Después de casi tres años y medio de haber sido detenido por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres salió del Penal del Altiplano.
La jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, le concedió el sábado 10 de agosto la medida de prisión domiciliaria, después de revocar la prisión preventiva justificada que le habían impuesto al exmandatario por la investigación que lo vincula con actos de tortura cometidos en diciembre de 2005.
La periodista y activista Lydia Cacho manifestó su inconformidad ese mismo día. En este momento liberando al “góber precioso” #MarioMarín acusado de ordenar mi tortura, dijo en sus cuenta de X.
La periodista quien ha demostrado en tribunales internacionales su vínculo con redes de de #TrataDeNiñas señaló al poder judicial: “así mueven las redes criminales al interior del poder judicial. @lopezobrador_ Este es el Poder Judicial mafioso”.
Durante el acto judicial, la jueza Ortuño Suárez consideró que Marín podía enfrentar su proceso penal en libertad debido a que su salida de prisión no representaría un riesgo para la periodista o para la procuración de justicia. Por tal motivo, resolvió modificar su medida cautelar por la del arresto domiciliario.
En un pronunciamiento, la defensora legal de Lydia Cacho señaló que “la jueza ordenó que el mismo sábado 10 de agosto fuera trasladado a su casa, de Almoloya a la ciudad de Puebla”. Y aunque reconoció que no hay oficios aún que permitan constatar su arribo a su domicilio, “la orden fue muy clara y tratándose de libertad, estoy segura de que se acató de inmediato”.
Mario Marin no ha sido exonerado, para la periodista representa un preso peligroso pues la pone en riesgo a ella, a sus testigos y familiares, por lo que hizo responsable a la jueza Angélica Ortuño Suárez de cualquier cosa que pueda sucederle a ella y a su equipo legal.
En tanto, la organización Artículo 19 reconoció que en ocasiones, la prisión preventiva oficiosa puede derivar en violaciones a derechos humanos en México. Sin embargo, aseguró que en el caso de Lydia Cacho, existen pruebas “que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima”.