El Partido del Trabajo impulsa desde el Senado cambios a la Ley General de Educación para prohibir el uso de celulares, tabletas electrónicas y relojes inteligentes de uso personal dentro de los planteles de educación básica.
La propuesta que plantea reformar los artículos 42 y 84 de dicha norma legal, no incluye a las alumnas y alumnos de educación especial.
La diputada María Isidra De la Luz Rivas (PT) resalta que las horas de clase que tienen las niñas y niños de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) son vitales para su aprendizaje y conocimiento, a fin de fomentar el adecuado desarrollo y adaptación a su entorno educativo, cultural y social.
Las aplicaciones y plataformas, agrega, representan distracciones para las capacidades de aprendizaje, pero también implican amenazas a la privacidad de sus datos. “No existen limitaciones a estas distracciones, por lo que los estudiantes quedan expuestos, incluidos sus datos personales”.
Precisa que las distracciones tecnológicas incluyen toda red social, llamadas, notificaciones, mensajes de texto, videos y búsquedas que limitan el tiempo destinado a poner atención a las clases e influyen en un bajo rendimiento académico y, en caso de un uso excesivo, puede generar ansiedad.
El documento refiere que la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), recomienda prohibir el uso de celulares y smartphones en todas las aulas para evitar que alumnas y alumnos se distraigan en su aprendizaje, porque basta con tener un teléfono cerca para desconcentrar a estudiantes, derivado de revisar redes sociales, contestar mensajes o notificaciones y pueden tardar hasta 20 minutos en volver a centrarse en su aprendizaje.
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que menores de dos años no usen pantallas y que las y los niños de 2 a 5 años no las utilicen más de una hora al día; de 5 a 17 años, limitarlas dos horas al día. Algunos de los efectos del uso excesivo son problemas de conducta, trastornos del sueño, depresión infantil y ansiedad, dificultad para procesar el aprendizaje y la lecto-escritura, así como impacto en el desarrollo del cerebro.
La iniciativa menciona que 79 países han prohibido o limitado el uso de celulares en las escuelas, entre los que se encuentran España, Francia, China y Estados Unidos.
Ante ello, la reforma plantea que la prohibición del uso de celulares y otros aparatos, no debe considerarse para la educación especial, ya que es una modalidad que se adapta a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, los de aptitudes sobresalientes o con dificultades de aprendizaje.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación de este órgano legislativo.