Arropada por la organización Consorcio, la expromotora cultural indígena, Adriana Hernandez denunció públicamente a Francisco Regino Montes, hermano del titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) por acoso sexual,  y pidió al gobierno federal atender la violencia contra las mujeres indígenas que se ejerce desde el interior de las instituciones.

Adriana es originaria de Ocotlán de Morelos, donde trabajó comisionada en el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de Tlacolula, de 2020 a diciembre de 2021, por invitación de Francisco Regino Montes, el mismo que presuntamente la acosó sexualmente hasta lograr su renuncia.

La ex colaboradora de esa institución relató este miércoles, que en noviembre de 2018 Francisco le pidió apoyar en un foro de consulta indígena en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Oaxaca. Después, en agosto de 2019 nuevamente le pidió apoyo para otro foro en la Ciudad de México, a su regreso le dio instrucciones para incorporarse al centro coordinador de Tlacolula, pero fue hasta febrero de 2020 cuando se incorporó formalmente al INPI.

Adriana cuenta que en enero de 2021, comenzó a ser acosada sexualmente vía whatsapp por Francisco Regino Montes, quien le hacía preguntas “muy personales”, posteriormente se disculpaba argumentando estado de ebriedad, y le pedía borrar sus mensajes.

De acuerdo con la denunciante, además del acoso, Francisco Regino le pidió realizar un proyecto para beneficiar a una persona de su familia. Adriana se negó  y él insistió. Además le aseguró que lo pasaría directamente a la Ciudad de México para su aprobación y financiamiento.

A principios de marzo de 2021, el director del Centro Coordinador de Tlacolula fue señalado por autoridades locales por supuestas irregularidades en las carreteras municipales. A partir de ese hecho, Francisco Regino asegura que pedirán la destitución de este director. le propone a ella postularse y le solicita sus documentos, pero al  mismo tiempo comienza a hacerle proposiciones sexuales, a las que no accedió.

Dos días después la cita en un restaurante, en el lugar, junto a él estaba la persona que presuntamente se beneficiaría con el proyecto que le había solicitado.

Adriana relata que Francisco también le sugirió contratar sexoservidores para que todos se fueran con ella y él a su habitación y le condiciona su permanencia en el INPI. Ella se negó nuevamente. Meses después le pidió ir a un departamento que presuntamente era de su hermano Adelfo Regino Montes, para aclarar su situación laboral, en ese lugar, dice, Francisco le ofreció objetos sexuales y le pidió usarlos mientras él observaba. 

“Le dije que no. Dos días después nombran como nuevo director a Nelson Vásquez, me solicitan entregar todos mis expedientes, me prohíben participar en actividades públicas, le exigen a mis compañeros no compartir información de proyectos conmigo y me reubican en una oficina donde mis actividades se limitan a sacar copias y escanear documentos”, relata.

La extrabajadora del INPI expone que después de varios intentos para contactar con Adelfo Regino, decidió enviarle un correo electrónico exponiendo su caso, días después Francisco le reclamó y la amenazó, “me pidió  borrar los mensajes o de lo contrario me iba a arrepentir”.

Por distintas vías traté de tener comunicación con él, a través de Jerónimo López Marín, titular de la Oficina de Representación del INPI en Oaxaca y de Hugo Aguilar, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, continua Adriana. Según su versión, ellos mismos le indicaron que era muy complejo hablar con Adelfo Regino y que nada se podía hacer puesto que Francisco no es parte del Instituto, y por tanto no había sanción aplicable para nadie y menos porque para la fecha que logró hablar con ellos, ya había renunciado al INPI por la misma situación.

Este no es el primer caso de acoso sexual relacionado con el INPI, en marzo de 2020, fue denunciado Rolando Vásquez Pérez, exjefe del departamento de control de plazas del INPI y Donato Vargas Jiménez, excandidato a diputado local por la región mixe y también funcionario de aquella institución, por crear y participar en un chat de Whatsapp donde se compartían fotos íntimas de mujeres mixes. Ambos presentaron sus renuncias a la institución.

Donato Vargas, quien ahora es coordinador de las Delegaciones de la Paz del gobierno del estado, también fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) por violencia familiar contra su expareja Aracely Cruz, de acuerdo con la carpeta de investigación 40841/UDVF/2022. Hasta la fecha ninguno de los señalados tiene una sanción.

La abogada y activista de Consorcio, Yesica Sánchez Maya destacó en este caso las prácticas y las relaciones con el poder político de los agresores de mujeres. Llamó al director del INPI a tomar cartas el asunto.»No se puede tener a un agresor de esta naturaleza, igual que Donato Vargas. Lamentablemente por ser operadores electorales les dan un manto de impunidad», concluyó.