Nuvia Mandarín
OAXACA, Oax. A mayor paridad, mayor violencia contra las mujeres; en Oaxaca hacer visible la violencia política representa el mayor riesgo, es una realidad cotidiana, no es exclusiva de un solo partido, sentenció Anabel López Sánchez, del colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres.
En conferencia de prensa, presidentas y síndicas electas, acompañadas de representantes de colectivos y organizaciones, denunciaron que hasta la fecha continúan las agresiones físicas y verbales en su contra, las campañas de difamación y desprestigio, el hostigamiento, los obstáculos e incluso las amenazas de muerte que han recibido para evitar que puedan ejercer los cargos para los que fueron electas en sus comunidades.
Asimismo exigieron a los gobiernos estatal y federal las acciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer los cargos y se respete su derecho a participar en la vida política del estado.
“Existen múltiples argumentos para denostar la exigencia del respeto de los derechos políticos de las mujeres, uno de ellos es que ninguno de los casos tiene una razón de género, que todo tiene que ver con conflictos internos de partidos. Se inventan trampas para limitar la participación de las mujeres en la política”, señaló López Sánchez.
En ese sentido, hicieron un llamado al Gobierno del estado y al mandatario Alejandro Murat Hinojosa, a poner los ojos claros sobre lo que hace Alejandro Avilés Álvarez, secretario general de Gobierno, a quien acusaron de retrasar las acreditaciones de las presidentas municipales electas.
Partidos y gobierno cómplices
El grupo de mujeres pidió a los partidos políticos no jugar con el tema de las cuotas, pues utilizan a las mujeres para cubrir requisitos legales sin embargo cuando llegan al cargo las quitan, simulando así su participación.
Yareli Cariño López, síndica municipal de Pinotepa Nacional por el PRD, a quien destituyeron de su cargo sin ningún argumento legal en la primera sesión de Cabildo y a quien además la Segego le negó la acreditación, señaló que hasta este día no ha recibido respuesta concreta por parte del gobierno sobre su situación.
Por su parte Samantha Caballero Melo, presidenta municipal de San Juan Bautista lo de Soto electa bajo las siglas del PRI, denunció que ha sido víctima constante de violencia por parte del síndico municipal, quien pretende que renuncie para que él pueda tomar su cargo. Dijo también que destituyeron a la tesorera sin su autorización ni previo aviso.
En su oportunidad Yesica Sánchez Maya, de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario, indicó que el Estado lejos de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, permite y justifica la violencia de sus agresores. “Situación preocupante pues el Estado está obligado a sancionar la violencia”.
En cinco casos, refirieron, hay procesos abiertos ante instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la FEPADE y los tribunales electorales federales para que sus derechos sean respetados.
Finalmente reiteraron su exigencia para que los gobiernos cumplan con la Ley y les garanticen la seguridad y condiciones para ejercer los cargos de representación para los que contendieron y fueron electas.