El sábado 31 de agosto último, durante la aplicación del Operativo Alcoholímetro en la jurisdicción del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, agentes de policía de esa municipalidad detuvieron al joven Diego Ignacio Paz, de 22 años de edad, y a su amigo Josué R. M. Los uniformados sacaron a los jóvenes del automóvil y los sometieron a una golpiza después de que los muchachos arrollaron con el auto a dos agentes policíacos al tratar de evadir el retén instalado sobre la avenida Lázaro Cárdenas.
En la detención, los policías municipales hicieron disparos de armas de fuego contra el vehículo, el conductor perdió el control y tuvo que frenar. Tras capturar a los jóvenes y golpearlos de manera brutal, uno o más elementos policiales dispararon contra Diego, quien falleció por las heridas. Josué fue trasladado a un hospital por lesiones de gravedad que le infligieron los agentes.
En los días siguientes la autoridad municipal de Santa Lucía del Camino guardó silencio. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que investigaba el caso, sin precisar lo que se supo de los acontecimientos y se dio a conocer en redes sociales. La familia del joven fallecido, en cambio, difundió que el joven fue asesinado por elementos policiacos. Medios de comunicación y redes sociales difundieron versiones parciales del suceso, culpando unos a los policías y otros a los jóvenes agredidos, ocultando a conveniencia los pormenores del incidente.
Sólo hasta el lunes 2 de septiembre las autoridades aclararon lo que ocurrió en el operativo alcoholímetro del 31 de agosto en Santa Lucía del Camino. La FGEO informó que detuvo al policía municipal Abraham R. P. como presunto responsable del homicidio del joven Diego, estudiante de la Universidad Anáhuac local. La Fiscalía también manifestó el aseguramiento de un arma, a fin de investigar si fue empleada para disparar sobre el occiso.
Por su parte, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, informó el mismo 2 de septiembre que aceptó la renuncia de su director de Seguridad Pública, Marcos Fredy Hernández López, para sustituirlo por el comandante Antonio Santiago Blanco. Asimismo, el edil indicó que cesó de sus funciones al comandante de turno, Miguel S. S., al sub oficial Cristóbal V. G., al policía segundo José E. G. R. y a la oficial Gilda B. A. R.
Al informar sobre el suceso, el secretario de Gobierno Jesús Romero López declaró el 2 de septiembre que el gobierno del estado “analiza la posibilidad de que sea la Policía Vial Estatal la responsable de aplicar el operativo Alcoholímetro en los municipios del estado” pues “quienes aplican este instrumento para determinar el nivel de alcohol, carecen de capacitación, infraestructura necesaria e incumplen con un protocolo establecido”.
El secretario de Gobierno, en su intervención ante medios informativos, expuso el preocupante fondo de este crimen, que va más allá de un operativo mal ejecutado: el funcionario señaló que la revisión a conductores conocida como alcoholímetro “en su origen buscaba evitar accidentes y pérdidas de vidas humanas, se convirtió en un medio de recaudación y extorsión en los municipios”.
Según lo manifestado por familiares del joven ejecutado extrajudicialmente, su fuga del retén respondió al intento de extorsión de los encargados del operativo. El secretario de Gobierno oaxaqueño, en su declaración, parece confirmar esa versión, pues recordó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca “ha emitido diversas recomendaciones a varias autoridades municipales a partir de quejas interpuestas por la ciudadanía derivado de los abusos cometidos por elementos de las Policías Municipales y el abuso de autoridad en diversos operativos de alcoholímetro”.
“No es posible que se extorsione a la ciudadanía con los alcoholímetros, una buena medida la pervirtieron”, subrayó el funcionario estatal, tras puntualizar que entre los municipios señalados de abusos por la Defensoría se cuenta Santa Lucía del Camino, con 25 expedientes vigentes hasta finales de junio. Sin embargo, las recomendaciones de esa instancia no surten ningún efecto en esa autoridad municipal.
La policía municipal de Santa Lucía del Camino es señalada constantemente por sus abusos y brutalidad. En un caso que permanece sin sanción, hace siete años, el 5 de agosto de 2017, la fuerza pública de ese municipio detuvo por la noche a Ceferino Soriano Morales, acusado de faltas administrativas.
La revista Proceso, en su reportaje correspondiente al caso, relata que a la mañana siguiente de la detención, el padre de Ceferino acudió a la cárcel municipal para entregarle alimentos a su hijo preso, pero no le permitieron verlo, con el pretexto de que era cambio de turno en el calabozo municipal.
Por la tarde, la familia de Ceferino se sorprendió cuando el empleado de una funeraria fue a solicitarles que identificaran a su hijo, “el que estaba detenido”. En las instalaciones municipales, a los familiares les expusieron que el hombre falleció “de un paro cardiaco por abstinencia de droga”. Sin embargo, hallaron que el cuerpo mostraba huellas de golpes y “el antebrazo está casi desecho y completamente quemado. Está despellejado porque lo dejaron tirado en el sol”.
El reportaje de Proceso expuso que el cuerpo de Ceferino presentó “contusiones, estallamiento de bazo y hemorragia interna”.
Casi cinco años después, el 5 de junio de 2021, el ex policía Felipe Alejandro M. G. fue detenido por la muerte de Ceferino. Al dar a conocer la detención, las autoridades recordaron que el ex agente Felipe Alejandro es sospechoso de haber sido uno de tres elementos policíacos que “entraron a la celda del detenido y le propinaron tremenda golpiza porque desde meses atrás lo estaban buscando por diversos delitos”.
La muerte de Ceferino Soriano Morales en 2017 probablemente fue a causa de una venganza de los policías municipales. A similar represalia parece haber respondido la ejecución extrajudicial de Diego Ignacio Paz en este 2024.
Dos homicidios perpetrados por la misma corporación policiaca en un lapso de siete años, a los que se suman cerca de un centenar de abusos de autoridad a lo largo de ese tiempo, en uno de los municipios más pequeños de Oaxaca, conocido porque sus autoridades se enriquecen autorizando el funcionamiento de “giros negros” que afectan a la comunidad conurbada, prácticamente absorbida por la capital oaxaqueña.
Y aunque este trágico suceso debiera apremiar a las autoridades a capacitar a sus fuerzas policiales en la resolución pacífica de conflictos (entre otras habilidades de las que carecen), la respuesta del secretario de Gobierno estatal apunta a que sólo será pretexto para que el indebido negocio del “Operativo Alcoholímetro” enriquezca a funcionarios estatales en vez de autoridades municipales.
Desde el 31 de octubre de 2023, el director de la Policía Vial Estatal, Toribio López, ofreció que buscaría, con el respaldo de la Cámara de Diputados local, emitir una regulación para evitar los abusos en los operativos de alcoholemia, ante la protesta de los Colegios y Barras de abogados estatales contra “los excesos cometidos por policías viales de los municipios que violentan derechos humanos, al aplicar operativos alcoholímetro fuera del marco de la ley, y que rebasan las normas establecidas a nivel nacional e internacional”.
En aquella ocasión, el periodista Óscar Rodríguez detalló que los abogados se quejaron porque “se cometen agresiones, golpes y hasta torturas en los centros de detención llamados ‘toritos’, además de excesos diversos en los cobros por multas”.
El periodista precisó que las denuncias de las agrupaciones de juristas destacaron en esa protesta de 2023 “los casos de la ciudad de Oaxaca, el municipio de Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Cruz Amilpas, donde las multas oscilan entre los ocho mil, diez mil y hasta 40 mil pesos de forma inconmutable”.