El fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, admitió ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, la participación de notarios públicos en el delito de despojo de inmuebles.
Peimbert explicó que se trata de una red delictiva en la que además participan abogados, corredores públicos, autoridades comunales y ejidales, registrales, municipales y en ocasiones el propio crimen organizado.
Más tarde, las legisladoras integrantes de la Comisión le señalaron que también participan servidores públicos de la administración estatal.
El “modus operandi”, dijo el fiscal, incluye extorsión, amenazas y suplantación de personalidad. Y “conforme nuestras investigaciones, muy posiblemente también homicidios”, precisó.
Dijo que este tipo de actos delictivos han aumentado en la región del Istmo de Tehuantepec, presumiblemente por el contexto del Corredor Interoceánico, debido a que aumenta la plusvalía de la zona. En la Costa también, ante la posibilidad de explotar los terrenos en desarrollos turísticos.
Peimbert Calvo aseguró que pronto obtendrán órdenes de aprehensión que permitirán desarticular la red delincuencial, integrada por “personajes socialmente visibles”.
La cita al fiscal se dio después de las denuncias de despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad publicadas en medios nacionales; una de las principales es la de la familia Conzatti en contra de servidores públicos de la Dirección del Registro Civil, del Instituto de la Función Registral del Estado, del Instituto Catastral del Estado y de la Dirección General de Notarías.