Los habitantes llevan 20 meses sin acceso al agua
Rocío Flores
OAXACA, Oax. San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe es un municipio de la Sierra Norte de Oaxaca al que se le ha negado el derecho al agua potable por casi dos años, según testimonios de sus habitantes, debido a que un grupo armado los despojó del acceso al manantial que históricamente les ha proveído de agua.
De acuerdo con el último conteo de población, el número de habitantes de ese Distrito Mixe es de 5 mil 602 habitantes; unos 3 mil viven en la cabecera municipal y se encuentran en estado de vulnerabilidad, principalmente las personas adultas mayores y la población infantil, así lo denunció la lingüista Yásnaya Elena Aguilar Gil, habitante de ese lugar.
El escenario de la población de Ayutla ya había sido denunciado por los habitantes. Pero la omisión de las autoridades derivó en hechos violentos, «grupos armados en complicidad con funcionarios del municipio aledaño de Tamazulapam Mixe atacaron el 5 de junio del 2017 a comuneros y comuneras de Ayutla Mixe», narró Aguilar Gil. En esa fecha mataron a una persona e hirieron a siete más con armas de fuego, incluido un policía estatal y una señora de la tercera de edad.
Esos mismos grupos, abundó, secuestraron a cinco mujeres de Ayutla Mixe y lograron un despojo territorial que incluye un manantial de abastecimiento de la población de San Pedro y San Pablo Ayutla, cortaron el suministro de agua potable y posteriormente destruyeron la infraestructura hidráulica de la comunidad, que conectaban al 70% de la población indígena mencionada con su servicio del agua potable.
La situación fue denunciada por la comunidad sin que los funcionarios estatales y federales hicieran algo. “Nada hicieron por evitarlo”, declararon.
La lingüista reiteró ayer esta versión en el Congreso federal, frente a legisladores dijo que a pesar de haber presentado las pruebas suficientes no se ha hecho justicia y su comunidad se encuentra al borde de una crisis por la violación del derecho humano al agua que por omisión no ha sido resuelta, tampoco se han consignado los delitos penales que se cometieron contra la comunidad.
En este contexto, se preguntan quién financia a los grupos violentos, para qué, qué intereses hay detrás de toda la agresión y por qué se niegan las autoridades estatales a recibirlos.
