Jorge Pech Casanova
El mal ejemplo de las policías de Yucatán y de Quintana Roo (cuyos elementos mataron en Mérida al joven José Eduardo Ravelo Echevarría, y en Tulum a la migrante Victoria Esperanza Salazar) debe servir para que los integrantes de las fuerzas policiacas realicen detenciones de personas en falta bajo estándares de derechos humanos, a fin de evitar resultados trágicos.
Estos casos también exponen las consecuencias de que la autoridad busque ocultar sus malos procedimientos en vez de corregirlos y garantizar una vida digna, libre de violencia, a ciudadanas y ciudadanos. En Yucatán, estado que presume ser el más seguro de México, los detenidos por faltas administrativas (es decir, por actos que no constituyen delitos) pueden acabar muertos a causa de tortura, malos tratos y hasta abusos sexuales.
Al gobernador y a los alcaldes yucatecos, diferentes instancias nacionales e internacionales les han repetido que deben impedir que sus elementos policíacos cometan torturas y homicidios. Pero estos mandatarios, envalentonados porque su partido es la primera fuerza política estatal, se niegan a admitir responsabilidades, insisten en el falso argumento de “casos aislados” y mantienen sus corporaciones policiales en una condición que favorece el desarrollo de un Estado criminal, como el que identificó el filósofo Karl Jaspers en el régimen nacionalsocialista, el cual llevó a Alemania al desastre humanitario entre 1933 y 1945.
Un gobierno que permite a sus policías torturar y asesinar a ciudadanos bajo arresto, reproduce conductas que condujeron al holocausto antisemita y a la infame purga soviética “antifascista” durante la segunda guerra mundial. En esos tiempos, millones de personas, arrestadas sin haber cometido delitos, fueron enviadas a campos de concentración, torturadas y maltratadas no pocas veces hasta la muerte.
Esos terribles ejemplos debieran enseñarnos a garantizar la no repetición de abusos de autoridades policiales y militares; pero en Iberoamérica, y en México, vemos año con año reiterarse la cultura del abuso autoritario, cuando no la confabulación del Estado con organizaciones criminales para asesinar a grupos de personas, como en el caso Ayotzinapa, en Guerrero, el caso Aguililla, en Michoacán, o el caso Nochixtlán, en Oaxaca.
El cambio de régimen dio esperanzas a la población de que se frenaría esta clase de abusos. Sin embargo, las evidencias muestran que donde los mandatarios creen ser dueños de sus entidades federativas o demarcaciones municipales, el abuso de autoridad fácilmente conduce al crimen de Estado.
El cambio de rumbo no lo darán autoridades que se preocupan más por sus partidos políticos que por las personas que los eligieron para gobernar. El cambio para cesar los crímenes cometidos por policías y servidores públicos sólo puede provenir de la exigencia ciudadana de transparencia y justicia, como lo hizo la sociedad yucateca al demandar, junto con la señora Dora Echevarría, el esclarecimiento del caso José Eduardo.