Después del decreto del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) admitió la Controversia Constitucional 396/2023, que impugna el decreto aprobado el sábado 22 de julio por el Congreso estatal y concedió la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca sigan en el cargo que les fue conferido.
Dicha suspensión, según comunicado de la Corte, evitará que los anteriores magistrados sean sustituidos por las personas nombradas en esta sesión extraordinaria, y por tanto no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.
Sin embargo, hoy el gobernador del estado Salomón Jara Cruz aseguró que la suspensión concedida por la Corte se fundamenta en “supuestos falsos y contradictorios”. La información fue difundida de manera imprecisa.
“La determinación de la Comisión de Receso de la Suprema Corte no significa un revés para nuestro gobierno”, aseguró este lunes en conferencia de prensa.
El recurso jurídico interpuesto por los exmagistrados, según Jara Cruz solo busca mantener los privilegios e impunidad y le da al gobierno estatal la oportunidad de exponer los razonamientos jurídicos y la evidencia sobre la corrupción del anterior órgano y con ello la necesidad de transformarlo.
Jara Cruz dijo que el órgano presidido por Manuel Velasco Alcántara tenía más de 8 mil expedientes en rezago que no figuraban en el portal de transparencia.
“Décadas de juicios archivados y sentencias a modo, miles demandas congeladas por años y resoluciones expeditas cuando había ganancias de por medio. Había trámites que se resolvían de manera “urgente”, cuando representaban alguna ganancia”
De acuerdo con esta versión oficial, en el año 2022 , en 20 juicios el erario público perdió 500 millones de pesos. Sólo en uno de esos juicios, la sentencia del tribunal (que hoy reclama en la Corte su permanencia) fue por 272 millones de pesos a favor de una empresa de uniformes vinculada a Jorge Castillo amigo de Gabino Cué.
“En noviembre sacaron expedientes para que en diciembre (con la nueva administración se pagara por ejemplo el expediente 115-18 de la Cuarta sala, obligando al gobierno a pagar 272 millones a la empresa Confecciones Sopak S.A. de CV. Se dedicaron solo a corresponder a este tipo de empresas.
Según Jara Cruz el tribunal tampoco pagó jubilaciones en 2020 y 2021 y no ejercieron el presupuesto aprobado de acuerdo a las partidas correspondientes y tampoco devolvieron el dinero a la Secretaría de Finanzas», aseguró.
Por ello, dijo, el gobierno de Oaxaca está preparando la respuesta a la Corte en la que insistirán en la necesidad de reformarlo.
En tanto, la Corte informó que conforme al procedimiento establecido, comenzará a analizar si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución.
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