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PRIMERA PARTE
Cuando tenía solo siete años, Norma González Jiménez encontró en una caja de cartón llena de libros, un título que le llamó la atención: Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Desde entonces su interés por conocer sus derechos y el de las personas de su entorno creció hasta el punto de consolidar junto con otras abogadas y abogados una asociación que actualmente es referente nacional en la defensa de los derechos indígenas.
En ese tiempo había migrado a Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca con su madre y su padre, quienes decidieron prestar sus servicios como profesores de educación indígena en esa localidad y establecerse allí definitivamente. Vivía en una casa de madera con piso de tierra, que con el tiempo sus padres transformaron en una casa de adobe, pues el abuelo les había regalado una parcela para construir su hogar. También en ese entonces se conectó con sus raíces y comenzó a hablar el tu’un savi o mixteco, sin imaginar que esos dos acontecimientos marcarían su trayectoria profesional.
Sin tener un referente de lo que significa ser abogada, porque en Santa María Yucunicoco los únicos referentes eran el cura, el maestro y el médico, a los 11 años comenzó a leer algunos folletos, sobre los derechos indígenas y el zapatismo, que llegaban a la parroquia de la comunidad, así supo de un sistema jurídico y un sistema de protección para las comunidades indígenas.
Norma González Jiménez ( Tlaxiaco, Oax- 1981) fue de las primeras abogadas con especialidad de su generación. Mientras estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fue invitada, junto con un grupo de estudiantes, por la entonces Procuraduría para la Defensa del Indígena para ser intérprete, “Hacíamos el trabajo gratuitamente, pero llegó otra administración y nos dijeron que ya no se requería de nuestros servicios”.
Su interés en esta labor no desistió, por el contrario. En 2005 se agrupó con profesionales indígenas y formaron el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (Cepiadet ) con la intención de abonar a un sistema de justicia. “Lo que queríamos es que se nivelara un poco en el tema de justicia esas desigualdades que el mismo sistema producía al no nombrar intérpretes en los procesos judiciales y también queríamos especializarnos como defensores bilingües”.
La abogada mixteca, fundadora de la organización pionera en el tema de los derechos lingüísticos en el país, ha impulsado en colectivo la formación de personas intérpretes y desarrollado herramientas para el acceso a la justicia de las personas indígenas, no solo en Oaxaca sino en otros estados de la República, así lo reconoció el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación al entregarle en 2024 el reconocimiento institucional por su labor comprometida con los derechos de las personas y los pueblos indígenas en el país y su contribución en la construcción de un sistema de justicia más inclusivo.
La formación de González Jiménez como abogada con estudios en antropología social, técnicas de litigación —fundamentales en el sistema acusatorio—, la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial en el que se desarrollan las audiencias y el juicio oral, cómo se conoce comúnmente, así como su especialización en defensa penal federal, ha servido para fortalecer su desempeño en la Defensoría Pública Federal y le permiten hoy contender con seguridad para ser magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito, es decir en el Circuito del estado de Oaxaca. Norma González Jiménez está convencida de que hay una tarea inacabada en el tema del Derecho indígena en el acceso a la justicia.
Pregunta. ¿Empezó muy joven, qué fue lo que vio en ese sistema de justicia?
Respuesta. Lo que veíamos era que las personas realmente estaban en un estado de indefensión, porque pasaban como hablantes del castellano cuando en realidad eran monolingües, solo hablaban su lengua materna, ahora decimos que pasaban por un proceso de “blanqueamiento en el expediente”, porque no tenían o no querían tomarse la molestia de nombrarles intérpretes.
P. ¿Todavía subsisten esas prácticas?
R. Sí, todavía el Estado no ha destinado recursos para pagarle a los intérpretes para formarlos, porque se requiere un proceso de formación. Es necesario conocer el sistema, los tecnicismos del sistema de justicia, pero también las lenguas, por eso como aspirante estamos pugnando porque los jueces y las juezas hablen un lenguaje más ciudadano en las audiencias, porque si solo pueden exponer su versión de los hechos en su lengua indígena y a eso le agregamos el obstáculo de que no hay intérpretes, entonces la justicia se hace lejana, fría, en contra de las personas indígenas. “Esa simulación” de que no hablan lenguas indígenas subsiste todavía. Nosotros (el equipo de pasantes e intérpretes) queríamos servir de manera gratuita, pero ninguna institución nos quiso por eso formamos la asociación.
P. ¿Por qué no había esta formación, ustedes fueron de los primeros en el país en trabajar en esta especialización?
R. Probablemente no fuimos los primeros, pero sí hemos logrado ser los más consolidados, somos indígenas trabajando para personas indígenas. La mayoría de las organizaciones son personas no indígenas que brindan un servicio a esta población. Los objetivos de Cepiadet han sido genuinos y por eso permanece, por esa congruencia en sus principios.
La asociación recibió en 2024, el premio por la Igualdad y la No Discriminación por su labor con los derechos de las personas indígenas en el país y su contribución en la construcción de un sistema de justicia más inclusivo, así lo manifestó la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación al entregare el galardón.
Con el tiempo, los objetivos de la defensora pública federal e integrante de Cepiadet se fueron ampliando.Ahora la meta es otra. “Queremos consolidar un Estado pluricultural, que contemple y respete la diversidad cultural, donde las políticas públicas giren en función de esa identidad, sobre todo porque somos 70 por ciento de la población las que conformamos este estado.
P. ¿Qué deficiencias o errores has visto en el sistema que podrían corregirse ?
R.He visto que hay áreas muy sensibles como la médica y el área de justicia, dónde no se han destinado recursos, el problema es que no hay una ley que obligue a las instituciones, lo que se ha hecho son acciones aisladas y quizá tiene que ver con la voluntad de los titulares de la instituciones, pero no hay un esfuerzo jurídico y económico para proveer de intérpretes a esas áreas y que lleguen a los juzgados.
P. ¿Por qué ha pasado esto?
R. Tiene que ver con un racismo institucional, se crean leyes para reconocer nuestros derechos, pero en realidad hacen falta las estructuras para que se hagan efectivos, esfuerzos, dinero y una legislación encaminada a cumplir para hacer valer estos derechos. El estado pluricultural no existe, a través del sistema de justicia nos quiere forzar a apegarnos a otros criterios. El derecho a la autoadscripción y al intérprete son los más violados en el sistema de justicia, hay quienes les piden a las personas renunciar a estos con el argumento de que así puede ser más fácil su proceso, aunque la autoadscripción es un derecho llave, si se autoadscriben tienen derecho a un defensor en su lengua, los jueces y juezas deben tomar en cuenta la especificidad cultural en el proceso, para resolver tomando en cuenta ese contexto.
P. ¿Qué porcentaje hay con este perfil, por qué es importante un defensor indígena, jueces o magistrados dentro del sistema de justicia?
R. Sí hay abogados indígenas, pero no todos accedemos a ser jueces ni magistrados ni ministros, por eso es urgente que la justicia federal tenga estos perfiles porque si o si, es una diferencia fundamental que hablemos las lenguas y que vengamos de esos contextos, porque si no es muy difícil que los jueces comprendan una estrategia enfocada en el sistema normativo y será más complicada una justicia inclusiva.
Como abogada indígena a veces nos cuesta que el juez comprenda algunas cuestiones del sistema normativo, porque las diferencias culturales no siempre son consideradas en la justicia, no siempre son oídas. El juez a veces solo oye la información que requiere, sobre todo cuando hay jueces o magistrados que vienen de otros estados. Muchos de ellos no llegan sensibilizados, no llegan con conocimiento de los sistemas normativos, inclusive los combaten.
Leí apenas una sentencia del 2000 en donde un juez federal dijo que era inconstitucional el tequio porque no había que forzar a nadie a trabajar, posteriormente el asunto llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se consideró inconstitucional porque el artículo 5° Constitucional establece el derecho a la libertad de trabajo y a recibir una remuneración justa, es decir a nadie se le puede forzar a trabajar. Pero al comentarle esto a las comunidades indígenas, su respuesta fue: «¿Cómo va a ser inconstitucional si es nuestra forma de organizarnos para el trabajo?”. Aunque tenga quizá un origen colonial, lo cierto es que esta práctica refuerza la comunalidad y no están de acuerdo en que se declare inconstitucional. A pesar de eso, el tequio sobrevive. Entonces, vemos que uno de los principios más violados es el de interculturalidad que también es un derecho de las comunidades y las personas indígenas. Es por eso que sí se requiere que los abogados vengamos y representemos también esa diversidad en la Judicatura.