Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto en México, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se trabaja en la liberación de personas procesadas o sentenciadas por interrupción de embarazo o por haber participado en el proceso.
Aunque no precisó cifras, la dependencia explicó que en las 32 entidades del país hay personas que cumplen una condena por tal acción.
La participación de la Segob en la liberación de personas procesadas o sentenciadas es a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
Asimismo, en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas.
La determinación para liberar a quienes cumplen con una sentencia por haber abortado o participado en ello se da a raíz de la resolución del 7 de septiembre de 2021.
En esa fecha, por unanimidad de 10 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declar inconstitucional criminalizar el aborto y “se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
En el fallo histórico, el órgano también invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, en el que se establecía una pena de “uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”.
En los 32 estados del país, el aborto es legal cuando el embarazo es resultado de una violación. Sin embargo, se permite por otras siete causas, pero estas varían según la entidad. Hasta ahora, solo en cuatro estados el legal la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.