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Rosy Castro y Zenaida Pérez, integrantes del observatorio estatal de ciudadanas | Foto: Rocío Flores
Integrantes del Observatorio Estatal de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas manifestaron su preocupación ante la crisis institucional que vive el órgano electoral en Oaxaca.
En su reunión estatal realizada en la capital, indicaron que la suspensión temporal de la consejera presidenta del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, en pleno proceso electoral, representa un acto de violencia institucional dentro del mismo organismo.
“Vemos con especial preocupación lo que está pasando. Nosotras lo valoramos como una crisis institucional y del gobierno actual, es delicado que pase en un órgano que se supone va a vigilar o estará promoviendo el derecho político electoral”, manifestó la defensora de derechos de los pueblos Indígenas Zenaida Pérez Gutiérrez.
Zenaida Pérez, también integrante del Observatorio, destacó que la violencia política no solo se queda en ese espacio, sino que justamente por esa ”desorganización interna, o por ajustes o estires y aflojes” pueden estar vulnerando los derechos políticos de otras mujeres.
La defensora de derechos políticos de las mujeres de los pueblos y comunidades afromexicanas, Rosy Castro destacó que Elizabeth Sanchez González es la primera mujer en ostentar dicho cargo y la suspensión vulnera su derecho de presunción de inocencia, un derecho humano que la Constitución y los tratados internacionales reconoce y garantiza a toda persona.
Por otra parte señalan que esta acción fue realizada por un órgano de control interno a cargo de Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, quién no tiene atribuciones.
Además. consideran que en la elección del Consejero Presidente Provisional también se incurrió en violencia institucional, pues eligieron a un hombre violando el principio que establece que cuando una mujer sea removida de un cargo, su suplente deberá ser del mismo sexo.
Como observatorio tenemos la misión de impulsar la participación de mujeres políticas de mujeres indígenas y afromexicanas, y apoyarlas en el ejercicio de sus derechos políticos libres de violencia. A pesar de tantos mecanismos de defensa se sigue ejerciendo violencia contra las mujeres, dijo la defensora Rosy Castro.
