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El Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado impuso una nueva sanción contra la ex presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, por presunto desvío de recursos públicos y comprobación indebida de 30 millones de pesos, y la inhabilitó por tres años.
Esta sanción impuesta contra la ex titular y la coordinadora administrativa del IEEPCO, Norma Isabel Jiménez López del IEEPCO el pasado jueves 24 de abril, es una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.
Estas decisiones para la exfuncionaria representan un ataque de violencia política. Están llenas de “vicios jurídicos y procedimentales” dijo la consejera inhabilitada por medio de un posicionamiento público.
“Este tribunal administrativo y combate a la corrupción es utilizado para obstruir el ejercicio de sus derechos políticos electorales”, afirmó.
La consejera presidenta inhabilitada responsabiliza de estos ataques al contralor interno del órgano electoral de Oaxaca, Salvador Cruz Rodríguez, a quien denunció públicamente por intentar removerla de su cargo en cuatro ocasiones.
La primera vez fue en septiembre de 2023, quien desde el IEEPCO y sin atribuciones, debido a que esa decisión solo compete al INE, intentó inhabilitarla.
La segunda el pasado 10 de abril, cuando el mismo contralor provisional la denunció ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado por presuntas irregularidades administrativas, de las que dijo ni siquiera no tuvo oportunidad de revisar el expediente.
Sánchez González destacó que el Tribunal ordenó que esta sanción cumpliera efecto al siguiente día de notificarle, a pesar de no haberse agotado sus medios de defensa como la Ley y los tratados internacionales lo señalan.
Sobre ésta, el INE presentó el 21 de abril un Incidente de Incumplimiento de Sentencia Urgente. La Consejera del INE Dania Ravel explicó en un hilo de su cuenta en la red social X , que se realizaron acciones en desacato a una sentencia firme y definitiva emitida previamente por el Tribunal Electoral de la Federación en la que precisó «con toda claridad la esfera de competencia en los concerniente al régimen de responsabilidades de las y los consejeros electorales de Oaxaca».
El tercer intento, abunda en su pronunciamiento Sánchez González, es esta nueva resolución de inhabilitarla por tres años que le fue notificada el jueves 25 de abril pasado.
Esta nueva inhabilitación por los magistrados de este tribunal administrativo—propuestos por el gobernador del estado en un proceso fast track en 2023— se da después de que el Juez Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca concedió un amparo a Sánchez González por una primera inhabilitación temporal de un año.
La consejera inhabilitada señala que Salvador Cruz Rodríguez inició un proceso penal en su contra por uso ilícito de atribuciones, como el cuarto y más reciente intento de obstruirla.
Sobre este proceso resalta se han presentado situaciones “atípicas”, una de ellas es que el Juez de Control de Tanivet programó la audiencia de imputación con “una prontitud inusitada” para el viernes, un día después de ser notificada y sin haber tenido acceso a su carpeta de investigación como es el derecho de cualquier persona imputada.
“Apenas hoy (viernes) a las 5:30 de la madrugada me fue entregada la carpeta de investigación de manera digital, la Fiscalía aduce imposibilidad física para entregarle de manera impresa la carpeta de investigación con unas 5 mil hojas”, explica la consejera inhabilitada.
La audiencia celebrada el viernes se extendió hasta el sábado por la madrugada. El Juez de Control le impuso determinó que Elizabeth Sánchez González representa riesgo para la sociedad, los testigos y la víctima (el contralor provisional Salvador Cruz Rodríguez) por lo que ordenó arraigo domiciliario.
En este contexto, Sánchez González ve inminente la posibilidad de que la priven de su libertad, por eso hace un llamado a la sociedad civil y a organismos internacionales para que observe las acciones de un sistema judicial y de justicia que debería protegernos de los abusos del Estado. Y aseguró que seguirá defendiendo sus derechos en las instancias correspondientes hasta encontrar justicia.
“Como indigena zapoteca y primera mujer designada por el INE ( único facultado para removerla) no permitiré que el abuso de poder e intereses personales de Salvador Rodriguez y como el Tribunal de Justicia impidan que ejerza mi cargo”, resume en su pronunciamiento.
