A Gustavo Díaz Sánchez, político oaxaqueño, lo llaman “El Gato”. Comenzó a figurar desde 2005 en los registros de la política local al ocupar la presidencia municipal de su nativa Cosolapa, ciudad donde ha hecho “carrera” en puestos públicos . En 2010 volvió a ocupar la presidencia municipal de Cosolapa. De ahí saltó en 2013 a una diputación por su partido, el Revolucionario Institucional. Se reeligió como diputado en 2016 y se preparaba para volver a instalarse en la Cámara de Diputados de Oaxaca en este año cuando el 4 de noviembre de 2021 fue arrestado por la policía de Veracruz.
El diario El Universal informó entonces que el ahora detenido, de acuerdo con sus acompañantes, “ingresó a las instalaciones de la Delegación de Fuerza Civil en Fortín de Las Flores para pedir información sobre el paradero de su hijo, poco después de las 5 de la tarde, pero ya no se le permitió salir”. ()
“El motivo de nuestra visita en las instalaciones fue preguntar por el hijo del diputado, por José Alberto Díaz López. El diputado entró a las oficinas a preguntar y es la hora que no sabemos nada de ellos”, expuso a El Universal una persona que se dijo empleado del ayuntamiento de Cosolapa, Lázaro Cruz Bustamante.
Lo que el acompañante no declaró fue que el entonces diputado reelecto acudió armado a esas instalaciones a exigir la liberación de su hijo José Alberto, detenido horas antes por participar en una balacera. Tampoco dijo el informante que la policía detuvo a Díaz Sánchez porque “disparó contra las instalaciones de la Delegación de la Policía Estatal en Fortín de las Flores, cuando pretendía liberar a su hijo, José Alberto ‘N’ alias ‘Pelón’”.
Ahora, tanto el ex diputado como su hijo están recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, “por presunta portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de estupefacientes y ultrajes a la autoridad”.
La nota de La Jornada que dio a conocer la reclusión del ex diputado, también señaló que “‘El Gato’ y su hijo Gustavo Abigaíl N, alias ‘El Pino’, fueron identificados y son investigados por autoridades federales y estatales como responsables de la violencia generada en la zona limítrofe Oaxaca-Veracruz, pues encabezaron operaciones de una célula delictiva identificada con el cártel JaliscoNueva Generación. Además, se les responsabiliza de cometer asaltos a transporte de carga, homicidios, secuestros, extorsión y narcomenudeo en los municipios veracruzanos de Omealca y Tezonapa, y Cosolopa, de Oaxaca”.
El escándalo por la detención de “El Gato” Díaz y su hijo no termina ahí. El 7 de noviembre, luego de asistir a la audiencia judicial en la sala de juicios orales del penal de Pacho Viejo, Coatepec, donde se le dictó prisión preventiva al ex diputado, Víctor Alfonso y José Ramón “N”, abogados de Díaz Sánchez, fueron arrestados y encarcelados por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de estupefacientes y ultrajes a la autoridad.
Los medios informativos relataron que el 7 de noviembre hubo reportes de una persona armada dentro de un vehículo Chrysler, justo cuando los abogados transitaban en un automotor de esa marca por la comunidad de La Laguna, en el municipio de Coatepec. Una patrulla policíaca les marcó el alto para revisión. En vez de frenar, los litigantes dispararon contra los oficiales y trataron de escapar. Al darles alcance los policías y detenerlos, el abogado Víctor Alfonso agredió con navaja a un agente. Los uniformados, además de hacer constar los ataques que recibieron, informaron haber confiscado a los detenidos 40 bolsitas de marihuana, otras 36 bolsitas con droga cristal, una navaja, un arma de fuego corta, tres casquillos percutidos y el vehículo en el que huían.
Por fin, el sábado 13 de noviembre, el juez adscrito al penal de Pacho Viejo vinculó a proceso penal a “El Gato”, dictándole un año de prisión preventiva en lo que dura el cierre de la investigación. Por ello, ese mismo sábado la LXV Legislatura comenzó sus funciones sin la presencia del priista, cuyo suplente, por cierto, falleció a causa de la pandemia. Así, la representación del distrito electoral estatal quedó vacante.
Para empeorar la situación, la Fiscalía General Estado de Oaxaca envió al ahora detenido en el penal federal 17 de Michoacán, dos órdenes de aprehensión por presuntos delitos de homicidio. La información publicada por el portal Página 3 y por la agencia Proceso indica que el detenido recibió notificación de las nuevas órdenes de aprehensión desde el 16 de noviembre, si bien la noticia se dio a conocer hasta el 19 de noviembre. ()
Insólitamente, el 23 de noviembre Díaz Sánchez hizo desde la celda en que está encerrado una solicitud preocupante: “apeló a sus derechos humanos, político electorales, así como al principio del Derecho Procesal Penal de presunción de inocencia y argumentó que de acuerdo al marco normativo nacional y tres casos específicos resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de no haber sentencia condenatoria, subsisten las prerrogativas electorales y derechos ciudadanos. Por ello, dice en su carta dirigida a Mariana Benítez Tiburcio, presidenta de la Mesa Directiva: ‘me presento ante esta honorable legislatura para efecto de que se me tome protesta al cargo como diputado del que fui electo democráticamente, por las vías electrónicas de video comunicación existentes, en especial por video conferencia en la plataforma digital Zoom, por ser el método idóneo acordado previamente por la legislatura para tales efectos’”.
De ser aceptada la solicitud de este procesado, sería el primer caso en la historia mexicana en que un reo ejerce como legislador. Ni siquiera el tristemente célebre narcotraficante y terrorista Pablo Escobar Gaviria, en Colombia, logró semejante concesión, aunque fue electo como senador suplente, hasta que en 1983 el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla lo señaló por invertir dinero de dudosa procedencia en sus acciones políticas y en sus equipos de fútbol, y lo acusó públicamente de ser uno de los fundadores del grupo paramilitar MAS.
Sobre advertencia, no hay engaño
Parece increíble que tantos personajes de la política y el ámbito legal estén ahora encarcelados por la detención inicial de una persona, el hijo de Díaz Sánchez, y acusados todos de delitos mayores. Pero no asombra en el caso de “El Gato” y sus relaciones. Desde diciembre de 2018, el sitio informativo electrónico La Silla Rota había señalado el cuestionable historial de Gustavo Díaz Sánchez: “indagatorias federales realizadas hace tres años [2015] apuntaban a Díaz Sánchez, durante su mandato como presidente municipal de Cosolapa, de estar relacionado con el Cártel de Golfo y de controlar el mercado negro de gasolina, así como del cobro de derecho de piso a cañeros de la región”.
La nota informativa de La Silla Rota añadía: “en el año 2015, en el mes de noviembre, en Cosolapa al menos ocho personas fueron ejecutadas, las cuales presentaban signos de tortura y en el lugar dejaron narco mensajes en los que señalaban a Díaz”. Por si fuera poco, seguía la nota, “en mayo de 2016 un grupo armado, supuestamente ligado a Díaz Sánchez, ‘El Gato’, atacó la sede del Ayuntamiento e hirió a balazos al comandante de la Policía local”.
En un tuit emitido el 28 de noviembre de 2018, el periodista Juan Pérez Audelo advertía: “En efecto: la presidencia de la Comisión de Seguridad de la LXIV Legislatura, en manos del diputado Gustavo Díaz Sánchez, también ex edil de Cosolapa, es como poner ‘la Iglesia en manos de Lutero’”.
Sin embargo, “El Gato” ocupó su curul, cobró sus dietas y consumó su segunda reelección como legislador para el período 2021-2023. De seguir así, hubiese quizá ganado también la cámara de diputados federales o inclusive la de senadores. Su régimen de violencia habría continuado sin mayor alteración en la zona de Cosolapa y de varios municipios de la región Cuenca, entre ellos Tuxtepec, Acatlán de Pérez Figueroa, Loma Bonita y otros, donde la presencia de grupos delictivos aumentó desde 2015, de acuerdo con el señalamiento de La Silla Rota.
¿Qué pasará ahora con el sitial de la Cámara de Diputados que deja vacante el detenido? El Reglamento Interior del Congreso local indica lo conducente con respecto al plazo que tiene un diputado electo para hacer válida su instalación en la cámara legislativa. El artículo 7 de dicho Reglamento establece que “el día 13 de noviembre del año del que se trate, a las nueve horas, presentes en el Recinto Legislativo, la Comisión Instaladora y los Diputados Electos acreditados, procederán a instalar formalmente la nueva Legislatura, en los términos señalados en este Reglamento”.
El artículo 8 del mismo Reglamento señala: “una vez electo en el acto de instalación el Presidente e integrantes de la Mesa Directiva, compelerán los Diputados ausentes propietarios y suplentes a que concurran dentro del plazo de diez días hábiles, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, se entenderá que no aceptan el cargo; y si tampoco asistieren los suplentes, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.
Los diputados ausentes que al ser requeridos por el presidente de la Mesa Directiva el día designado legalmente para la sesión de instalación, en términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, podrán justificar su inasistencia mediante escrito debidamente fundado y motivado dirigido al Presidente de la Mesa Directiva, en el cual manifiesten la causa o razón de su incomparecencia y podrán ser admitidos siempre que comprueben, a juicio de la Legislatura, el motivo que originó su demora”. Así que si Díaz Sánchez sale de la cárcel antes del 26 de noviembre y presenta un escrito en que justifique su inasistencia a la instalación del Congreso, quizá logre ser admitido como legislador. Lo cual beneficiaría mucho al individuo, pero muy probablemente perjudicaría mucho más a la sociedad oaxaqueña.
¿Por qué un individuo con malos antecedentes, como “El Gato”, llegó a ser legislador estatal? Es decir, ¿cómo ingresó un presunto delincuente al cuerpo colegiado que formula las leyes en Oaxaca? ¿Por qué no cesa, sino al parecer aumenta, el ingreso de personas ligadas al crimen organizado en los cargos de elección popular? En parte, se debe a la inercia de los procesos electorales, en los que la población sigue eligiendo a los candidatos que más dádivas ofrecen o que, de plano, tienen a un ejército privado a sus órdenes para intimidar a los votantes.
En parte, la criminalización del poder legislativo en los estados se debe a las alianzas perversas que partidos como el PRI han fomentado para conservar el poder que van perdiendo a consecuencia de sus incontables abusos. Desde luego, el PRI no es el único que se relaciona con criminales. Baste recordar el caso de la familia Abarca Pineda y el PRD en Iguala, Guerrero. El presidente municipal José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa (hermana de cuatro presuntos narcotraficantes) se vieron ligados a la violenta desaparición de 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. A la fecha, no se define con seguridad si participaron o no en el secuestro y probable asesinato de los 43 jóvenes, aunque la pareja permanece en prisión.
Sobre todo, la inserción de delincuentes en los poderes legislativos de los estados obedece a la lógica de impunidad que los partidos políticos sostienen hacia sus miembros favorecidos con cargos de representación popular. Así, han convertido el fuero legislativo en una especie de patente de corso para cometer tropelías sin recibir castigo, valiéndose de su alta representación. Es tiempo de corregir ese mal empleo de la función representativa.
En defensa de lo indefendible
Cuando “El Gato” Díaz Sánchez fue ingresado por orden judicial al penal de Pacho Viejo, el presidente del PRI oaxaqueño, Eviel Pérez Magaña, en vez de solicitar una investigación a fondo sobre la presunta conducta delictiva de su copartidario, manifestó el 8 de noviembre al medio electrónico ADNSureste: “estamos apoyando para que en el marco de la ley se le ofrezca a Díaz Sánchez las garantías en el tema jurídico que tiene en el estado de Veracruz. Estamos solicitando que se le trate de manera correcta, como ciudadano y como legislador de acuerdo a lo que marcan las leyes”.
Algunos días antes de la declaración del priista Pérez Magaña, el 5 de noviembre, la LXIV Legislatura de Oaxaca se apresuró a emitir un comunicado en el que aseguraba: “El día Jueves 4 de noviembre aproximadamente a las 4 de la tarde, el Diputado Gustavo Díaz Sánchez, se trasladó a la delegación de la fuerza civil de Fortín, Estado de Veracruz, para preguntar sobre la detención ilegal y arbitraria de su hijo José Alberto Díaz López realizada en los límites de Oaxaca y Veracruz, por lo que ingresó a dichas instalaciones, lugar en que lo retuvieron de manera ilegal, desconociéndose el motivo de la detención”. Y enseguida conminaba el Congreso estatal oaxaqueño: “Exigimos la liberación inmediata del Diputado Gustavo Díaz Sánchez, el respeto a sus derechos Humanos y al debido proceso, y a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Soberanía del Estado de Oaxaca”.
La misma nota en que apareció la conminación del Congreso oaxaqueño incluyó un comunicado a medios del diputado Arsenio Mejía García, presidente de la mesa directiva del mismo Congreso estatal, quien exigió: “la aclaración de esta abrupta detención así como la liberación inmediata del afectado, pedimos un solución. No podemos permitir que se vulnere la Soberanía de nuestro Estado y de un miembro de esta Cámara de Diputados”.
Ese esfuerzo de los priistas y del Congreso entero por “defender los derechos humanos” de un hombre acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de estupefacientes y ultrajes a la autoridad, está lejos de ser la conducta que los partidos como el PRI y sus miembros han asumido en casos muy graves de violaciones a derechos humanos.
De esto da lamentable ejemplo el silencio de la LXIV Legislatura de cara a la prolongada inacción de la autoridad frente a la agresión con ácido que sufrió María Elena Ríos Ortiz, ordenada según testimonios por el priista y ex diputado Juan Vera Carrizal. Aunque el ataque a la joven ocurrió el 9 de septiembre de 2019, fue hasta el 3 de marzo de 2020 que la diputada morenista local Martha Patricia Ramírez Lucero emitió una “Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno, la SSP y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a brindar protección y atención médico-psicológica a la sobreviviente de intento de feminicidio con ácido María Elena Ríos Ortiz y sus familiares; y a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, a solicitar a la Interpol la emisión dela ficha roja respecto a Juan Vera Carrizal, probable autor del delito”. Desde luego, los priistas no secundaron la moción surgida de Morena, sino hasta que el escándalo por la agresión y la falta de justicia que sufrió la intérprete musical se volvieron noticia internacional.
En el caso de “El Gato”, que abusando de su posición se trasladó a otro estado para intentar violar la ley por medios violentos, el PRI y todos los partidos debieran preocuparse más por limpiar el nombre mancillado de la legislatura estatal actual y la que viene. Desde 2018 los legisladores estatales fueron advertidos por periodistas sobre los riegos de incluir a un individuo como Sánchez Díaz en el poder legislativo.
Más aún, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, expuso el 5 de noviembre las sospechas que surgieron cuando, tras ser detenido “El Gato” y su hijo, “empezaran algunas personas, entre malandros y gente, a bloquear casetas, sobre todo en Oaxaca, la entrada a Tuxtepec, en Tezonapa, en Omealca, incendiaran algunos vehículos”.
Desde el 8 de noviembre, informó el portal electrónico Político MX, “la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz difundió una imagen de Gustavo Díaz en la que pide a la ciudadanía denunciarlo si lo reconocen como probable autor de algún delito”. Pero en Oaxaca, los diputados locales exigían la liberación del acusado. No se les ocurrió a los representantes del pueblo, por ejemplo, preguntar a la Fiscalía estatal si las solicitudes de su homóloga veracruzana tenían fundamento. Al cabo, la Fiscalía oaxaqueña emitió las correspondientes órdenes de aprehensión, por delitos aún más graves que los reclamados en Veracruz.
Ahora que un juez —un integrante del Poder Judicial— refrendó las acusaciones de las autoridades contra “El Gato” y su descendencia delictiva, así como la de sus defensores oficiosos, es momento de que los legisladores, especialmente los del PRI, pidan disculpas a la comunidad, se ocupen de sanear la residencia colectiva que el pueblo les confía —el Congreso del Estado— y garanticen que no se repetirán casos como el de este incierto diputado con apodo felino, quien deshonra con su violencia a dos legislaturas, la saliente y la entrante, por no hablar de su partido político y del estado de Oaxaca.