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Presenta Salomón Jara  iniciativa para limitar cargos públicos a deudores alimentarios

*Esta iniciativa tiene la finalidad de establecer un nuevo parámetro para acceder a cargos públicos

El Gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, presentó ante el Pleno del Congreso Local un paquete de reformas a la Constitución Política Local y a diversas leyes estatales, con el objetivo de restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La propuesta prevé la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a siete leyes secundarias, para establecer como requisito para fungir como servidores públicos, no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.

La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.

Entre estos órganos autónomos estatales, destaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, etc.

Asimismo, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. También, para que sea extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado.

Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.

La propuesta del Ejecutivo se presenta dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prohibición a deudores de pensiones alimenticias de acceder a cargos públicos en Yucatán, tal como lo establecen las reformas que fueron aprobadas en junio de 2022 en diversas leyes de ese estado.

En la Ciudad de México y Oaxaca dicha ley ha sido impulsada como Ley Sabina por la activista Diana Luz Vázquez Ruiz y como una iniciativa de reformas constitucionales a la Ley 3 de 3 por los derechos de mujeres e infancias, por la legisladora Concepción Rueda del partido Morena.

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