Por Lisbeth Mejía Reyes/Rocío Flores 

La intención de cambiar el uso de suelo en la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida —que comprende los Cerros del Fortín, del Crestón, Cruz Blanca y el Parque Nacional Benito Juárez —, reactivó  la protesta del activista y presidente de la asociación Colmillo Blanco Carlos Morales, quien solicitó una mesa de trabajo con autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, a fin de evitar construcciones en estas zonas del ejido Guadalupe Victoria.

En sesión de cabildo de este jueves, el regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Centro Histórico, Pavel López Gómez propuso dejar sin efecto el acuerdo 001/CU/2021 de noviembre de 2021, por el cual quedaron suspendidos los cambios de uso de suelo y las licencias de construcción de las reservas naturales en la capital del estado.

El acuerdo también señala la suspensón de licencias de urbanización y cualquier otra que altere el estado actual de las zonas de reservas naturales protegidas en el municipio de Oaxaca hasta que se apruebe el plan de manejo integral en estas zonas y así evitar daños irreversibles al medio ambiente.

Sin embargo, Pavel López argumentó que existen peticiones de más de 700 ciudadanas y ciudadanos que son “dueños”. Según el regidor, de no revertirlo “se estaría dejando sin derechos a 25 mil  587 personas de 48 colonias que no tienen número oficial y licencias de construcción”.

La regidora de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, Mirna López Torres consideró que la propuesta del regidor debe rechazarse, ni siquiera debe analizarse en Comisión como propuso, porque el derecho de petición que menciona Pavel López obliga a responder sobre la petición, pero no obliga a concederla necesariamente, de revertir el acuerdo «se estaría violando nuestras propias normas legales y las constitucionales».

Por otra parte —señaló— el regidor aboga por el derecho a la propiedad aunque confunde la propiedad privada con la propiedad social, y el núcleo agrario o Comisariado anexa lista sin acreditar la calidad de propietarios, comuneros o ejidatarios.

La regidora enfatizó en que este acuerdo no se puede dejar sin efecto pues aun no existen normas que de manera sustentable establezcan formas de desarrollo controlado. “Abrogar este acuerdo es admitir que somos incapaces de regular, incapaces de cumplir nuestro propio punto de acuerdo”, dijo.

Sobre el tema el activista Carlos Morales, quien protestó previó a la sesión, urgió al gobierno estatal a la elaboración de un plan de manejo.

“Efectivamente no existe un plan, no está demarcado el polígono, administraciones pasan y no lo hacen. Tampoco hay respuestas en el Congreso, dicen que no hay recurso para el estudio topográfico, pero no tienen voluntad, no quieren porque muchos políticos tienen terrenos en esas áreas. Y ya estamos llegando al límite”.

El activista reconoce que los propietarios tienen derechos, pero considera que el decreto debe de respetarse por el beneficio común. Observa que quienes pretenden revertir este acuerdo, lo que buscan es fraccionar, rentar o vender propiedades que están dentro de un Área Natural  Protegida, pero no tienen licencias, están paradas y la Secretaría de Medio Ambiente del estado no interviene. En resumen, indica, lo único que esperan es que el regidor les ayude porque ahí operan los permisos y las licencias.

Por ahora, la propuesta de Pavel López fue turnada con 15 votos a favor y uno en contra, para su análisis a la Comisión de  Medio Ambiente y Cambio Climático y Obras Públicas y Desarrollo Urbano.