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Elizabeth Sánchez González , quien hasta hace un par de días fungía como Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) considera que su destitución es una intromisión de poderes fácticos y parte de una ‘persecución política’.
El pasado 2 de abril, la exconsejera fue inhabilitada por un año para ejercer cargos públicos por una sanción del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca por desvío de recursos
En su defensa Elizabeth Sánchez González expuso que la sentencia del Tribunal, impone efectos inmediatos a su sentencia vulnerando su propia normatividad y su derecho a la defensa.
En un pronunciamiento público dijo que esta sentencia se enmarca en una persecución política y administrativa que inició en su contra el encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, quien en septiembre de 2023, ordenó la suspensión temporal de la presidenta, por el presunto desvío de más de 19 millones de pesos (mdp).
Según la auditoría realizada por el Órgano de Control Interno del Instituto, la funcionaria habría incurrido en una infracción administrativa ya que al tener la titularidad del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, “no cumplió con las formalidades establecidas para el manejo del presupuesto asignado a este órgano electoral”.
En esta segunda vez, el contralor provisional Salvador Alejandro Cruz Rodríguez envío al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación ya había resuelto que no tenía todas las atribuciones plenas.
No obstante, el Tribunal—renovado recientemente en un proceso fast track— siguió y resolvió de manera inmediata, pasando por alto la resolución del Poder Judicial de la Federación.
Elizabeth Sánchez González considera que al contralor “ los intereses económicos le nublaron la vista”. Señala que solo se dedicó todo el 2023 y lo que va de este año para presionarla en la toma de decisiones administrativas, denostar su imagen y su desempeño en el cargo. Además de presionar a su equipo administrativo, sobre todo a las mujeres.
“Estos actos, durante la presidencia anterior, encabezada por un hombre, nunca tuvieron lugar”.
Hablamos de un Encargado de Despacho, designado por una Comisión del Congreso estatal
sin facultades para realizar ese nombramiento, por lo que todos sus actos son ajenos a la legalidad, abundó.
Hoy en día, los procedimientos han transitado de lo administrativo a lo penal.
Elizabeth Sánchez señala que hay una clara utilización política de las instancias judiciales, incurriendo incluso en hostigamiento, ya que el día 16 de abril el Juez de Control de Tanivet libró una orden de comparecencia y ese mismo día a la medianoche acudieron a su domicilio a tratar de notificarle sobre un citatorio judicial, con la clara intención de amedrentarla. Por lo que denunció la intención evidente de privar arbitrariamente de su libertad.
