Los generales de la revolución ya instalada en el poder, con Plutarco Elías Calles a la cabeza, fundaron en México el Partido Nacional Revolucionario en marzo de 1929. Para junio de ese año su candidato a la presidencia de la república, Pascual Ortiz Rubio, estaba en cerrada competencia con el candidato del Partido Nacional Antirreeleccionista, José Vasconcelos. En noviembre, las elecciones le dieron la victoria a Ortiz Rubio (a quien todos, inclusive sus partidarios, veían como un títere de Calles).

El 5 de febrero de 1930 Ortiz Rubio asumió la presidencia en ceremonia oficial. Al salir ya investido, a Ortiz Rubio lo hirió en un carrillo una bala de las varias que le disparó Daniel Flores González. Aterrado, el mandatario se ocultó. Su jefe Calles aprovechó el atentado para perseguir a los partidarios de Vasconcelos, jóvenes estudiantes en su mayoría.

Eulogio Ortiz Reyes, comandante militar del Valle de México, coordinó la cacería de decenas de vasconcelistas. Maximino Ávila Camacho, hermano del que sería presidente de la república, ejecutó las capturas y encerró a los opositores en la hacienda de Narvarte, a las afueras de la ciudad de México, hasta que el 14 de febrero de 1930 ordenó amarrarlos de dos en dos, con alambre metálico, llevarlos cerca del pueblo de Topilejo hasta un paraje con un alto árbol y ahorcarlos a todos. Antes, obligaron a las víctimas a cavar sus propias tumbas.

Nunca se supo cuántos vasconcelistas fueron asesinados allí, pero el hallazgo de sus cuerpos mal sepultados permitió saber que fueron no menos de 60 y acaso más de cien. Así, el actual Partido Revolucionario Institucional inauguró su existencia con una imposición en la presidencia de la república, más la desaparición forzada y el posterior asesinato de decenas de estudiantes y opositores políticos.

A partir de esa matanza, el asesinato de jóvenes fue un recurso del régimen priista para reafirmar su poder. En 1940, para imponer a Manuel Ávila Camacho, el gobierno mandó matones a disparar contra las casillas electorales donde votaban partidarios de Juan Andreu Almazán. Los sicarios de Gonzalo N. Santos mataron a más de 150 personas ese día. En 1968 Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez ordenaron la oprobiosa masacre de la plaza de Tlatelolco, donde murieron no menos de 500 personas. Las matanzas organizadas por los gobiernos del PRI se sucedieron: en Guerrero, la de seguidores de Lucio Cabañas; en Oaxaca, la de indígenas triquis y la de indígenas loxichas; en Chiapas, las de Aguas Blancas y Acteal.

Al ocupar la presidencia el Partido Acción Nacional, no cesaron las matanzas de mexicanas y mexicanos, muchas de ellas atribuidas al crimen organizado pero con evidente tolerancia de los gobiernos panistas: las cientos de trabajadoras secuestradas y asesinadas en Ciudad Juárez; las violentísimas represiones de gobernadores priistas en Atenco y Oaxaca en 2006; la imprudente Guerra Contra el Narco de 2007 a 2012, que causó cientos de miles de muertes violentas en el país; las dos masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la matanza de entre 49 y 300 pobladores de Allende, Coahuila, entre muchas tragedias.

Al retomar el poder el PRI en 2012, culminó su infausto retorno con la desaparición forzada de 43 estudiantes en Guerrero y con la masacre de Tlatlaya en el Estado de México.

En 2024, estos partidos culpables de tantas matanzas trataron de volver a la presidencia de la república con una candidata que basó su campaña en interminables exigencias de verdad al régimen de Andrés Manuel López Obrador, mientras que su otro recurso propagandístico era mentir sin cesar sobre las responsabilidades de gobiernos priistas y panistas en la descomposición social que agobia a México.

Además del intento de descalificar por completo al régimen obradorista (el primero de izquierda en la historia mexicana), la campaña de mentiras, difamaciones y ocultamiento de la derecha pripanista llegó al grado de esquizofrénica oferta: el remedio para los males del país, criados y fomentados por los partidos olgárquicos desde 1964, era, en 2024, optar por los mismos partidos que favorecen sólo a unos cuantos de sus integrantes y secuaces.

La candidata del PRI y del PAN mintió una y otra vez al proponerse para la presidencia: se hizo pasar por indígena, por izquierdista, por feminista, por candidata ciudadana, por persona salida de una situación de pobreza, por experta en tecnologías… Una y otra vez se hizo pasar por lo que nunca fue para ocultar que forma parte de la oligarquía que hizo fortuna con los usos y costumbres de la cleptocracia mexicana.

Pese al absurdo evidente de sus falsas identidades, treinta por ciento del electorado optó por la candidata pripanista, designada en un proceso que manipularon los dirigentes del PRI, del PAN, del ya extinto PRD y de las cúpulas empresariales. Además, sus propagandistas más vociferantes fueron los ex presidentes panistas Fox y Calderón, junto con la “intelectualidad” y los periodistas antes privilegiados por los regímenes del PRI y del PAN.

Al final, de 99 millones 84 mil 188 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, más de 55 por ciento de votantes eligió a Claudia Sheinbaum. Es decir, más de 54 millones 490 mil personas. Por su parte, la protegida de Claudio X. González, del PRI y del PAN obtuvo no más de 28 por ciento de la votación, es decir, no más de 27 millones 744 mil votos. Inclusive en los votos emitidos en el extranjero, a los que apostaban con gran ahínco priistas y panistas, su candidata sólo obtuvo 86 mil 558, frente a 91 mil 522 votos obtenidos por Sheinbaum en consulados y embajadas del mundo.

El mismo día de las votaciones, el 2 de junio, la candidata del PRI y PAN anunció que las cifras de la votación no la favorecían. Sin embargo, este 4 de junio la aspirante vencida anunció que presentará impugnaciones al proceso electoral porque “todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos”.

Pero en el mismo mensaje, la perdedora reconoce:

“Confío en el conteo rápido del INE, es un ejercicio estadístico elaborado por los mejores científicos de datos del país”.

La esquizofrenia que evidencian los mensajes de la opositora y sus partidarios indican un problema de fondo: al basar su campaña en mentiras evidentes, que sostuvieron con encono, parecen acabar creyendo en la inexistente mayoría que garantizaba la presidencia para el PRI, el PAN y sus seguidores. Por ello, con base en la misma perspectiva incoherente, reconocen la confiabilidad de los resultados electorales, pero los impugnarán porque no son de su agrado. Un desprecio absoluto a los datos de la realidad.

La esquizofrenia que trastorna a la oposición estrepitosamente vencida, le hace creer que está autorizada a objetar la realidad. Esa escisión imaginaria debe cesar. No es sano para la oposición aferrarse a mentiras, como tampoco es sano para la sociedad en su conjunto que uno de sus sectores niegue las evidencias por las cuales la sociedad decidió quién gobernará la nación.