*El monitoreo de la organización Data Cívica encuentra un 46.5% más agresiones que en el mismo periodo de 2022

*La mayoría han sido contra funcionarios públicos de áreas de Seguridad

^Redacción

En los primeros siete meses de 2023 se han registrado 337 agresiones del crimen organizado contra personas vinculadas a la política o el servicio público, un 46.5% más que en el mismo periodo del año pasado (230 hechos violentos), de acuerdo con el monitoreo Votar entre Balas, de la organización Data Cívica.

Votar Entre Balas es un monitoreo de violencia criminal-electoral, entendida como agresiones que se presume que están relacionadas con el crimen organizado (no incluye, por ejemplo, agresiones entre partidos políticos) y que se dirigen no solo contra candidatos, sino contra funcionarios y sus familiares, si se considera que la motivación del ataque se relaciona con el trabajo derivado de sus cargos y que puede influir en el panorama político.

Tan solo en julio se registraron 38 eventos, el 84% contra hombres, expone el reporte mensual “Votar entre Balas: Entendiendo la violencia criminal-electoral en México”, publicado este lunes.

Aunque 2022 es por ahora el año más violento de los últimos cinco, de seguir esta tendencia, el actual superaría a los anteriores. El estado que más casos de violencia ha reportado es Guanajuato, con 47; seguido de Guerrero, con 39; y Veracruz, con 27. De todos los hechos violentos que registra la base (asesinatos, amenazas, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros), 218 han sido asesinatos, es decir, el 64.7%.

Aunque este año hubo procesos electorales en el Estado de México —el más poblado del país— y en Coahuila —que en el pasado sufrió altos niveles de violencia—, las agresiones registradas en esas entidades en este periodo fueron contra personas funcionarias o sus familiares y no contra candidatas y sus equipos.

En análisis previos (que se pueden consultar en esta carpeta) se ha detectado que la violencia contra candidatos y candidatas y sus colaboradores ocurre sobre todo cuando hay elecciones municipales, lo cual sucederá en 2024, en un proceso electoral que será el más grande de la historia y que está por iniciar formalmente en las próximas semanas.

En contraste, la gran mayoría de hechos de violencia criminal-electoral de este año han sido contra funcionarios públicos, principalmente del área de seguridad, una tendencia que ha ido en aumento.

“En 2018, sólo el 2% de los eventos registrados fueron ataques a autoridades de seguridad fuera de enfrentamientos, pero en 2022 este tipo de eventos aumentaron hasta representar el 50% de todos los eventos. Hasta ahora, en 2023 el 58% de los eventos registrados han sido ataques a autoridades de seguridad. En julio de este año se reportaron 24 eventos violentos en contra de autoridades de seguridad pública (63% del total de los eventos del mes)”, señala el boletín de julio.

Un caso emblemático fue el secuestro en junio pasado de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPySC) de Chiapas. Un grupo armado interceptó un camión donde iban 33 personas, dejó ir a las mujeres y retuvo a los hombres, y días después publicó un video donde pedían, a cambio de su liberación, la destitución de varios altos mandos policiacos. Es decir, un claro ejemplo de criminales intentando intervenir en política.