El Senado de la República impulsará una iniciativa ciudadana de ley general del agua, elaborada por legisladores, organizaciones sociales y expertos, a fin de garantizar la rectoría del Estado sobre su uso, distribución, y su protección frente a riesgos como sobreexplotación y el llamada fracking.
La presidenta y secretaria de la Comisión de Cambio Climático, las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Luz María Beristain Navarrete, respectivamente, anunciaron lo anterior al presidir el II Coloquio Nacional Agua Subterránea en México, que se realizará hasta el 13 de noviembre en el Senado.
Garza Galván, de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó una propuesta del Ejecutivo federal de Ley General del Agua, que contenía “graves problemas” al establecer su privatización para la vida humana, y el desarrollo social y económico.
La legisladora Beristain Navarrete, por su parte, enfatizó la importancia de que en el Senado se retome la discusión sobre una nueva Ley General del Agua, y confió en que la propuesta ciudadana sea abordada en sesiones durante el primer semestre de 2016.
El director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Felipe Arreguín Cortés, dictó una conferencia en la que advirtió que México enfrenta grandes retos en torno el uso del líquido, sobre todo en lo referente a las políticas de explotación del gas y aceite de lutitas.
Propuso que se conformen nuevas normas para un manejo integral de los acuíferos, así como la extracción de agua para labores mineras, y revisar el ecosistema, “esto es un tema que no puede quedar fuera de la nueva ley”.
“La nueva ley debe considerar que el agua es un bien vulnerable y finito, con un valor social y económico importante. Tenemos qué hacer algo, el agua es un elemento estratégico, de desarrollo, por lo que la conservación, preservación, protección, distribución y calidad, es un asunto de seguridad nacional”, concluyó.
En lo anterior coincidió Andrew Stone, integrante del Fondo de Agua Subterránea en América y director de la Asociación Internacional de Hidrólogos, al sugerir que antes de otorgar permisos para el uso de nuevas tecnologías en la explotación de recursos petrolíferos, se hagan valoraciones sobre el impacto ambiental y sobre la calidad del agua.
En el Congreso mexicano se tiene la responsabilidad de legislar sobre el uso del agua subterránea, pues ésta representa la riqueza guardada con la que cuenta para garantizar el bienestar de su población y el desarrollo sustentable tanto en lo ambiental, como en lo social y económico, del país dentro del concierto internacional, finalizó.