La defensa jurídica del empresario Juan Antonio Vera Carrizal confirmó este jueves que fueron notificados de la resolución de la jueza María Antonia Esteva, del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca de dejar sin efecto la liberación del político priista, y fueron citados para una audiencia de debate el 21 de agosto de este año.

La audiencia de debate en el juicio oral es el desarrollo de un debate público, oral,  donde las partes tendrán la oportunidad de controvertir las pruebas presentadas, luego de los alegatos de conclusión la juez volvería a emitir el sentido del fallo ya sea condenatorio o absolutorio.

El abogado del exdiputado local, Edgar López García cuestionó la determinación de la jueza María Antonia Esteva, y la atribuyó a la intervención de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Berenice Ramírez Jiménez, quien ayer miércoles ordenó a la Visitaduría General de la institución una investigación en contra del juez José Gabriel Ramírez Montaño por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas en el caso.

“Es una decisión política y no jurídica», dijo la defensa del empresario, investigado en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero, un mes antes de que se entregara a las autoridades de justicia del estado.

“Desde este momento declaramos a Juan  Antonio Vera Carrizal como un preso  político, un perseguido político por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía del Estado”, comentó.

López García argumentó que la Fiscalía del estado no sustentó las pruebas contra su representado. “La decisión del juez dijo es una determinación justa, apegada a la ley”, agregó.

Durante la conferencia, en su pretensión de argumentar a favor del exdiputado priista, el abogado repitió al menos en dos ocasiones:

“Basta un pequeño berrinche de la víctima María Elena Ríos Ortiz para que la presidenta actúe violando todos los derechos que tienen los procesados”, comentó.

La  defensa jurídica informó que organizará  una manifestación pública, con diferentes oradores que darán a conocer lo que ocurrió, aunque no precisó la fecha.

“Estamos esperando la confirmación de algunas barras de abogados, y organismos de derechos humanos, oportunamente lo haremos saber cuando tengamos la respuesta, pero no vamos a dejar que transcurra mayor tiempo.