Los padres y madres de familia de la comunidad indígena de Guadalupe Victoria, del municipio de San Juan Juquila Mixes, acudieron a la Justicia Federal para solicitar amparo ante la falta de los servicios educativos y de salud.
Ubicada al noreste del estado de Oaxaca, la comunidad informó por medio de un comunicado que desde el año 2017 se quedaron sin estos servicios por lo que confían en que, a través de este mecanismo legal, la Justicia Federal les conceda el amparo y la protección para que a la brevedad posible se retomen las actividades.
La asamblea de Padres de Familia de la Escuela “Preescolar Indígena “VIDA INDÍGENA”, Escuela Primaria General registrada con el nombre de: “PROGRESO”, y Escuela Telesecundaria, con CLAVE: 20DTV0975R de Guadalupe Victoria Mixe, consideran que limitarlos de estos servicios en pleno siglo XXI limita los derechos humanos de la comunidad de Guadalupe Victoria, Mixe y las garantías para su protección, cuyo ejercicio no debería restringirse ni suspenderse.
En relatoría explican que desde el mes de agosto de este 2024, el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, acudió a Guadalupe Victoria, Mixes con representantes de otras instituciones del Gobierno y anunció en la asamblea comunitaria el regreso a clases y la reapertura del Centro de Salud, entre otras cosas, toda vez que eran derechos humanos que no podía seguirse postergando y que a más tardar en 20 días se reactivarían los servicios de educación y salud.
Sin embargo, a la fecha no han cumplido su palabra. “La esperanza sembrada en los niños, niñas y adolescentes y nuestra comunidad indígena se ha ido consumiendo al paso de los días”, manifiestan.
La comunidad recuerda al Gobierno de Salomón Jara Cruz que en su toma de protesta juró para respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, juramento que, dice, han violentado, particularmente lo que señala en el artículo 1º referente a los derechos humanos.
Las madres y padres de familia también hacen un llamado a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y las Organizaciones de la Sociedad Civil Defensora de Derechos Humanos, para que estén atentos a este proceso, por cualquier acción o represión que deriven en su contra por exigir respeto y cumplimiento a los derechos humanos de la población y de la niñez indígena de esa comunidad.