Organizaciones y colectivos se pronunciaron este viernes en contra de la desaparición de la Sala indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca que presuntamente aprobaron legisladores y legisladoras del Congreso local.
Esta medida es «autoritaria , unilateral y violatoria de los derechos humanos», manifestaron en un comunicado.
Las organizaciones y colectivos consideran que a este escenario se suma la imposición de una constitución estatal que busca perpetuar la presencia del grupo de interés que administra Oaxaca.
“Se sigue la lógica de la «austeridad republicana» cuando en el Poder Judicial estatal las necesidades son apremiantes, como históricas”, destacan en su pronunciamiento frente a esta reforma celebrada recientemente por el partido Morena.
Las organizaciones y colectivos firmantes, entre ellos, el Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), Servicios del Pueblo Mixe (SER), Las consejeras en Oaxaca, Luna del Sur A.C., Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A.C. y Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, por mencionar algunas, señalan que para dar la debida atención y certidumbre se requiere que el mismo personal de confianza como sindicalizado mejoren sus sueldos y prestaciones.
La maestra Claudia Azucena León Miranda, Docente universitaria e investigadora afirmó que esta desaparición es un retroceso, una contradicción a la reforma constitucional emitida en septiembre del año pasado en el congreso federal, “un machetazo a los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca».
En tanto el activista, escritor e integrante de Servicios del Pueblo Mixe, Daniel Moreno comentó: «La falta de ética, profesionalismo y de técnica jurídica es evidente en los diputados de Oaxaca que integran la actual legislatura, sólo levantan la mano para aprobar dictados violatorios de derechos sociales como garantías individuales «.
El abogado y defensor ambiental Ellioth Escobar considera que es una reforma anticonstitucional, violatoria del artículo 2, de los convenios internacionales que el mismo estado mexicano firmó.»La sala indígena es un referente a nivel nacional e internacional porque ahí se dirimen conflictos como la protección a 418 municipios de usos y costumbres, o normativos», expuso.
En esta Sala se han obtenido sentencias a favor de agencias municipales en la ministración de recursos del ramo 28 y 33 , además de generar condiciones para la mediación entre comunidades, como garantizar el debido proceso en las lenguas maternas diferentes del estado.
Escobar señala que con dicha reforma el congreso estatal en Oaxaca, cerró las puertas a los pueblos indígenas, por esa visión colonial, vertical y expoliadora.“Es momento de los mecanismos alternativos en solución de conflictos, como el diálogo comunal entre colectividades y personas”, sugirió.
Ante esta acción de los legisladores, la Red de Radiodifusoras Comunitarias Independientes, Ser Mixe, Centro de Derechos humanos Tepeyac, Colectivo popular El Sur Resiste, entre otras organizaciones más, determinaron lanzar una campaña de difusión en todos los pueblos indígenas de Oaxaca, ante tal medida contra la administración de justicia a las poblaciones y personas más vulnerables.
A nivel nacional, la magistrada Lenia Batres Guadarrama dijo que al suprimir la Sala Indígena, el Congreso de Oaxaca ha echado por tierra un logro histórico en la lucha de los pueblos y comunidades indígenas.
“Me entero de la aprobación de la reforma judicial en el estado de Oaxaca» señaló Batres en X. Además aseveró «representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
Batres Guadarrama se sumó a la petición de corregir este error.“Confío en que el Congreso del Estado de Oaxaca pueda enmendarlo antes de que se realice la elección de personas juzgadoras”.
