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Foto: Carmen Pacheco
Paula es una mujer de 34 años de edad, activa. Vive en la ciudad de Oaxaca. Trabaja en Bienes y Raíces. La mayor parte del tiempo se le ve ocupada, entre citas con potenciales clientes, labores domésticas y el cuidado de sus tres hijos, de 13, 10 y 5 años de edad. Su actividad laboral le permite seguir la vida y dejar atrás la violencia que vivió con su esposo, quien la despojó de su casa y dejó de aportar para los gastos de sus hijos desde hace tres años, cuando decidió divorciarse.
Cuando Paula inició el juicio de divorcio, aún en curso, la juez resolvió que el padre debía contribuir con una pensión alimenticia provisional de 600 pesos mensuales por niño, en lo que investigaban su sueldo o ingresos. Pero no lo hizo, aunque sabe, porque es abogado, que es su obligación.
“Nunca ha pagado, porque se le invitó a que fuera al juzgado a depositar la pensión, pero hasta la fecha no lo hace. Dice que no le alcanza el dinero ni para él y que está seguro que yo haré todo para que mis hijos estén bien”.
Paula desistió porque ir al juzgado implica dejar su trabajo por nada. Luego, con el Covid todo se agravó. Decidió soltar el tema para evitar las ansiedades y complicaciones psicológicas que, dice, se tienen en estos procesos; trabajar más y conseguir lo necesario para sus hijos. Considera que la pensión alimenticia debería reflejarse como un acto de amor y responsabilidad de los padres hacia sus hijos, no debía ser una obligación judicial, pero sabe que su percepción dista de la realidad.
La abogada Alma Deysi Bautista Ramos, Maestra en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales, considera que en Oaxaca y en general en el país este derecho de las niñas y los niños a la pensión alimenticia no se ha hecho realidad por falta de una armonización legislativa, lo cual permite que los deudores alimentarios puedan tener diversas argucias para evadir su responsabilidad.
Explica que en lo que se lleva el proceso, los padres no pierden ningún beneficio. Si no aportan la pensión, no pasa absolutamente nada, hasta que la mujer decida demandar por incumplimiento o abandono de obligaciones alimentarias y al final esto representa una carga más para las mujeres. Ellas son las que tienen que estar promoviendo ante el juzgado. No hay un órgano que se encargue de estar verificando que tanto está cumpliendo el deudor con la resolución.
Ese es el caso de Dulce de 30 años de edad. Desde que su hija tenía dos años de edad su padre dejó de asumir la responsabilidad.
Después de un suspiro, la memoria de Dulce se vuelca al pasado. Cuenta que en un primer momento, cuando se separó tenía 20 años de edad y su hija dos; acudió al DIF para solicitar apoyo jurídico. Luego fue a un Juzgado para iniciar un juicio por la manutención, pero todo se fue alargando. Ella tenía que estudiar. Sus padres la apoyaron con el cuidado y la alimentación de la niña por unos meses, mientras que con becas y vendiendo baguettes logró terminar la Universidad.
Cuando su hija cursaba el cuarto año de primaria, él la buscó y comenzó a darle dinero otra vez, pero siempre de manera irregular, “lo que quería y cuando quería, había que estar presionando”, dice Dulce. Cuenta que cuando por fin logró que un juez resolviera la manutención, su exesposo contrató un abogado y apeló. “Pero yo no tuve dinero, primero tenía que resolver las necesidades de mi hija. Siento que la autoridad en vez de mediar para resolver, pone trabas y más cuando no tienes la economía suficiente. Simplemente el sistema no ayuda.
Diez años después de haber iniciado su juicio sigue sin tener respuesta del juzgado. El argumento del padre, según explica, es que no le da la pensión porque se la va a gastar, o se irá de fiesta y a gastarse su dinero.
“De las autoridades que te puedo decir, ya tengo tres expedientes en el juzgado, el 186/2012, el 317/2011 y el último el 111/2020 donde él da una falsa declaración y prácticamente me acusa de maltrato. Niega todo, incluso rechaza que yo tenga la guarda y custodia de la niña y niega que firmamos un convenio de divorcio voluntario”
Tik tokrizando derechos
Este es el escenario que viven cientos en Oaxaca y en el país, dice la abogada Alma Deysi Bautista Ramos, también profesora universitaria, quien durante la pandemia abrió una cuenta de Tik Tok para promover un movimiento al que llamó Tik tokrizando derechos, para dar a conocer los derechos de las mujeres, no solo en el tema de las pensiones, también el de distintas violencias que viven, además para dar asesorías gratuitas, una vez terminada su jornada laboral.
Recientemente se atrevió a exhibir la respuesta de un deudor con una parodia “graciosa”. El mismo día en que subió el clip, es decir, en menos de 24 horas, más de 2 mil mujeres seguían su cuenta y dejaban mensajes del tipo de : “Sí soy”, “a mí me contestó lo mismo”, “a mí me inventó cosas”, “a mí también me la aplicaron”, “así me pasó”, “siempre contestan lo mismo”, “pensé que era la única”.
La abogada relata que le mandaron miles de solicitudes. Diariamente la cuenta va subiendo. de 13 mil 600 subió a 16 mil seguidores en los últimos días, un 90 por ciento son mujeres de diversos estados del país, de Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y también le escriben desde Estados Unidos mujeres mexicanas migrantes.
Alma Deysi atribuye el “éxito”, primero, al hecho de que las mujeres se sintieron identificadas, y luego al ver que está respondiendo preguntas, tuvieron la confianza de pedirle orientación para poder tomar una decisión respecto al incumplimiento de los padres para con sus hijas o hijos, o situaciones de violencia y amenazas. Destaca que dos se acercaron para pedir apoyo ante posibles casos de tentativa de feminicidio.
A pesar de sus dudas para usar esa aplicación, en la cual, según la Agencia Coktail de marketing digital, coinciden aproximadamente 19.7 millones de personas usuarias en México y de las cuales 55% mujeres, con el tiempo se dio cuenta que si es posible utilizar el tik tok para colocar temas de interés social.
Del Tik Tok al tendedero
A raíz de su publicación muchas mujeres se animaron a hablar, además se fueron sumando otras colectivas como Las Constituyentes MX, la cual convocó a través de una de sus integrantes, Diana Luz Vázquez, a instalar el 12 de julio a las 5 de la tarde un “tendedero” de denuncias sobre papás deudores o morosos alimentarios en Oaxaca.
Esta propuesta también tuvo una respuesta rápida, madres independientes manifestaron su intención de participar para exhibir la irresponsabilidad de quienes no han cumplido con lo que establece la ley.
Para el caso de Oaxaca el incumplimiento a pagar pensión alimenticia es un delito. En 2016 la penalidad era de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días de salarios de multa. En 2018 se ordenó la creación de un registro o padrón de deudores alimentarios. Luego, en 2020 con las reformas al artículo 413 del Código Penal se incrementó la prisión de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 200 a 600 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización (UMA).
Sin embargo, desde 2018 que se ordenó la creación hasta la fecha el Padrón no es público y sólo tiene registrados a nueve padres deudores, de acuerdo con la directora del Registro Civil, Rosa Nidia Villalobos González. Además estar inscrito en él no tiene ningún efecto, es decir no representa consecuencias como las que genera el ser boletinado en el buró de crédito, mediante el cual se limita el acceso a préstamos bancarios, hipotecarios, obtención de tarjetas bancarias o incluso para obtener trabajos relacionados con el manejo de recursos económicos.
Por el contrario, coinciden la abogada Alma Deysi y Diana Luz del colectivo Las ConstituyentesMX, existen muchos vacíos en su operación que tienen que ser atendidos. La primera considera que es un tema social y político que necesita ser reforzado desde todos los ámbitos del Derecho, no sólo en materia civil. Por ejemplo con fiscalización pues hay deudores que tienen negocios y hacen argucias para no declarar sus ingresos; o las instituciones colaboran en este tipo de cuestiones registrando a sus trabajadores con un sueldo menor.
“Y no es precisamente para cubrirlos, es probable que sean temas fiscales, a veces es por un tema de prestigio, amistad o compadrazgo, pueden ser diversos motivos, pero la consecuencia de todo eso es que permiten que este tipo de prácticas se sigan reproduciendo”.
La propuesta, abunda, podría ser que se armonice legislativamente desde todos los aspectos. Por ejemplo, si alguien es deudor alimentario que no pueda contraer matrimonio y ya que pueden seguir reproduciendo la misma práctica. O bien, restricciones en las licencias o pasaportes para quienes salen al extranjero, van y vienen sin preocupación y deberían tener ciertas restricciones para que los orillen a pagar.
Hasta ahora lo que podría considerarse un avance, es que quienes son deudores de pensión alimenticia, o condenados por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser candidatos a un puesto de elección popular.
Pero la abogada considera que si se toma en cuenta que en Oaxaca el padrón no es público y que es nuevamente la mujer quien tiene que solicitar una constancia del deudor, la carga activa sigue siendo para las mujeres, para que estén incentivando a los aparatos gubernamentales que deben trabajar por sus derechos. Tal vez, dice, debieran involucrarse los órganos de transparencia para la rendición de cuentas, para transparentar este padrón porque resulta increíble que solo nos reporten nueve, con tantas madres independientes que se hacen cargo de sus hijas o hijos en el estado.
Además de Oaxaca, el tema de un padrón de deudores es una discusión abordada ya en algunos Congresos, como en Nuevo León, sin embargo hasta la fecha solo otras tres entidades tienen el Padrón de deudores: Ciudad de México, Chiapas y Coahuila.
“Lo que estamos buscando es la creación de un padrón nacional, pero sería importante que los congresos pudieran avanzar en legislar en el ámbito local”, comenta Diana Luz Vázquez, de la colectiva Las Constituyentes MX, que junto con otras colectivas como Amor No es Violencia y Mujeres Abriendo Caminos llevaron el tema ante la Comisión de Administración en Impartición de Justicia del Congreso de Oaxaca, presidida por la diputada del Partido Morena, Elisa Zepeda Lagunes, con la idea de que sea una propuesta legislativa que haga efectivo el Registro de Deudores Alimentarios morosos para lograr el cumplimiento del derecho humano de la niñez a recibir alimentos.
A propósito del tema, Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció el pasado 20 de junio que preparan un proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios.
Diana Luz Vázquez destaca que el incumplimiento de la pensión alimenticia es sólo una parte de la problemática, pues en muchos estos largos procesos para algunas mujeres inicia con la falta de reconocimiento de la paternidad, que a su vez se enfrenta con la falta de gratuidad de las pruebas de ADN y el elevado costo para realizarlas de manera particular.
Alma Deysi, como especialista en Derechos Humanos, asegura que se está incumpliendo con las mujeres, las niñas y los niños, sobre todo por la falta de revisión de las sentencias judiciales. Y aunque reconoce que, por su papel en el servicio público no puede hacer más desde la parte institucional, en lo personal decidió seguir apoyando una vez terminada su jornada laboral, también admite que, a pesar de que al inicio le daba cierta pena publicar en tik tok y que otras mujeres supieran su situación, ahora incluso se siente orgullosa, no por vivir esa circunstancia, sino porque sabe que aportó algo para que las mujeres ya no guarden silencio.
“Se que con esto se está rompiendo el patrón de muchas de las mujeres de mi familia, mi abuela incluso me decía “ ni le pidas nada, tú puedes”. Se que conmigo se acabó esa generación de abnegación y sumisión. Además doy clases en dos universidades y muchas de mis alumnas me empezaron a escribir mostrando su reconocimiento y es como decirle a las juventudes que no solamente puedes utilizar el tik tok de una manera trivial, también se puede politizar las redes sociales”.