Por Por: Lisbeth Mejía, Rocío Flores
Colaboración especial: Paola Flores
Tres décadas después de un decreto emitido por el gobernador Heladio Ramírez, en el que se declara Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida a la zona que comprende los Cerros del Fortín, del Crestón y Cruz Blanca, habitantes del ejido Guadalupe Victoria irrumpen en una conferencia de prensa para desacreditar el decreto y reclamar al activista Carlos Morales su intervención en la defensa de estos cerros, vigilantes permanentes de la capital de Oaxaca.
¡Somos dueños, somos dueños! grita una mujer al fondo del patio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Sobre sus hombros alza una cartulina con la misma frase. Cuatro o cinco hombres más secundan sus gritos, que luego se vuelven reclamos e intimidaciones.
Los presuntos propietarios alegan que sus tierras son propiedad privada, que pagan predial, que protegen los árboles. Dicen que para construir, poner luz, rentar o vender propiedades, necesitan licencia, que “ya están en orden con el municipio” y exigen al activista que no intervenga. “¡no me llames invasor porque soy propietario!” le exige un hombre robusto con cubrebocas a Morales, quien ha denunciado desde hace varios años la invasión en esta reserva ecológica.
A mitad del patio, en una de las sillas, un hombre moreno y de más o menos 1. 60 de estatura y complexión delgada escucha en silencio, moviendo el torso y la cabeza de izquierda a derecha para no perder detalle. Es Hipólito Robles, presidente suplente del comité de vida vecinal de la colonia Lomas del Crestón, que se ubica en el Cerro del mismo nombre, un área natural protegida decretada el 14 de noviembre de 1992, a unos días de que Heladio Ramírez dejara la gubernatura de Oaxaca y que desde hace varias décadas ha estado expuesta a invasiones.
“ El cerro tiene dueño, como lo tienen todas las cordilleras de los cerros, aun cuando “son zonas de reserva ecológica”, dice el hombre de 70 años de edad en una plática posterior.
“Lo que pasa es que la gente de todos modos ha comprado sin saber que esas partes no se prestan para construir. Tienen dueño, pero no pueden construir porque está decretado”.
—¿Había dueños antes del decreto del 1992?—
Sí lo había, reconoce, pues para entonces tal área del Crestón ya la “habían vendido” los supuestos dueños de ese tiempo. Ahora la gente de “la cordillera del ejido Guadalupe Victoria” es la más opuesta a que se respete el decreto del 92, pues asegura contar con escrituras de un área que “es ejido”, pero no pueden tener escrituras porque (las autoridades) les dan un papel de derecho de propiedad, no escritura. Es gente que, hasta cierto punto, son pagados para proteger a la gente que realmente pesa en esa parte, puros funcionarios o ex funcionarios.
Promueven cambio de uso de suelo y licencias de construcción en áreas protegidas
Hace dos semanas, el cabildo de Oaxaca de Juárez envío a comisiones un punto de acuerdo con el que el regidor de Obras y Desarrollo Urbano, Pavel López Gómez, busca derogar el acuerdo del 17 de noviembre de 2021. Éste mantiene suspendidos los trámites y/o autorizaciones para cambios de uso de suelo, subdivisiones, licencias de construcción y demás que afecten las zonas de reserva naturales protegidas del municipio hasta que haya una delimitación de la zona decretada en 1992, así como una normativa y plan de manejo integral derivados de la misma.
A decir del regidor, el acuerdo afecta a más de 25 mil o 27 mil presuntos propietarios de predios de una parte del ejido Guadalupe Victoria, Cerro del Crestón y otras zonas que pagan predial al municipio.
Pero activistas como Carlos Morales han llamado al cabildo a no derogar el acuerdo porque dejaría desprotegidas a estas reservas. Este llamado también se extiende al congreso local y al federal, así como al gobierno estatal, a fin de que delimiten y protejan estas áreas, consideradas de gran aporte ambiental pues contribuye a la recarga de los mantos acuíferos, la absorción de contaminantes de la atmósfera y la regulación de la temperatura y la humedad en la capital del estado y municipios conurbados.
Otros activistas han criticado al concejal de tener intereses en el Crestón. Don Hipólito refiere que han visto que el regidor “y su gente” han ido a “remarcar con postes” el área, pues presuntamente “tienen previsto construir ahí condominios, hoteles”. Aunado a esto, temen que el gobierno estatal permita la construcción de un hospital del ISSSTE para el magisterio.
—Entonces… ¿qué pasa, las autoridades actuales también están invadiendo?— cuestiona Hipólito. Para él esto es semejante a lo que ocurrió en el sexenio de Gabino Cué, con la construcción del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), un proyecto que se presentó como un sitio ecológico. “Pero fue una invasión también porque de ecológico no tiene nada… Ante el Ciesas nos fuimos a oponer vecinos de Lomas del Crestón, pero ya estaba hecho”.
Descalifican decreto
El espíritu del decreto es la protección de la zona considerada de interés público por razones históricas, culturales, ambientales y de bienestar social, debido a que su preservación y conservación abona al equilibrio ambiental; los propietarios posesionarios o titulares de derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro del Área Natural deberán sujetarse a las previsiones contenidas en el propio decreto, en el Programa de Manejo, Planes de Ordenamiento Ecológico, Plan de Ordenamiento Territorial y disposiciones que emita el Estado en términos de la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca.
El mismo prohíbe cualquier tipo de actividad que no esté relacionada con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y de su fauna y en general con la preservación de sus ecosistemas. Solo se permiten acciones para la investigación, recreación, turismo y educación ambiental.
Pero esto parece que no resulta válido para quienes se identifican como propietarios. Ellos insisten que el decreto está mal hecho, Su objetivo es según lo explican, obtener permisos para instalar redes de energía, servicios, nomenclatura en calles, construir, vender o rentar sus propiedades.
Desinformación, leyes imprecisas y abusos
Para Juan José Consejo Dueñas, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) lo que ocurre en esta zona no es algo nuevo, pero sí preocupante, advierte que en todo el problema “hay una gran desinformación”. Considera útil o necesario ponernos de acuerdo con respecto a una zona en donde convergen muchos intereses y donde hay una serie de procedimientos y decretos que se traslapan o se contraponen o están mal hechos.
Para ilustrar la complejidad, Consejo Dueñas expone que en 1937, el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas estableció la Zona Protectora Forestal que abarcó parte del Parque Nacional Benito Juárez, incluyendo los cerros El Fortín y El Crestón.
Lo que Cárdenas decretó es apenas un cachito del Área Natural Protegida y dependía de la ley forestal, la cual decía que tenía que ser propiedad federal. Debía seguir un proceso de deslinde y de expropiación. Nunca se hizo. “Algunos comuneros nunca lo han reconocido. Ellos dicen, el monte es nuestro, son terrenos comunales”.
“Lo que ahora cuestionan los supuestos propietarios es el decreto de 1992 de Heladio Ramírez, ratificado en 1994 por el posterior gobernador Diódoro Carrasco», reafirma. “Es el que ahora revive de la peor manera porque el gobierno del estado trae su propia agenda”.
Admite que si bien el decreto de 1992 no es preciso en los polígonos de la zona y los gobiernos no han hecho nada al respecto, en el de 1994 se reafirmó la protección del Área de Restricción y de Reserva Ecológica y se prohibió cualquier tipo de asentamiento, construcción u obra relacionada con las mismas.
“Nunca se fueron al terreno a hacer el mapeo y deslinde, estuvo mal hecho, es muy vago con respecto a lo que se podía o no se podía hacer. No se respeto, se siguió vendiendo, se abrieron calles…no se respetó del todo.
No obstante, destaca, en ese mismo año (1994) se aprobó el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca (Pozco). Con mapa en mano señala que éste indica qué cosas están prohibidas, cuáles están permitidas y cuáles están condicionadas. Por ejemplo menciona, no se pueden hacer gasolineras, ni centros comerciales.
Pero resulta que este plan de ordenamiento en su transitorio dice que su vigencia es de 10 años y que antes de los diez años tenían que hacerse otro plan, lo cual es lógico por el desarrollo urbano, pero la realidad es que nunca se hizo.
Si bien reconoce que las comunidades tradicionales han conservado la cordillera, también señala que las mismas autoridades, sobre todo las agrarias, se han dedicado durante mucho tiempo a vender y luego el gobierno a regularizar. “El resultado es todo este crecimiento urbano que ahora vivimos. Lo más notable es San Felipe (pero se está extendiendo). La zona en cuestión ha sido presa de un proceso en el que los ricos y los políticos, generalmente asociados, se quedaron con esos terrenos que históricamente eran propiedad comunal”, expone Consejo Dueñas, con más de 30 años de experiencia en Ecología Social.
Lo que dice el gobierno (estatal) es que este ya no vale y según nosotros, si no hay uno nuevo, la disposición previa se mantiene. Pero a algunos les convino decir que no hay nada”.
De todos modos, apunta, el decreto tiene restricciones de construcción, que no son restricciones completas, por ejemplo si se puede permitir viviendas de baja densidad, es decir desarrollos habitacionales que tienen un número bajo de residentes que permitan conservar mayores espacios ambientales comunes, calma y seguridad.
Consejo reconoce la presión por el proceso de urbanización, pero también mira que existen aún muchos esfuerzos de conservación. El director del INSO sostiene que es importante conservar estas zonas boscosas porque permiten el equilibrio ambiental y son fuente de agua desde entonces.
¿Que sé necesita ?
Según Consejo, lo que se requiere antes de derogar el acuerdo, como se propone en el municipio, es un nuevo programa de ordenamiento y el plan de manejo de esta área. La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad (Semabieso) lo que propone es redecretar este polígono.
En tanto, el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, reconoce que en este conflicto hay “intereses legítimos e ilegítimos”, aunque se inclina porque se analicen las peticiones de los supuestos propietarios para evitar que en unos años ya toda el área esté construida sin autorizaciones.
Por otra parte, asegura que ya hay una mesa de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente del estado para que esta defina el perímetro del área protegida del decreto de 1992. Y admite que no hay un plan de manejo.
—¿No tendría el ayuntamiento que esperar a la delimitación del área y el plan de manejo antes de derogar? — le preguntamos al edil
—Hay que atender el acuerdo del 2021 y el que lo ratificó en 2022. “Ese acuerdo no necesariamente plantea el todo sino una cuestión bien concreta”—responde
Mientras que el promotor de la derogación, Pável López Gómez asegura que su propuesta se basa en la petición de 750 personas propietarias y de la autoridad agraria del ejido Guadalupe Victoria, aunque en su punto de acuerdo PA/RODPUCH/005/2023 solo se refiere a 211 peticionarios.
Aun cuando aún no hay una delimitación del área protegida marcada explícitamente en el decreto del 92, el concejal niega que existan afectaciones a lo dictado en el decreto, el cual calificó como “mal hecho”. “No se toca ni el cerro del Fortín, no se toca el Crestón, no se toca Cruz Blanca ni mucho menos el Parque Nacional Benito Juárez, desde Viguera hasta Huayapam”, dijo en entrevista. Incluso aseguró que los supuestos propietarios “están fuera de esas coordenadas”.
A sus 70 años, don Hipólito lo ve desde otra perspectiva, dice que en esa zona hace más de 25 o 30 años él y sus vecinos han tratado de reforestar la parte del Crestón, pero que mediante incendios provocados o amenazas hay quienes les impiden la labor.
“Se han dedicado a vender todo lo que es la zona de reserva ecológica y ahora andan empujando al pueblo para que siga peleando. Creo que nuestro gobierno debe investigar”, resuelve.
