Durante casi nueve décadas, de 1929 a 2018, oponerse al régimen gubernamental en México fue una postura honorable. Implicaba la paradójica circunstancia de ganar altura moral con cada derrota en procesos electorales y otros asuntos públicos, debido a la costumbre del poder para imponerse mediante toda clase de fraudes, trampas y crímenes.

A lo largo de esos casi noventa años, mientras la derecha acaparó la Presidencia de la República, hubo personajes de la vida pública que alcanzaron una estatura ética perdurable: José Revueltas, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Heberto Castillo, Rosario Ibarra de Piedra. Por no hablar de las incontables víctimas de la matanza de Tlatelolco en 1968 y la posterior represión durante todo el sexenio de 1970 a 1976.

Caso paralelo, en cuanto a la ética izquierdista, son los luchadores armados, de trágico destino: Rubén Jaramillo Ménez, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos y los rebeldes encabezados por Arturo Gámiz en el asalto al cuartel de Madera, Chihuahua.

Hasta la fecha, esos representantes de la oposición a los gobiernos mexicanos permanecen como ejemplo de integridad política, aun si causan polémica los métodos que utilizaron para oponerse al oficialismo. La lucha pacífica los convirtió en víctimas de persecución, y enaltece a Revueltas, Campa, Vallejo, Castillo e Ibarra de Piedra, entre otros.

La lucha armada que acabó con las vidas de Jaramillo y su familia, con las de Vázquez, Cabañas y Gámiz, y con las de sus jóvenes seguidores, recibe invectivas de los hederos de sus verdugos, pero coloca a los guerrilleros en el lado heroico de la resistencia política. Se enfrentaron a regímenes criminales. Pagaron esa resistencia con sus vidas.

A partir de 2018, con el ascenso a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se dio el giro insólito de que los herederos de los regímenes autoritarios y represores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional se convirtieron en la oposición al gobierno de la república.

Nada tan extraño y nocivo para la sociedad mexicana pues, con su aparente caída, los represores de ayer se convirtieran en los supuestos opositores de hoy. Su oposición al gobierno no proviene de resistirse a la corrupción, al autoritarismo y a la represión, sino de su furiosa ansiedad por volver a gozar del poder para retomar la corrupción, el abuso del poder y el hábito de represión que les han sido parcialmente vedados.

Parcialmente, porque la conducta de la actual “oposición” sigue apoyándose en la corrupción, el autoritarismo y la represión. Lo demuestran los actos de la todavía gobernante alcaldesa Sandra Cuevas, quien inventa un partido de su propiedad para proponerse como presidenta después de ser desechada por sus aliados; las de los dirigentes de los partidos políticos desplazados (PAN, PRD y PRI) y la de su candidata conjunta a la presidencia, rancia privilegiada de un partido, quien se mal disfraza de “ciudadana”.

La feroz Sandra Cuevas se siente autorizada a madrear a cuanto ciudadano la incomode, así sea un infeliz peatón que lleva a un perrito en brazos y, para su mal, se cruza con el carísimo y aparatoso vehículo de la alcaldesa, un RZR todo-terreno que cuesta tres cuartos de millón de pesos y es similar al que utilizaba Óscar Andrés Flores Ramírez “El Lunares”, líder de la organización criminal La Unión Tepito, quien estuvo ligado a la alcaldesa y hoy cumple condena de 27 años en el penal El Altiplano porque asesinó a una mujer en 2019.

Por su parte, el líder del PAN, Marko Cortés, se quejó públicamente de que los subordinados de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, no cumplieron en Coahuila un acuerdo por el que se habían repartido puestos y cargos públicos en el gobierno estatal, incluyendo juzgados, dirigencias de organismos “autónomos” y hasta notarías.

Recientemente, se reveló que estos dirigentes partidistas y sus cercanos, entre los cuales resaltan prófugos de la justicia, se autoasignaron candidaturas plurinominales para senadurías y diputaciones, con las que planean obtener el fuero que les otorgaría impunidad.

Por su lado, la candidata presidencial y senadora Xóchitl Gálvez, quien no logra situarse como aspirante con garantía de voto pese a sus trampas electorales, se reunió con la dirigencia del PRI para suplicar a su líder Alejandro Moreno “Alito” y cómplices: “Los necesito en la calle, necesito la experiencia y la fuerza de Alito porque vaya que es un cabrón”.

La legisladora Gálvez, por cierto, ha sido expuesta por la periodista Daniela Barragán como dueña de 40 “marcas” de la tenebrosa sociedad civil que utiliza como emblemas en su campaña, incluyendo el movimiento “ciudadano” Fuerza Rosa, el Frente Amplio por México y su más reciente entelequia, la coalición partidista Fuerza y Corazón por México.

Ni méritos académicos, ni laborales ni rebeldía social ante el poder. Lo que distingue a los actuales opositores al gobierno es lo que los ha marcado desde hace noventa años: sus malos manejos (aunque ahora estén sumamente acotados), sus mentiras, sus oscuros negocios políticos y sus desplantes autoritarios, represores y criminales.

Residuos de una gerontocracia que se niega a ceder sus privilegios, la actual oposición al gobierno no está moralmente derrotada, porque la moral nunca fue una condición en sus actos. La inmoralidad rampante da sustento a Gálvez, Moreno, Cortés y sus impresentables acompañantes, como los prófugos Calderón, Anaya y Cabeza de Vaca.

Esos partidos se han mantenido en el poder a toda costa, inclusive asesinando a sus opositores. Quizá el recurso extremo del grupo que se aferra al poder fue la eliminación de su propio candidato presidencial en 1994. Y en la actualidad, sus émulos no vacilan en plantear otro escenario de inmolación como el que llevaron a efecto hace treinta años. Mientras tanto, otros integrantes de esa clase política corrompida saltan sin rubor al Movimiento de Regeneración Nacional y obtienen candidaturas para vergüenza ajena.

Urge una oposición moralmente sana, que balancee el panorama electoral de México y equilibre con ejemplos de integridad las opciones políticas en la república. Una oposición con postura ética, cuya impugnación al gobierno sea racional. Una oposición con ideología definida así sea de derecha y conservadora, que no esté dispuesta a brincar al bando de la “izquierda” sólo para conservar puestos de poder. Una oposición de conciencia, no una banda de tramposos que sólo consideran el crimen y la traición como medios para perpetuarse en el poder.