«Es un abuso de autoridad», reclaman comuneros
Autoridades municipales de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo acordaron la disolución de la mancomunidad y la distribución del agua, avalados por el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa.
En ceremonia privada, realizada en Palacio de Gobierno este jueves, el Gobernador dio legalidad a este acuerdo firmado entre el presidente de Tamazulápam Victoriano Martínez y el de Ayutla, Jesús Galván Rojas. Además destacó la disposición de ambas comunidades mixes para resolver asuntos agrarios y del suministro de agua.
Murat Hinojosa dijo que la participación del gobierno del estado será acompañar a las comunidades en la solución de sus conflictos, “sin faltar el respeto a su autonomía y capacidad de autodeterminación”.
Sin embargo, para comuneros y comuneras de Ayutla este acto representa una imposición y abuso de autoridad. Un día antes informaron que estos acuerdos entre las autoridades municipales se realizaron al margen de la participación de la comunidad, violentando los principios de la asamblea, y no fueron tomadas en cuenta las personas afectadas desde 2017 en Ayutla por el despojo de sus tierras.
Advirtieron que con ese acuerdo unas 50 hectáreas de sus tierras, donde se encuentran los parajes Don Cipriano y Rancho Ardilla serían entregadas a Tamazulápam. Además de 200 hectáreas del paraje “El manantial”, donde se ubica el manantial que abastece de agua a Ayutla. También tendrían que ceder otra fracción más para la colocación de la tubería para conducir el agua a la comunidad vecina de Tamazulápam.
Por ello, expresaron su rechazo a estos acuerdos que, dijeron, van en contra de la lucha de su comunidad. Por otra parte señalaron que la reconexión a su manantial no está sujeto al despojo de sus tierras, pues se debe realizar en los términos ordenados por el Juez Tercero de Distrito, dentro del expediente 795/2017.
Filogonio Ramírez Galván, comunero mixe sostuvo que al no tomar en cuenta a la comunidad, el edil de Ayutla, Jesús Galván Rojas ha manipulado y transgredido los principios de la asamblea, donde se discuten los asuntos comunes, como se acostumbra en el régimen de usos y costumbres.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos reprobaron el respaldo del gobierno estatal. Señalaron que este acto representa una serie de violaciones a los derechos de comuneras y comuneros como posesionarios de tierras que han mantenido por generaciones y por las que guardan un vínculo de profundo respeto.
Esta decisión de las autoridades municipales viola entre otros derechos, el derecho al agua, a la información, consulta, tierra, territorio y a la libre determinación, destacaron por medio de un comunicado de prensa.
En ese contexto, informaron que una vez que acompañaron a la comunidad a la presentación de una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por las violaciones a más de 20 comuneros y comuneras, se mantendrán vigilantes de la actuación de ese organismo. Al gobierno del estado de Oaxaca exigieron respete y garantice los derechos de los habitantes a la tierra y el territorio.