Ocupar un espacio público es en sí mismo una transgresión al mandato de género cuya lógica supone que las mujeres tendríamos que permanecer en la sombra del mundo privado.
Volverse referencia, destacar, hacernos visibles, transgredir y «cuestionar el poder -que normalmente está ocupado por un hombre- no sólo quebranta, sino que ese poder masculino se siente retado en su más profundo sentido patriarcal (1)».
Si bien «la presencia de las mujeres en el periodismo es tan vieja como el periodismo mismo, sus historias y aportes han sido invisibilizados a lo largo de los siglos, y con ello se ha robado un linaje de las periodistas. Sólo las tragedias, han provocado -en algunas ocasiones- la ruptura del anonimato de alguna periodista»(2).
En el contexto de violencia en México, mujeres periodistas y comunicadoras han jugado un papel fundamental en la visibilización de actos de corrupción, en la construcción de espacios de reflexión, en la generación de opinión y denuncia pública.
Esa otra mirada ha permitido escuchar la voz de otras mujeres invisibilizadas: las madres que buscan a sus hijas/os, las maestras, las campesinas y cuidadoras del territorio que defienden el agua, el aire o la tierra de intereses empresariales, y muchas otras víctimas del sistema.
Develar hechos de corrupción, juegos de poder, complicidades, alianzas o cualquier otra información de interés público que involucre a funcionarios públicos, ha traído como consecuencia agresiones contra quienes se atreven a colocar dicha información en la palestra pública.
Si los cuestionamientos provienen de una mujer, la reacción de los poderes políticos y fácticos es aún peor. La argumentación y opinión de las mujeres genera un efecto distinto en quienes ven trastocada su «masculinidad, hombría y poderío».
Existe cero tolerancia y aceptación frente a quienes deciden romper el silencio. La respuesta inmediata, mediocre y rapaz de los agresores de comunicadoras y periodistas son ataques de todo tipo: montajes fotográficos, campañas de difamación de su trabajo y persona, calumnias que aluden a su vida personal, amenazas de violación sexual, amenazas de muerte, amenazas contra sus hijos e hijas, agresiones físicas, robo de material, desvalorización de su labor, allanamientos a sus hogares, invasión a sus espacios más íntimos o asesinatos, como fue el caso de la periodista Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo de este 2017.
Miroslava dio voz a los pueblos Wirrarika de Chihuahua ante la invasión de empresas en su territorio, de quienes buscan justicia por los feminicidios de sus hijas en Ciudad Juárez, quien visibilizó los impactos de la militarización; quien fue la voz extendida de las defensoras de derechos humanos en Chihuahua.
Las agresiones a las mujeres comunicadoras y periodistas conllevan componentes de género que además de buscar callarlas afectan su integridad física y su estabilidad emocional. No sólo se les allana sino que su ropa íntima es esculcada, rota o tirada sobre su cama; los mensajes o imágenes amenazadores en redes sociales contienen imágenes o expresiones misóginas con alusión sexual, es decir, buscan mermar no sólo su vida laboral sino personal y familiar coartando su libertad, violentando su seguridad, negando su derecho a la igualdad, y en el peor de los casos poniendo en riesgo su vida e integridad física.
Cuando las mujeres periodistas deciden hacer públicas estas agresiones, frecuentemente se enfrentan con otros tipos de violencia -incluso de sus propios compañeros- quienes minimizan el riesgo. Las reacciones de solidaridad son también diferenciadas; cuando asesinan a un periodista las muestras públicas de reconocimiento y valoración de su labor son casi masivas, mientras que cuando una mujer periodista es asesinada, se dice que ella se lo buscó, que era una puta o que cualquier otra cosa que demerite su labor y profesión.
Dado el contexto de nuestro país, las y los periodistas han normalizado la violencia, haciéndola parte de su vida cotidiana e incluso un componente dentro su labor.
Quienes se enfrentan con la denostación, amenazas u otras agresiones, reciben reacciones misóginas de todos los ámbitos: se cuestiona la veracidad de su dicho, se les tacha de histéricas, locas, exageradas o de intentar llamar la atención.
De 2002 Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha registrado hechos violentos contra mujeres periodistas vinculados a su labor profesional, entre ellos, casos de feminicidio, a decir de la organización y medio feminista, dichas agresiones buscan mermar su labor y silenciar sus voces, «minar su poder vital, que radica en la credibilidad profesional de su trabajo», con el fin de generar desconfianza en la sociedad hacia ellas y hacía sus investigaciones, sin embargo, «la ausencia de registros en las entidades restantes no significa que las mujeres periodistas no sean violentadas, es síntoma de que aún no existen las condiciones necesarias para denunciar, ni la confianza en las instituciones o se desconocen los mecanismos orientados a garantizar sus derechos».
Dado que en su mayoría los agresores de las periodistas ocupan algún cargo «político, de poder o son del crimen organizado», los casos no se esclarecen. La misma impunidad impide que las comunicadoras y periodistas no realicen las denuncias formales.
Por otra parte, el control de los hombres sobre los medios de comunicación, coloca en desventaja vital a las mujeres. Son muy pocas las periodistas que dirigen medios en México, por lo que, cuando las comunicadoras y periodistas alzan la voz, su permanencia dentro de los medios es tambaleante. Muchas veces son excluidas, discriminadas, explotadas, subordinadas o despedidas y difícilmente son contratadas en otros medios por «revoltosas» o «alborotadoras».
A pesar de ello, las mujeres periodistas han decidido hacer visibles las agresiones, haciendo a un lado los estigmas y poniendo el cuerpo en la calle como una de las únicas alternativas para blindar su propio cuerpo y labor.
Las periodistas se encuentran «muchas veces encorvadas, con la voz entrecortada, los ojos llorosos, la saliva que nomás no pasa y en plena tembladera por tener que hablar en público. Porque las mujeres no somos educadas para liderar y para comenzar a hacerlo tenemos que ir contra nosotras mismas»
Así lo reflexiona la reconocida periodista mexicana Marcela Turati, quien también ha referido que «ser periodista y defensora es un reto a la identidad propia».
Más allá de los impactos laborales, las agresiones y el contexto de riesgo en el que se ejerce el periodismo en México, generan particulares impactos en la vida de las mujeres. Algunas se ven forzadas a no convivir con su familia en espacios públicos, a no ir a dejar a los hijos/as a la escuela por el temor a las agresiones, afecta sus relaciones amorosas e incluso la decisión de tener hijas/os o no (al pensar que la maternidad podría ser «incompatible» e «irresponsable» por su profesión).
Si bien desde 2012 el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) recomendó «adoptar medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad», la realidad es otra, y el papel de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos hasta la fecha han sido insuficiente, lo que obstaculiza su acceso a la justicia.
Además de impactar en la calidad del periodismo, las agresiones contra comunicadoras y periodistas frena el proceso de construcción y desarrollo de la democracia. Obstaculizar las investigaciones de casos de corrupción o de temas «arriesgados» significa contribuir al impedimento de la garantía del derecho a la información de una sociedad entera. Eso obliga a que las respuestas hacia las agresiones a las y los periodistas sean acciones estructurales, no respuestas coyunturales o acciones operativas.
Es necesario decir que los ataques contra periodistas ha motivado encuentros y procesos organizativos para generar mecanismos de protección desde las propias mujeres comunicadoras y periodistas, «jóvenes en su mayoría, y opuestas y asqueadas a las tradicionales formas corruptas de organización del gremio tan entrepiernado con el poder»(3).
Sin embargo es intolerable que lejos de generar mayor preparación para la creación de mejores materiales informativos, las periodistas tengan que ocupar tiempo considerable para adiestrarse en conocer cómo se crean protocolos de seguridad, cómo blindar sus computadoras, crear refugios o casas de periodistas, etc. En un país donde se respete el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información eso no sería necesario, ni siquiera estaría en nuestro imaginario.
La labor periodística nos hace visibles, transgresoras, nos permite revelar las miradas ocultas y las voces silenciadas en un contexto incierto a nivel global. Entre la pasión y el compromiso, la visibilización de las violaciones a los derechos humanos forma parte de nuestras primeras líneas pero hemos llegado al deadline en el que como sociedad civil, comunicadoras y periodistas, como arquitectas del cambio, es irrenunciable denunciar y exigir el respeto a la libertad de expresión, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a esta manera de estar y transgredir en el mundo.
* Comunicóloga social y defensora de los derechos humanos, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
1 Informe “El Poder del cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, CIMAC, 2017.
2 Lucía Lagunes en Informe “El Poder del cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, CIMAC, 2017.
3 Marcela Turati en Informe “El Poder del cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, CIMAC, 2017.