El Frente No a la Minería denunció que en las últimas dos semanas la empresa minera Cuzcatlán ofrece viviendas en las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos con la intención de lograr el consentimiento de los habitantes para poder expandirse en esos territorios.
En un comunicado, las autoridades agrarias de 14 comunidades de los Valles Centrales que integran este Frente, expusieron que la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silvers, está desacatando la decisión de las asambleas, la máxima autoridad en las comunidades de usos y costumbres, de prohibir en sus territorios la minería y con ello violentando sus derecho a la libre determinación y a la paz comunitaria.
“Pretenden expandirse en nuestros territorios sin nuestro consentimiento, intentan dividir la unidad que nos costó reconstruir por una década”.
Explicaron que en los últimos diez años han luchado para fortalecer el tejido social debilitado por la presencia de compañía minera Cuzcatlán y obtener la cancelación de esta industria en sus territorios, a través de las vías institucionales como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Pese a ello, denunciaron, las autoridades federales otorgaron en diciembre de 2021 un nuevo permiso por 10 años más a la minera para seguir con la explotación de oro y plata en los Valles Centrales de Oaxaca. El activista Neftalí Reyes, de la organización Educa, precisó que este permiso se dio en pleno proceso de diálogo con la Semarnat, a la cual ya habían entregado sus declaratorias de territorios prohibidos para la minería.
“Notificamos a la compañía minera y a las autoridades que no cuentan con el consentimiento para operar en nuestros territorios, estas acciones (de ofrecer viviendas) constituyen un delito grave contra las decisiones tomadas en nuestras asambleas”, destacaron las autoridades.
Los acuerdos tomados en las asambleas quedan asentadas en sus respectivas actas y son jurídicamente vinculantes, con la vía municipal y agraria, es decir obliga al cumplimiento, por eso, para las autoridades agrarias la llegada de trabajadores de la empresa minera representa una clara violación a sus sistemas normativos internos.
En ese contexto, el Frente No a la Minería anunció que queda estrictamente prohibida la entrada a las comunidades a personas que promuevan los beneficios del proyecto minero y que, de hacerlo serán consignadas ante las autoridades locales y se le impondrán las sanciones que las asambleas de cada comunidad acuerden.
Advierte que, si el personal de la minera Cuzcatlán siga entrando sin el permiso de las comunidades, tomarán las medidas necesarias para poner un alto enérgico a su actuación.
“Si el gobierno federal no interviene, pues seguimos a la espera de una audiencia, haremos garantizar nuestro derecho a la libre determinación, territorio, medio ambiente sano y paz comunitaria”, precisaron.