Ojalá y Xóchitl nos cubra eso de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país.
Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ¡A trabajar, cabrones!, como dice Xóchitl.
Vicente Fox
A las ciudadanas y los ciudadanos que trabajan en este país, paguen o no paguen impuestos, hay que considerarlos contribuyentes. No importa si el Servicio de Administración Tributaria registra u omite los recursos que aportan, pues la nación mexicana se mantiene con el esfuerzo de cada persona que a diario deja parte de su existencia en alguna ocupación, sea reconocida o no como parte del producto interno bruto anual.
Pareciera que no declarar ante el SAT los ingresos que una persona obtiene con su trabajo la hace automáticamente una tramposa evasora de impuestos, pero no necesariamente es así. En México hay miles, si no es que millones, de trabajadoras y trabajadores cuyos ingresos nunca se reportan al SAT; en parte, son las masas de vendedoras y vendedores ambulantes (“comercio informal”, lo cataloga el muy informe lenguaje oficialista).
Por otro lado, están quienes trabajan en condiciones de semi esclavitud en campos y fábricas en diversos estados, sobre todo en el norte de la república y en el vecino Estados Unidos. Campesinos y campesinas, obreras y obreros que no declaran sus ingresos porque los obtienen de establecimientos cuyo brutal sistema de explotación está diseñado para ocultar ganancias, sean las míseras de quienes reciben sueldos o las descomunales que obtienen quienes desembolsan los exiguos salarios.
La Jornada, en un reportaje de Antonio Heras publicado el 26 de diciembre de 2022, describe este “exitoso” sistema de explotación laboral y evasión fiscal en Baja California:
“Diariamente, de madrugada, camiones repletos de jornaleros agrícolas llegan a ranchos de San Quintín para ser ofrecidos por los enganchadores a los mayordomos como mano de obra barata, sin contrato, por pago de jornada laboral en efectivo, sin prestaciones de ley ni seguridad social. […] A esta modalidad de outsourcing o subcontratación avalada por patrones y agroindustrias le llaman coloquialmente ‘saliendo y pagando’, una práctica común en el valle agrícola de San Quintín, ubicado en el sur de Ensenada, donde la vida laboral empieza a las cuatro de la madrugada. En temporadas altas se usa este esquema en más de la mitad de las 80 empresas y ranchos agrícolas de San Quintín […]. En un periodo normal, ‘saliendo y pagando’ se aplica a por lo menos un tercio de los trabajadores de la región, donde laboran comunidades indígenas completas provenientes de Oaxaca, Guerrero o Durango”.
El sistema de outsourcing (nombre actual de una vieja institución conocida como esclavitud) es un recurso muy aceptado entre los dueños de los medios de producción, quienes históricamente han afirmado que los que sufren ese sistema lo hacen porque quieren. “Nadie los obliga”, dicen, pero callan que sí son forzadas y forzados por la falta de oportunidades de empleo dignas.
Mientras tanto, hay otras y otros empresarios que en apariencia pagan impuestos y cumplen con la ley, salvo porque sus contratos los obtienen por contubernio con funcionarios públicos o inclusive cuando las mismas y los mismos empresarios ejercen cargos públicos, contratando a sus propias empresas o forzando a otras instancias públicas a contratarlas. Es el caso de las empresas de Xóchitl Gálvez —hoy senadora y desde hace muchos años empresaria—, quien presume de sus millones sin revelar que varios de ellos los ganó mediante contubernio con autoridades que la favorecieron indebidamente.
La misma senadora que se disfrazó de botarga, se encadenó a su curul y organizó una patética pijamada con legisladores, hoy aspira a la presidencia de la república alegando falsamente ser una mujer indígena que, tras vender gelatinas forzada por la pobreza, llegó a convertirse en millonaria, en funcionaria pública y en legisladora. Entre todas sus mentiras (es mestiza, nunca fue pobre), relucen en verdad los millones que ha acumulado con el favor de funcionarios públicos de su partido político, Acción Nacional, y de su aliado, el Revolucionario Institucional.
La senadora y empresaria Gálvez pide que voten por ella para presidenta simulando que respaldará a los pobres y los indígenas, por quienes nunca ha hecho nada desde los cargos públicos. Pero las voces que pueden desmentirla resuenan: no se trata de las de sus rivales en el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional, o las de periodistas críticos, sino la palabra de uno de sus más fervientes adeptos: el ex presidente Vicente Fox Quezada.
A Fox hay que reclamarle muchas desastrosas acciones durante su desempeño como presidente de la república y después de ese periodo nefasto. Pero últimamente hay que reconocerle su destemplado descaro al dejar en evidencia cuál es la propuesta de administración pública que ejecutaría la banda opositora al presidente Andrés Manuel López Obrador, si esa pandilla llega al poder: abolir los programas sociales del gobierno mexicano.
Fox, cínico, después de enriquecerse al amparo de la banda presidencial, afirma que está “batallando para sobrevivir económicamente. Me ha costado trabajo: la pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano, y la pérdida de los seguros: el seguro de gastos médicos mayores: andan sobre cien mil pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, y ahora tengo que pagarlo YO” (entrevista con Fernando del Collado en el programa Tragaluz, de la agencia Latinus, el 17 de julio de 2023).
Y se duele Fox de que con López Obrador los ex presidentes perdieron las pensiones faraónicas que se autoasignaron durante los gobiernos priistas y panistas. Inclusive advierte que a esos ex mandatarios “no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal”.
Por otra parte, Fox Quezada arremete contra los beneficiarios de programas sociales, quienes requieren de esos apoyos debido a que los gobiernos del PRI y del PAN cancelaron desde 1994 la oportunidad de que las personas de escasos medios puedan aspirar, no ya a tener empresas propias, sino simplemente a bienes esenciales, como un hogar o un pequeño negocio.
Fox, quien reclama su cancelada pensión millonaria más su seguro médico de cien mil pesos mensuales, no se para a averiguar cuántas de las personas de su edad (81 años), que suman alrededor de dos millones seiscientos mil mujeres y hombres en México, pueden acceder a un seguro médico de cien mil pesos mensuales. En cambio, el individuo declara su esperanza de llegar a vivir cien años, insulta a los beneficiarios de programas sociales llamándolos “huevones” y los amenaza con que Xóchitl Gálvez les quitará los beneficios de dichos programas.
Así, Fox revela el verdadero fondo de los planes derechistas para retomar el control de México: no reconoce que los miles de beneficiarios de programas sociales en nuestro país fueron y aún son sus contribuyentes y los de sus socios, pues el trabajo de esos millones de mexicanas y mexicanos les permitió a los grandes beneficiarios del PRI y del PAN acumular fortunas multimillonarias. En vez de agradecer a los contribuyentes forzados a enriquecerlo, Fox les declara su desprecio y su odio, los ofende y amenaza.
Ante esas amenazas y esas ofensas, el Partido Acción Nacional, que llevó a Fox al poder, reacciona con timidez para asegurar que su Comisión Redactora de la Plataforma Electoral 2024 “contempla, dentro de sus labores, mantener y consolidar los apoyos sociales para la población” y que “los programas sociales son necesarios para alcanzar una verdadera igualdad”. Pero esa igualdad es lo que los millonarios ex funcionarios y ex gobernantes más temen; quieren que la mayoría de la población siga en labores forzadas y les gritan, implacables: “¡A trabajar, cabrones!”
La empresaria senadora Gálvez, sin desmentir a su octogenario aplaudidor, sigue afirmando ser indígena que se elevó de la pobreza. Continúa su campaña electorera tratando de que la “X” de su nombre corresponda a leperadas o chorradas como “Xingona” y “Xambeadora”.
Quizá embone mejor con eXplotación, eXpolio, eXterminio. O simplemente con foXista, pues, cuestionada el 21 de julio en una reunión con empresarios sobre la pensión a ex mandatarios, eludió responder y añadió un galimatías sobre que esa prestación la deben pagar los empleados, no el gobierno, y que los funcionarios públicos podrían pagar por su parte un seguro de setenta mil pesos mensuales para gastos médicos mayores.
En su lenguaje confuso, Gálvez expresó de este modo su propuesta: “… el tema de seguro de gastos médicos, creo que lo deben pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo […] Si ese seguro lo contrataras en un paquete de trescientos mil empleados, a lo mejor podría costar setenta mil pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguros para todos, pero que lo pagaran los empleados, y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada”.
A partir de esa declaración, sus críticos han interpretado que propone que un empleado público que gana en promedio de cuatro mil pesos a seis mil pesos por mes, pague un seguro médico mensual de setenta mil pesos, lo cual es evidentemente imposible. Pero Gálvez, la millonaria, no se arredró: explicó que ella paga un seguro médico personal de ciento treinta mil pesos mensuales. Hay que recordar que, sólo por su cargo de senadora, la empresaria recibe al mes del presupuesto federal un pago de ciento diecinueve mil setecientos pesos, más gastos y prestaciones.
Gálvez no se arrepiente de sus riquezas mal habidas sino que, al serle cancelado un contrato que se ufanó de tener con la actual administración, reprocha: “… íbamos a firmar un contrato en Banobras y nos los cancelaron. Era de cuatrocientos mil pesos, pero lo habíamos ganado derecho. Pero él (López Obrador) ya dio instrucciones de que no me den trabajo. Ya se enojó y ya regañó. Pero yo tengo derecho a licitar y a tener un trabajo honrado” (en La Entrevista, con Joaquín López-Dóriga, Radio Fórmula, 18 de julio de 2023).
El dolor de Xóchitl Gálvez ante el contrato cancelado quizá le impida recordar la dieta mensual que recibe del Congreso de la Unión, que al año asciende a un total de un millón cuatrocientos treinta y seis mil pesos. Quien la oye condolerse, pensaría que la quejumbrosa senadora quizá considere volver a la venta emergente de gelatinas.
Con sus lamentos, Gálvez refrenda cuanto ha señalado el escritor Fabrizio Mejía Madrid, al exponer que “la élite económica que se creó desde el salinismo hasta el peñismo, los beneficiarios de la llamada ‘transición a la democracia’” a quienes representa Gálvez, “no ven corrupción en hacer negocios desde el poder de un cargo público, minimizan lo robado, y acaban diciendo que es resultado sólo de su talento. Eso es la élite económica neoliberal: en su gran mayoría, están convencidos de que la transa es una habilidad”. (“La gelatina que no cuajó”, F. Mejía Madrid en su videocolumna para el portal informativo Sin Embargo, 19 de julio de 2023.)