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Fiscalía detiene a expresidenta de Santa María Huazolotitlán por otorgar permisos para el servicio de transporte público

La Fiscalía de Oaxaca detuvo a la ex presidenta municipal, de Santa María Huazolotitlán Vilma Reyes Martínez,  por otorgar permisos para el servicio de transporte público

De acuerdo con la Fiscalía, la detención se dio a partir de una denuncia recibida en contra de la ex edil. La investigación quedó a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

Las indagatorias, aseguró la institución, revelaron la existencia de permisos para circular para el transporte público, los cuales estaban firmados por el Ayuntamiento de Santa María Huazolotitlán durante el periodo que ella era presidenta de dicho municipio.

La institución señaló que eso constituye un delito pues los municipios carecen de facultades legales para emitir este tipo de documentos.

“La Fiscalía de Oaxaca obtuvo una orden de aprehensión liberada por el Juez de Control, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se dieron a la tarea de localizar a V. S. R. M., quien fue detenida y presentada ante la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica”

El 6 de marzo pasado también fue detenida la ex presidenta municipal de Mártires de Tacubaya, por presunta posesión de drogas y fue vinculada a proceso por delitos contra la salud el jueves 13 de marzo.

De acuerdo con el expediente penal, la detención se realizó durante un recorrido de vigilancia que realizaban las fuerzas de seguridad en inmediaciones del municipio de Mártires de Tacubaya, cuando agentes estatales se percataron que la mujer, quien se desempeñó como presidenta municipal de esa localidad en el periodo 2016-2018, mostraba una actitud sospechosa cuando se trasladaba en una motocicleta con otra persona, la cual se dio a la fuga.

La mujer fue detenida por elementos de seguridad, quienes realizaron una inspección que permitió encontrar en sus pertenencias diversas dosis de drogas de la droga conocida como cristal..

Después de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Juez de la causa determinó la vinculación a proceso por el delito contra la salud en agravio de la sociedad, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un mes para el cierre de la investigación.

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