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Por Ivonne Mateo
Un informe clínico emitido por un hospital particular, con una extensión de tres páginas, sin copias de análisis, ultrasonidos o algún otro estudio médico que respalde los diez padecimientos que presuntamente tiene Juan Antonio Vera Carrizal, imputado por el delito de tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos, es el único documento que ha sido entregado a la defensa de la víctima para justificar los 50 días que el agresor lleva excarcelado.
El hospital “Santa Anita” no parece albergar al interior a un empresario con vínculos políticos, privado de su libertad desde hace cinco años, quien vio frustrada su liberación luego de que una jueza anuló su absolución en agosto del 2024, pues en recorridos realizados en la zona no se observaron patrullas alrededor del inmueble, ni personal de seguridad en los accesos y salidas, no obstante, las ventanas permanecían abiertas.
Aunque la fiscal encargada del caso ha solicitado en diversas ocasiones la revisión de Vera Carrizal por un perito médico, María Elena señala que los familiares de su agresor lo han impedido, con escándalos una vez que el profesionista llega al hospital, y es entonces cuando se presentan elementos de la Policía Estatal para resguardar al empresario y frustrar el proceso de revisión.
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca informó que, en un inicio, Vera Carrizal fue trasladado a consulta y posteriormente, “por la gravedad de sus padecimientos”, fue internado. Expuso textualmente que un perito médico “lo revisó en una primera ocasión, sin embargo, debido al cambio de situación de salud aún no ha podido revalorarlo”.
En medio de la serie de irregularidades en el excarcelamiento del también exdiputado, María Elena ha sido alertada por personas que le han asegurado haber visto a su agresor durante horas de la madrugada en gasolineras de San Felipe del Agua y Santa Lucía del Camino.
Fotografía: Ivonne Mateo
Un informe sin pruebas
El documento oficial emitido por el hospital “Santa Anita” y firmado por el médico tratante, Ulises Pérez Carrera, indica que Juan Antonio Vera Carrizal tiene los siguientes diagnósticos: Post operado de hemorroidectomía; síndrome de canal estrecho cervical; síndrome de neurona motora superior y trastorno cognitivo en estudio; sangrado del tracto digestivo bajo; enfermedad ácido péptica secundario a ingesta de aines; síndrome parkinsoniano; síndrome demencial; trastorno mixto: ansioso y depresivo; síndrome de intestino irritable e hipertensión arterial sistémica.
Aunque en el informe se asegura que los diagnósticos se realizaron con exámenes de laboratorio, de gabinete y valoraciones de diferentes especialidades como coloproctología; traumatología; neurocirugía y neurología, el documento no contiene algún anexo que respalde los mismos, y la víctima sostiene que no ha tenido acceso a algún otro reporte que sustente los padecimientos mencionados.
Complicidades
El pasado 23 de diciembre, la titular de la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández, exhortó a las autoridades judiciales de Oaxaca a realizar las acciones correspondientes para garantizar la custodia de Juan Antonio Vera Carrizal y su eventual regresó a prisión, así como un proceso justo y no revictimizante para María Elena.
Sin embargo, María Elena sostiene que el Tribunal Superior de Justicia continúa sin notificarle sobre diversos actos en el proceso con el fin de entorpecer su defensa.
La víctima acusa complicidad de múltiples autoridades para beneficiar al empresario y mantenerlo libre bajo el argumento de atravesar por un grave estado de salud, entre ellas, la titular del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez; el juez de Enjuiciamiento, Lorenzo Ramírez Cruz, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Iván García Álvarez y el director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, José Jarquín López.
Exige justicia
María Elena sostiene que no cesará en su exigencia de una sentencia justa para Juan Antonio Vera Carrizal, Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez, quienes son señalados de fraguar y ejecutar la agresión con ácido contra ella en septiembre del 2019. Hasta la fecha, Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado, continúa prófugo de la justicia.
