Rocío Flores
OAXACA, Oax. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó este viernes su acción de inconstitucionalidad contra de la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública.
La CNDH destaca que el contenido de la acción promovida es producto de un proceso de diálogo y debate que para su formulación se llevó a cabo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional
El coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sanchez, hizo entrega al máximo tribunal del país el recurso contra la legislación promulgada por el presidente de la República Enrique Peña Nieto en diciembre pasado.
El documento impugna distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior, que, de acuerdo con la CNDH, generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de la población mexicana, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
Entre los múltiples argumentos referidos en la acción de inconstitucionalidad se discuten las cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares, lo que contraviene los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, señala que la Ley de Seguridad Interior pretende redefinir y jerarquizar los conceptos de Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que se hace de los mismos a nivel constitucional.
Por otro lado, la CNDH advirtió que la ley posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo pueda ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado al combate a la inseguridad.
En opinión de este organismo nacional, la ley en sus términos actuales no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas.
Esta acción se suma a de la controversia promovida por el Ayuntamiento de Cholula, Puebla, la presentada anteriormente por diputados federales, senadores y la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que interpuso este viernes para impugnar los artículos 9 y 31 de la LSI .
El texto íntegro se encuentra disponible en la página web de ese organismo .