Como lo anunció este martes el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, según estimaciones del INEGI, Oaxaca efectivamente se colocó en el segundo trimestre de 2023 en el primer lugar nacional de crecimiento económico. Sin embargo, esto no significa necesariamente el bienestar para la población del estado.

De acuerdo con la organización México, cómo vamos, cuando una economía crece, el valor de bienes y servicios que  la ciudadanía puede consumir y disfrutar aumenta. Sin embargo, el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en mejoras al bienestar de toda población, a menos de que sea sostenido y redistributivo, es decir, que las  políticas públicas reflejen una clara preocupación por la equidad y que compense algunas de las desigualdades existentes.

No parece ser el caso de Oaxaca, donde las instituciones públicas proveedoras de servicios sociales, dirigidas supuestamente a mejorar las condiciones de vida y a promocionar o publicitar la igualdad de oportunidades, así como  los servicios públicos básicos: el servicio de abastecimiento de agua, de educación, de gestión de residuos y el servicio judicial, entre otros, son deficientes y desiguales.

Amén de que uno de los principales rasgos de este crecimiento económico en el estado, es la gran participación que tiene la economía informal en la actividad económica. Según datos del INEGI en el periodo citado por el gobernador, los mayores crecimientos de la economía informal se observaron en Oaxaca, con 11.9 por ciento; Zacatecas, con 9.3, así como Durango y Guerrero, con 7.1 por ciento, cada uno.

En la  economía informal, explica la investigadora de la UABJO  Ana Luz Ramos Soto, están incluidas todas las actividades del sector informal: micronegocios que no cuentan con registros legales básicos, trabajos en puestos semifijos en la vía pública, y en los domicilios, lugares donde se ofrecen o venden bienes de todo tipo.  En éste se incluyen a  las personas emprendedoras o esa modalidad que en Oaxaca se nombra como trabajo por «tu cuenta».

Generalmente este tipo de negocios no cumplen con los requisitos de pago de impuestos, licencias, permisos o prestaciones laborales.  

Es decir, estas actividades laborales son  sinónimo de precariedad y vulnerabilidad pues la mayoría de quienes las desempeñan carecen incluso de un contrato de trabajo; están sometidas a largas jornadas de trabajo y en condiciones inadecuadas; no reciben compensación por desempleo o enfermedad y tampoco tienen periodos vacacionales remunerados.

Otras modalidades de informalidad son la agricultura —incluida la de subsistencia —, el servicio doméstico remunerado de los hogares. Además,  las variedades de trabajo ilegal que, aunque pueden realizarse incluso en fábricas, despachos, casa de cambios, hospitales o talleres desempeñan su labor de manera ilegal, por ejemplo, la reventa de taquillas, el tráfico de drogas y la prostitución.

Estas actividades del sector informal, sobre todo el ilegal, permiten la acumulación de dinero que no es declarado al fisco, dinero que luego tiene que ser lavado.

En conclusión,  que el crecimiento económico del estado cuente con estas características de desigual acceso a los servicios básicos y  la economía informal, no sólo es un reflejo de precariedad, sino que, según especialistas, puede ser un obstáculo para el crecimiento económico, a pesar de que el Estado habla de lo contrario con sus proyectos  de desarrollo, inversiones privadas en diferentes regiones del estado o la proyección de Oaxaca en “todo el mundo”.