Un grupo de trabajadores despedidos, entre el  14 y 15 de junio de este año, por la Defensoría de los Derechos Humanos cerró las oficinas de este organismo para demandar la reinstalación inmediata de cada una de las personas y/o la liquidación conforme a derecho.

Este lunes, frente a las instalaciones colocaron pancartas  e informaron de los detalles de su despido, el cual consideran una violación de sus derechos.

“Nosotros por muchos años nos hemos dedicado a la defensa de los derechos humanos, y resulta paradójico que el organismo que debería de velar por nuestros derechos, es quien los está violando y violentándonos, con decisiones arbitrarias”.

Los trabajadores señalan que ”se está haciendo la limpia de personal”, un trabajo sucio solo para asignar un lugar a otros personajes en pago de  favores políticos. Explican que el argumento para prescindir de sus servicios es la falta de recursos presupuestales debido a que la administración anterior dejó deudas en la Secretaría de Hacienda, pero el argumento resulta totalmente falso para ellos, pues mientras la Defensoría los despide, por otro lado está contratando a personal de nuevo ingreso. 

Además, puntualizan, la Defensoría cuenta para este ejercicio 2023 el presupuesto es de 41 millones 600 mil pesos.

Sobre la titular de la defensoría, Elizabeth Lara Rodríguez, indican “no nos ha dado la cara ni nos ha convocado al diálogo”.

Los inconformes detallaron que fueron despedidos por la directora administrativa Rosa Catalina del Castillo Rosas, y dos personajes que se han ostentado en diferentes cargos sin acreditar sus funciones: José Antonio Álvarez Hernández, quien se presenta como coordinador y/o secretario ejecutivo, y René Hernández Reyes, quien se presentó como director Jurídico.

Los personajes mencionados, señalan,  se condujeron de manera déspota, haciendo actos de presión, incluso con burla:  “firmen, para que más adelante los reconsideremos”. Les entregaron un cheque correspondiente a la segunda quincena de junio y les advirtieron que la misma se podría cobrar únicamente el 30 del presente, pues antes de esa fecha es un cheque sin fondos. Los trabajadores  consideran que el despido no solo fue injustificado sino también arbitrario. 

El personal inconforme ha laborado en la institución de 3 a 7 años en el esquema de honorarios, sin prestaciones sociales, pero indican que pueden acreditar su relación laboral.

Lo cierto, dicen, es que a pesar de trabajar en un organismo de derechos humanos, nunca tuvieron  condiciones laborales dignas, ni derecho como trabajador, ni un seguro médico o prestaciones sociales a pesar de que en diversos acontecimientos arriesgaron su  seguridad y  la vida, pues en algunos casos se quedaron retenidas o en el fuego cruzado de diversos conflictos de alto riesgo, por ejemplo el caso de Nochixtlán, el sismo de  2017,  la caravana de personas migrantes en 2018 y 2021 , la epidemia de Covid-2019 y el conflicto interno en Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, entre otros.