Evlin Aragón/
Pese a su prohibición y señalamiento a nivel internacional, la tortura sigue siendo utilizada en Oaxaca, como una medida para castigar, quebrar la resistencia y destruir la identidad física de las personas, señaló el día de ayer Nora Martínez Lázaro, representante del Centro Regional de Derechos Humanos «Bartolome Carrasco Briseño» en el marco del Día Internacional de Apoyo a Víctimas de Tortura, que se recuerda cada 26 de junio desde 1987 en vistas de la erradicación de esa práctica.
La activista aprovechó para dar a conocer que tiene un registro de al menos 5 casos de tortura en la administración actual, de los cuales se han hecho cargo, y que una vez que se denuncian no proceden debido a la falta de capacitación por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en la entidad.
«Alguna veces se trata de incompetencia por parte de los ministerios públicos o por parte de los jueces, quienes a pesar de recibir el testimonio y la documentación probatoria pertinente no remiten a ninguna persona por el delito de tortura» indicó.
De acuerdo con Martínez Lázaro en los casos de tortura se conjugan dos factores fundamentales, el primero de ellos consiste en el desconocimiento de los protocolos internacionales que castigan la tortura por parte de las autoridades estatales, pese a que se trata de una obligación, después de la reforma al artículo primero de la Constitución Política del estado Mexicano.
El segundo factor consiste en la falta de coordinación por parte de las instancias encargadas de velar por la garantía de los derechos humanos de las personas, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Coordinadora de Derechos Humanos del ejecutivo estatal, la propia Secretaria de Seguridad Pública, quienes están obligados a invertir en procesos de capacitación en la materia.
«Es un pena que aún siga siendo un asunto de discurso, la atención de los derechos humanos, sobre todo en un estado donde su mandatario estatal se ha jactado de tener una administración de avanza en materia de derechos humanos» asintió.
Por último la activista detalló que independiente de la falta de capacitación, también se han topado con la complicidad de las autoridades hacia los agresores, quienes forman parte de la administración pública municipal y estatal y por tanto se vuelve más complejo que las personas afectadas accedan a la justicia.
