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Foto: Carmen Pacheco
“Aquí en Oaxaca tuve a mi hija y aquí la perdí. Alejandro Enrique Rivera López le quitó la vida, la apuñaló; mi niña cayó de espaldas en el estacionamiento de su edificio, estaba casi muerta, tirada en el piso y todavía la ahorcó”, narra Zoila Bengochea.
Es la madre de Dafne Carreño Bengochea, la joven de 20 años de edad asesinada en 2013 de siete puñaladas por su expareja.
Zoila es una de las víctimas colaterales de feminicidios en este estado, donde la violencia de género en su expresión más extrema ha ido en aumento.
En lo que va del periodo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, es decir, de diciembre de 2016 a la fecha, se han registrado 187 casos: 12 en diciembre de 2016, 117 en 2017 y 58 entre enero y junio de 2018, según datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario.
Las cifras del gobierno estatal son distintas: 52 casos en 2016, 59 en 2017 y 14 de enero al 23 de junio de 2018, así lo reporta la Fiscalía General de Justicia del Estado.
De acuerdo con la exfiscal de Atención a Delitos contra la Mujer, Edna Liliana Sánchez –la tercera en lo que va del sexenio–, la diferencia se explica porque durante la investigación que marca el protocolo algunos asesinatos de mujeres fueron descartados como feminicidios.
De todos modos, Oaxaca se ubicó entre los once estados con mayor número de casos de este delito en 2017. De enero a diciembre de ese año, Sinaloa reportó 82 casos, Veracruz 79, Oaxaca 58, el Estado de México 57, Nuevo León 43 y Ciudad de México 37, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Sobre las víctimas directas e indirectas y las políticas de atención, la responsable de la Secretaría de la Mujer, Ana Vásquez Colmenares, y el titular la Fiscalía del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, se negaron a dar información.
Mutiladas de por vida
Adriana, Natalia, Elvira, Evelia, Ana María, Margarita, Gema y Evangelina son algunas de las madres que perdieron a sus hijas por este delito; en la mayoría de los casos los agresores no han recibido sentencias.
Las mujeres coinciden en que la muerte de una hija tiene un impacto en la familia, pero el dolor más fuerte, y que se queda para siempre, es para la madre: “Nos dejan mutiladas de por vida”, suelta Zoila.
“No hay un nombre ni palabras para nombrar a una madre que pierde a su hija de esta manera. Hay un dolor permanente, el peor. Es una herida que se vuelve a abrir y no hay cura, ni medicinas para olvidar el dolor y a nuestras hijas”, agrega la madre de Dafne, sus ojos brillan como una laguna al tratar de contener las lágrimas.
Su voz se quiebra y su cara se desdibuja al recordar la ausencia. Se repone y comenta que también habla en nombre de otras madres que no pueden hacerlo porque viven en otras regiones, porque no saben o no tienen el dinero para pagar un abogado, traslados, gastos de comida y tampoco el tiempo que esto implica: “Se han quedado esperando justicia para sus hijas y la atención de las autoridades”, aclara.
Los protocolos de atención para feminicidios (el anterior y el vigente) señalan en el capítulo VI que las autoridades del estado están obligadas a dar la atención integral, psicológica, médica, jurídica y de servicio social para víctimas indirectas, gastos funerarios y la posibilidad de solicitar un apoyo económico al Fondo de Procuración de Justicia.
La realidad es distinta. La mujer originaria de Chetumal, Quintana Roo, relata que después de la muerte de Dafne tuvo taquicardias, depresión, colitis, gastritis. La Fiscalía sólo le otorgó ayuda psicológica unos días después del asesinato.
“Un día llegué a la Fiscalía, casi me hinqué frente a un abogado, le dije que estaba sola, sin dinero, pero debía seguir porque le prometí a mi hija justicia. Juntaron y me dieron ocho mil pesos. Pero no fue de parte del gobierno, no firmé ningún documento. Esa fue la ayuda que recibí cuando murió mi cachorrita”, expresa.
Víctimas colaterales
Muchas madres víctimas viven además con la responsabilidad de educar a sus nietos; las niñas o niños son las víctimas menos visibles de estos feminicidios. Sobre ellas las autoridades no hablan o hablan poco.
En el papel, la Ley de Atención a Víctimas, aprobada por el Congreso local el 7 de mayo de 2015, incluye un apartado para la protección de menores de edad víctimas colaterales de delitos, instruye la reparación del daño y emite políticas públicas que les garantice atención en distintas áreas.
“En concreto, no hay nada de eso”, apunta la abogada, activista y especialista en género Yesica Sánchez Maya.
El vicefiscal general de Atención a Víctimas, Fernando Coronado Franco, sostiene “que no hay dinero, no hay personal”. De esta vicefiscalía depende el acompañamiento a las víctimas colaterales, que incluye el pago de gastos funerarios, médicos, pasajes, contención para la madre y los niños.
Sánchez Maya señala que las niñas y niños huérfanos son parte de la responsabilidad del Estado y deben ser atendidos integralmente. Su custodia debe determinarse en el juzgado civil, pues muchos de los abusos sexuales en su contra pasan porque se quedan de manera “casi natural” con los abuelos y con los tíos, quienes muchas veces no tienen la capacidad económica para atenderlos de forma adecuada.
“Las figuras legales existen, pero no hay una buena actuación de la Fiscalía”, concluye la también integrante de Consorcio.
El número actual sobre menores de edad huérfanos por feminicidios fue solicitado a la Fiscalía en tres ocasiones distintas y se negaron a proporcionar la información.
En 2017, la entonces fiscal de Atención a Delitos contra la Mujer, Rosario Villalobos, reveló que de 2010 a 2016, durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, 530 menores de edad quedaron en la orfandad por 582 feminicidios.
Entre ellos están los nietos de Evangelina, la madre de Alma Delia, quien fue atacada con un tubo por su esposo Marciano en agosto de 2012. Dejó huérfanos a dos niños de cuatro y dos años de edad.
En esa fecha el feminicidio no estaba incluido en el Código Penal del estado. Los niños quedaron bajo la responsabilidad de sus abuelos y no pudieron ser beneficiados con algún apoyo gubernamental o una beca.
“Hemos salido adelante solos en estos seis años. Participamos en marchas, hicimos todo lo necesario, pero ya estamos cansadas», dice Alma Delia.
Resume rápidamente que después de las terapias que recibió a través del entonces Instituto de la Mujer Oaxaqueña trataron de hacer una vida normal, pero nada fue igual. Su esposo murió recientemente de depresión y ahora, con 65 años de edad y un cuadro de diabetes, lleva la responsabilidad de velar por sus dos nietos de 8 y 11 años de edad.
De los infantes huérfanos, de diciembre de 2016 a la fecha aún no hay reporte oficial. Según el último dato oficial, de la exfiscal Rosario Villalobos Rueda, unas 24 niñas y niños quedaron huérfanos en ese periodo.
La fiscal renunció oficialmente el primero de enero de 2018 ante la falta de recursos para operar la institución y lograr una atención efectiva a las mujeres. Algo similar ocurrió con la tercera titular de la dependencia, Edna Liliana Sánchez Cortés, quien dejó el puesto sólo cuatro meses después de asumirlo.
Distintas voces de la sociedad civil, periodistas, académicas y mujeres integrantes de diversos colectivos señalan que, respecto a esta problemática, no hay una posición sólida ni criterio efectivo de política pública. Tampoco se destinan presupuestos.
En junio de 2017, la Defensoría de Oaxaca solicitó la emisión de Alerta de Género y fue aceptada. La solicitud fue analizada por un grupo interdisciplinario, el cual consideró entre sus conclusiones que la Fiscalía no cuenta con la capacidad institucional para atender adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia de género.
Advierte que, aunque hay algunas excepciones, en general falta personal ministerial y pericial especializado; las políticas públicas en la entidad no muestran continuidad o lógica para lograr sus objetivos; falta un banco de datos sobre violencia contra las mujeres, y no se implementa el marco jurídico para atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, entre otras carencias.
También recomendó sancionar a aquellos servidores públicos que violen el marco jurídico de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De la misma manera sugirió eliminar el delito de abandono de hogar y revisar el tema del aborto en casos de peligro de vida de las mujeres, eliminar el delito de estupro y equipararlo a violación, entre otros aspectos.
La psicóloga especializada en equidad de género de la Defensoría, Itavico Cruz López, señala que la alerta de género es un mecanismo muy controvertido porque no es la panacea; no por decretarla va a resolver la problemática. Dice que el gobierno estatal y los municipales tienen que hacer su tarea.
El gobierno de Murat Hinojosa entregó su respuesta el martes 22 de mayo, en un documento de unas 100 páginas donde se proponen acciones para evitar la alerta de género y atender la violencia feminicida.
La académica de la Universidad Autónoma Oaxaca e integrante del grupo interdisciplinario, Érika Lili Díaz Cruz, considera que la respuesta del gobierno no ha sido efectiva. “Ha sido muy lenta, no ha entendido la urgencia de esta situación”.
Considera que el gobierno no entiende este fenómeno y sigue en una postura de relativizar. Adelantó que las estrategias planteadas no son para lo emergente; están dejándolo para 2019. “Tampoco es visible la continuidad para evitar que esta violencia feminicida se siga repitiendo”.
Para la especialista en temas de género, la propuesta de la Secretaría de la Mujer resulta interesante, en el sentido de reubicar las fuerzas y el presupuesto para el 2019, pero precisa que no se puede pasar el 2018 en la impunidad.
El dictamen final será entregado en el mes de julio, y con ello se determinará si se decreta o desecha la Alerta de Género para Oaxaca.
En tanto eso sucede, Zoila Bengochea retoma fuerza. Sabe que la batalla continúa. La sentencia de 78 años 4 meses dictada en octubre de 2017 para el asesino de su hija, la primera en la administración de Murat, fue apelada y teme un posible tráfico de influencias y corrupción.
Recuerda que el victimario es sobrino de Aurora Acevedo, exsecretaria de Transporte en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y actual encargada en Oaxaca por parte del PVEM de la campaña del candidato del PRI, José Antonio Meade.
“Le prometí a mi hija que su muerte no iba a formar parte de un expediente más”, dice al tiempo que voltea a una mesita colocada casi en medio de su departamento. En el mueble hay unas cinco fotografías de Dafne en las que destaca la luminosidad de sus ojos verdes en contraste con la semioscuridad y humedad de su casa. “Veo sus fotos y no puedo evitar llorar. No hay tiempo para que una madre se olvide. A veces me desespero, me subo a un camión y no me quiero bajar, quiero seguir, seguir, seguir…”. Es lo último que dice Zoila antes de soltar las lágrimas.
Publicado originalmente en Animal Político