Esta semana entró en vigor el nuevo Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Gobierno de México, herramienta que busca erradicar esas lacerantes conductas en la Administración Pública Federal (APF) y fomentar climas laborales libres de discriminación y violencia.
El Protocolo fue publicado por las secretarías de la Función Pública y de Gobernación, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero y entró en vigor este 17 de enero, establece procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales en las dependencias del Gobierno federal (https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583420&fecha=03/01/2020).
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros resaltó la relevancia del nuevo protocolo dijo que está basado en criterios nacionales e internacionales de derechos humanos y funciona como herramienta para resolver problemáticas que se venían perpetuando desde hace varias administraciones, y serán atendidas con efectividad por los Órganos Internos de Control (OIC), los cuales dependen de la Secretaría de la Función Pública.
“Ahora se les dota de rutas a seguir en la materia. “Desde la Función Pública hay cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexuales”, subrayó.
Por su parte, Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, destacó que la actualización del Protocolo fue posible gracias al trabajo coordinado con casi 60 dependencias y entidades de la APF, con el fin de evitar, desde la perspectiva de género, prejuicios y estereotipos que entorpezcan el proceso de atención a casos.
A través de la nueva herramienta normativa se garantizan los derechos humanos de las personas cuando sean víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en el desempeño de su empleo en el servicio público federal, o al acudir a solicitar un trámite o recibir un servicio en la APF.
Para ello, el protocolo instaura mecanismos para orientar y brindar acompañamiento especializado a quienes denuncian para evitar su revictimización y garantizar su acceso a la justicia. Asimismo, señala las instancias encargadas, en cada dependencia, de conocer, investigar o sancionar esas conductas de violencia sexual.