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“La policía no me cuida”, escribieron con aerosol violeta las indignadas participantes en una marcha del 8 de marzo, sobre el letrero de una óptica al final de la avenida Pino Suárez, en la capital de Oaxaca, y ahí permanece la pinta; la única no borrada en los muros de la cuadra que hace meses mostraban diferentes denuncias, desvanecidas con premura por los dueños de casas.
En estos días cuando numerosas voces claman por la aparición con vida de la abogada Sandra Domínguez Martínez y su pareja Alexander Hernández Hernández, cobra ominosa actualidad esa pinta solitaria en un muro, muy cerca del paseo Juárez El Llano, sitio en que coinciden innumerables personas en la capital de Oaxaca.
En el lapso de tres años a la fecha han desaparecido sin dejar rastro tres activistas oaxaqueñas que defendían derechos humanos: Claudia Uruchurtu Cruz, el 26 de marzo de 2021; Irma Galindo Barrios, el 27 de octubre de 2021; Sandra Domínguez Martínez, la más reciente víctima, despareció el 4 de octubre de este año, junto con su compañero Alexander.
Las tres mujeres desaparecieron después de cuestionar a autoridades estatales que, en vez de guardar la conducta responsable a que las obliga la ley, reaccionaron con amenazas y violencia política.
Hace tres años, Claudia Uruchurtu participó el 26 de marzo en una protesta contra la entonces presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, cercana al gobernador Salomón Jara. Ese mismo día Claudia fue “levantada” y no se la ha vuelto a ver.
La entonces edil y tres empleados suyos del ayuntamiento de Nochixtlán fueron declarados culpables de la desaparición forzada de Uruchurtu el 12 de agosto de 2022, pero en enero de 2024 el juicio contra la ex munícipe y sus cómplices fue anulado a instancias del gobierno estatal, y a la fecha no se sabe si la desaparición de la joven tendrá castigo.
Irma Galindo había denunciado desde 2019 que personas cercanas a autoridades del municipio de San Esteban Atatlahuaca la amenazaron de muerte. Después de ocultarse durante más de un año, la activista reapareció para pedir que cesaran los ataques de Atatlahuaca a las comunidades de Ndoyonoyuji, Mier y Terán y Guerrero Grande, en la Mixteca oaxaqueña.
Para resguardarse de sus perseguidores, Irma Galindo acudió en octubre de 2021 a la Ciudad de México a pedir medidas de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 27 de octubre de ese año fue vista por última vez en la estación del metro Barranca del Muerto. No ha reaparecido.
Sandra Domínguez denunció en 2020 la existencia de un chat de redes sociales llamado “Sierra XXX” en el cual un grupo de individuos publicaba con comentarios ofensivos fotos de mujeres desnudas de la etnia mixe, sin el consentimiento de las expuestas. Cien hombres compartían ese chat, entre ellos dos políticos del partido Morena: Donato Vargas Jiménez, entonces precandidato a diputado por Ayutla, y Pablo Díaz Jiménez, actual diputado por Ayutla.
Aunque la denuncia contra Vargas Jiménez le impidió convertirse en diputado, su padrino político Salomón Jara, al obtener la gubernatura, lo nombró integrante del gabinete estatal como Coordinador de Delegados por la Paz. No importó que el 26 de marzo de 2023 Vargas Jiménez fuera exhibido en una videograbación donde se le veía revolcarse en el suelo en medio de un grupo de personas que le vertían mezcal de una garrafa, directo a la boca.
Tampoco importó que Donato Vargas fuera denunciado en 2023 como reincidente violador de la Ley Olimpia por su uso de un chat de redes sociales llamado “Mega peda”, en el cual comete “cosificación de los cuerpos de las mujeres, pago de servicios sexuales, intercambio de fotografías con contenidos sexuales sin consentimiento de las víctimas, misoginia y violencia contra las mujeres”, según denuncia de las colectivas Red de Mujeres Mixes Mariposas, Consorcio Oaxaca y Red Nacional de Abogadas Indígenas.
Con la desaparición de Sandra Domínguez las denuncias y exigencias de investigación sobre Donato Vargas cobraron nueva fuerza. Enseguida, el secretario general del gobierno del estado, Jesús Romero López, manifestó al diario internacional El País: “Si Donato Vargas generó esos comentarios, hubiera tenido una sanción, en ningún momento se demostró que él fuera el creador del grupo” […] “Desconozco en qué marco participó, y si generó comentarios misóginos o sexistas, esa parte no fue notificada a nosotros”.
En la misma entrevista, el secretario Romero López trató de vincular a Alexander Hernández con grupos delincuenciales: “Circula en redes sociales, y se está verificando la información, un video donde esta persona agrede a una mujer y le dispara a una persona integrante de la comunidad lésbico gay, que atendía un bar en María Lombardo”.
Ante las declaraciones de Romero López, la familia de la desaparecida y las agrupaciones defensoras de derechos de las mujeres exigieron no criminalizar ni revictimizar a Sandra Domínguez por supuestos vínculos con grupos delictivos, reclamo que respaldó la diputada local Aracely Cruz desde su curul legislativa: “Exijo que Jesús Romero y el gobierno de Oaxaca dejen de revictimizar a la activista Sandra Domínguez”.
El gobierno oaxaqueño, por medio de su vocero, vuelve a complicar innecesariamente un caso de abuso de autoridad con responsabilidad criminal, en este caso, el posible feminicidio de la abogada Sandra Estefana Domínguez Martínez. No aprende el gobierno oaxaqueño la lección que recibió apenas el 31 de agosto de este año, cuando policías del municipio de Santa Lucía del Camino trataron de extorsionar y asesinaron al estudiante Diego Ignacio Paz, para después acusar al joven de agresión contra elementos policiacos.
Dos ex policías del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino están bajo proceso desde septiembre último por el asesinato del joven Diego. La ex alcaldesa de Asunción Nochixtlán y sus tres ex empleados están bajo proceso desde 2023 por el secuestro y la desaparición de Claudia Uruchurtu. Ninguna autoridad de Atatlahuaca ha sido procesada por la desaparición de Irma Galindo, pese a las reiteradas denuncias de la activista, de sus familiares y compañeros activistas. Por la desaparición de Sandra, ¿qué autoridad responderá?
“¿Quién vigila a los vigilantes?”, se preguntó en el umbral del siglo II de nuestra era el poeta satírico Juvenal. Al adentrarnos en el siglo XXI, en Oaxaca nos vemos forzados a hacernos de nuevo la misma pregunta. Nos obliga a ello la corrupción remachada con violencia de las autoridades que prometen una “primavera” pero parecen dedicadas a perpetuar el invierno pertinaz entre quienes les reclaman sus nocivas acciones.
Hasta el momento, los vigilantes no han cumplido con su tarea en la entidad oaxaqueña. La consigna que permanece en el muro cerca del parque El Llano enuncia una verdad perturbadora: “La policía no me cuida”, ni nos cuida como sociedad en Oaxaca. Más bien, la lección de los últimos tres años es que, como ciudadanía, debemos cuidarnos de las autoridades y sus acciones represivas.