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Mónica tenía 12 años cuando, obligada por la circunstancia, tuvo que dejar su hogar. Fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, un pastor de la iglesia cristiana Una mirada desde el Cielo, a quien denunció desde el 9 de abril del 2018. Hasta la fecha no hay sentencia contra su agresor.
“Para mí ha sido difícil. Me hace falta mi mamá. Ya quisiera que se acabara esto, estoy cansada, siento tristeza y enojo”, dice Mónica, ahora con 16 años de edad y a punto de enfrentar este jueves 9 de junio, la audiencia de debate en la que se definirá la responsabilidad de G. R. D por abuso sexual agravado en su contra.
Desde que denunció el abuso sexual, Mónica optó por mudarse a la casa de su abuela, debido a que el agresor enfrentó su proceso en libertad porque pagó una fianza de seis mil pesos, a pesar de que el artículo 241 del Código Penal de Oaxaca estipula que por delito de abuso sexual existe una pena de dos a cinco años de prisión y una multa de 50 a 200 días de salario mínimo.
Cuando el delito es cometido contra una persona menor de doce años, la pena es de siete a doce años de prisión y multa de trescientos a setecientos días de salario mínimo, según el Código Penal. Para los autores y partícipes del delito no hay ningún beneficio preliberacional en la ejecución de la sentencia. A pesar de eso, el pastor quedó en libertad.
Tilemy Santiago, académico especialista en Antropología Social y Criminalística y acompañante en el caso, considera que desde el inicio del proceso en 2018, Mónica sufrió violencia institucional.
“Identificamos situaciones de violencia institucional. Lo primero es que dejaron al agresor en libertad. En lo que se refiere a las medidas de reparación, la perito que hizo el dictamen dijo que la menor necesitaba 30 sesiones de terapias inicialmente, pero la agente del Ministerio Público lo desestimó y definió que solo serían 20”, cuenta el especialista.
Tilemy Santiago explica que durante estos cuatro años, la actuación de al menos cuatro agentes del Ministerio Público, tres mujeres y un hombre, favorecieron al agresor al admitir como prueba una fotografía de una puerta cerrada, como evidencia de que no se encontraba ahí en el momento del hecho del que es acusado.
También, cuando se realizó la denuncia, Mónica expuso que su hermano Rodrigo de 11 años de edad sufría violencia del mismo agresor, pero su testimonio fue desestimado y nunca se investigó. “ Lo que le dijeron fue: ‘primero tu caso y luego vemos lo de él’”.
En este momento, abunda, hay un buen desempeño de la agente Amanda López, de Servicios Periciales de la Fiscalía de Delitos por Razón de Género, sin embargo, hizo un llamado para el bienestar de la menor al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a fin de que durante el juicio que se desarrollará en Ejutla de Crespo, las autoridades se conduzcan con perspectiva de niñez y de género.
“Ya quisiera que se acabara esto, estoy cansada, siento tristeza y enojo”, dice Mónica, después de cuatro años, entre ministerios públicos. Tiene claro que lo único que la mantiene de pie en este proceso, es su hermano Rodrigo.
“Quiero que esté conmigo, temo por él , porque cuando estaba con mi mamá yo veía cómo le pegaba a mi hermano (su padrastro) y comencé a ver cambios en mi hermanito, cambios que también me pasaron: se portaba mal, era grosero en la escuela, bajó sus calificaciones y se empezó a aislar. Sospecho que él (el agresor) le hace lo mismo que me hizo a mí”.
*Mónica es el nombre ficticio para proteger la identidad de la menor
