Rocío Flores
OAXACA, Oax. A pesar de las iniciativas que buscan posicionar la política de igualdad como una política de Estado, la agenda en materia de género no ha sido una prioridad para el Poder Legislativo en Oaxaca.
De acuerdo a integrantes de organizaciones sociales, participantes de la mesa de análisis Avances en la agenda legislativa de las mujeres realizado este martes, desde 2004 en Oaxaca se han presentado iniciativas para garantizar la participación política y la aprobación de un presupuesto de egresos con perspectiva de género, entre otros temas.
Pese a ello, el avance ha sido “desafortunado” en la opinión de la activista Ana María Hernández, integrante de la organización Consorcio para el Diálogo en Oaxaca.
La agenda de género no ha sido tema prioritario para los integrantes del poder legislativo, abundó la defensora en este ejercicio concebido como un espacio de diálogo.
La ex diputada Martha Alicia Escamilla León, reconoció que la política no ha sido un área en la que las mujeres puedan participar de forma libre y activa.
Durante su participación recordó que en la Legislatura pasada presentó 28 iniciativas como la reforma constitucional para incluir la paridad de género como una acción afirmativa que garantice la participación política de la mujer, pero de éstas sólo se aprobaron 10.
Mientras que la ex legisladora e integrante de la Comisión de Género Zoila José Juan, observó como logros el reconocimiento al acoso y hostigamiento sexual como delitos distintos, la prohibición de la mediación en casos de violencia familiar, la inclusión de un capítulo especial de deudores alimentarios en el Código Penal y la tipificación de la violencia política contra las mujeres en el estado.
No obstante, las participantes destacaron que la principal tarea es superar los retos en lo que se refiere al ejercicio de los derechos sexuales, la participación de las mujeres en la política y en especial la de las mujeres indígenas.
Entre los temas pendientes para la LXIII Legislatura local que recién se instaló exponen la interrupción legal del embarazo; la educación sexual integral; el respeto a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes; así como el respeto a la opción sexual e identidad de género y la participación de las mujeres en comunidades indígenas.