberán fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad del trabajo, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la zona y su área de influencia.
Asimismo incluyeron la disposición de que se fomentará el establecimiento de instituciones públicas y privadas de educación media y superior , centros de investigación y capacitación ara el trabajo, de acuerdo con la vocación productiva de la zona.
Entre otras, se prevé también que Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hagan consultas para garantizar y salvaguardar los derechos de los pueblos originarios.