La periodista Soledad Jarquín Edgar salió nuevamente a denunciar la impunidad  que impera en el feminicidio de su hija María del Sol, a seis años de que la asesinaran en el municipio de Juchitán Oaxaca.

Decenas de mujeres, madres de víctimas de feminicidio e integrantes de organizaciones sociales se sumaron a la demanda de la periodista Soledad Jarquín, quien hizo un llamado  a los legisladores y legisladoras a actuar con responsabilidad y exigir cuentas a las autoridades involucradas en las omisiones que llevaron a cerrar de manera definitiva  la investigación sobre el asesinato de su hija.

Jarquín Edgar informó que el actual fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla se declaró imposibilitado de emprender la investigación ante la falta de pruebas y en diciembre pasado se determinó cerrar definitivamente la investigación.

Tres fiscales de Oaxaca: Rubén Vasconcelos Méndez, Arturo Peimbert Calvo  y el actual fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla conocieron el caso y llevaron la investigación pero nadie logró una sanción. 

Rubén Vasconcelos Méndez supo de nombres de posibles autores intelectuales y materiales se negó a ordenar las investigaciones necesarias, incluso ocultó la información, denunció la periodista.

El segundo fiscal  Arturo Peimbert Calvo optó por solicitar el sobreseimiento de la carpeta de investigación de manera parcial al encontrar, lo que llamó, 40 “errores”.  “Solo se trató de eso, de abrir una nueva carpeta, porque nadie más investigó”. 

Así llegó el caso con Bernardo Rodríguez Alamilla, quien finalmente, ante la falta de pruebas determinó cerrar definitivamente la investigación. 

Para la periodista estas acciones revelan las carencias profesionales y científicos de la institución y su personal. 

Las 13 balas que acabaron con la vida de su hija, el actuar de los funcionarios  de todos los niveles de gobierno y de los diversos poderes del Estado, dice, representan una serie de agravios para ella, y su familia, mientras que los responsables de enviar a su hija a Juchitán, o quienes debieron analizar el caso como delito electoral siguen sin recibir una sanción. 

“Vivimos con incertidumbre ante la ausencia de la verdad”.

Por ello, hizo un llamado al Congreso de Oaxaca para sancionar a la fiscal “especializada” en delitos electorales a Esther Araceli Pinelo López y el fiscal anticorrupción Jorge Emilio Álvarez Iruegas, como los fiscales generales, quienes dijo  fueron omisos con las demandas de justicia y “complacientes con los señores poder o de los poderes”.

Corresponde ahora al congreso local actuar con responsabilidad y exigir cuentas a estos funcionarios que esta semana se cumplen siete años desde que fueron electos. A la primera por no actuar con la debida diligencia en un caso de delito electoral y al segundo porque le tembló la mano para sancionar a funcionarios, evidentemente “solapó actos de impunidad, corrupción y complicidad”, declaró.

Este caso impune dice, es un ejemplo claro del fallido Estado de Derecho, y por tanto de la negación sistemática de la justicia y la verdad, que refiere,  no solo es contra su hija, y su familia, 

sino que por cada asesinato y por cada acto de negación de justicia hay un efecto directo en la sociedad. 

La sociedad es corresponsable también cuando permanece callada, cuando se convierte en observadora de los hechos, pensando que estos asesinatos sólo le ocurren a “las otras personas”.