Diversas inmobiliarias tienen intenciones de construir  complejos residenciales en el área del cerro el Crestón admitió el consejero jurídico  Geovany Vásquez Sagrero. Esas mismas inmobiliarias junto con algunos particulares buscan ahora que las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez derogue el acuerdo 001/CU/2021 de noviembre de 2021, para que pueda cambiar el uso de suelo y se otorguen licencias de construcción.

Según Vásquez Sagrero, en esta Zona de Reserva Ecológica, en la que se incluye El Crestón, El Fortín y Cruz Blanca, considerada de gran aporte principalmente por contribuir a la recarga de los mantos acuíferos  y la regulación de la temperatura, existe un problema social “grave”.

Hay que diferenciar —dijo—,  hay personas que compraron su lote  de 10 x 20 desarrollaron sin permiso, ahora ya están viviendo ahí, están asentados; otros que son ejidatarios y que hicieron edificaciones ahí, pero no tienen predial, ni luz; y  hay otros  que compraron extensiones grandes y quieren desarrollar complejos inmobiliarios.

En todos los casos no tienen permisos de construcción ni tienen fuentes prediales por el decreto de 1992 emitido por el gobernador Heladio Ramírez, y ratificado posteriormente por su sucesor Diódoro Carrasco, en el que se prohíbe cualquier tipo de asentamiento.

Además, el acuerdo de 2021 señala que se deben suspender licencias para trabajos  de urbanización y cualquier otra que altere el estado actual de las zonas de reserva hasta que se apruebe el plan de manejo integral, con la finalidad de evitar daños irreversibles al medio ambiente

Vásquez Sagrero reconoció que no existía un plan de manejo, por lo que se analiza hasta dónde hay un problema social, de  personas que ya tienen ahí sus domicilios y ver qué va a pasar con ellos. 

Aseguró que la Consejería Jurídica es la parte técnica que trabaja junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad para establecer que va a pasar con ese decreto.

Dijo, además,  que al conocer el problema, se instruyó  a la comisión de límites para tener ubicados  los polígonos de acuerdo al decreto y definir cuál es la zona que ha sido invadida.

—El regidor insiste en que con el acuerdo (que no permite cambiar el uso de suelo) se afecta a 25 mil personas que no pueden acceder a servicios y según él no están en los límites de la reserva. Pero, según propietarios y el mismo director del INSO,  no hay límites precisos, no hay delimitación— se le indica

—Sí hay delimitación, la Secretaría de Medio Ambiente la hizo— responde tajante.

—¿Va a ser pública esta información?, porque no solo es de interés de los propietarios sino de toda la ciudadanía…

 —Tenemos que ser cautelosos, para evitar las invasiones porque  cuando se sabe cuál es la zona protegida, algunos comienzan a invadirlas. Desde luego que en su momento tienen que ser público.