El 10 de abril de 2021 el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) cerró sus puertas debido a un conflicto patronal dejando sin pago a los trabajadores, quienes realizaron una serie de denuncias públicas y legales, pero lo único que ha seguido un rumbo “más claro”, es la denuncia laboral que interpusieron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Aunque ésta, dicen, no ha sido menos atropellada ya que han advertido tendencias que favorecen a la parte patronal, de parte del Rafael Contreras, presidente de la Mesa 2 Bis Especial que lleva su expediente.
Los extrabajadores afirman que Rafael Contreras pretende dar por válidos recibos de nómina timbrados pero no pagados por la patronal representada por Rubén Leyva, José Luis Bustamante del Valle y Mayella Aduelo Holm.
Cinco años después, su denuncia se encuentra en los tribunales tras haber solicitado un amparo, aunque siguen sin recibir sus pagos. Afirman que han sido señalados e invisibilizados en su lucha. A pesar de eso, sostienen que siguen haciendo frente a la injusticia de la parte patronal, de las autoridades y a la apatía social.
“Hoy, recordamos y celebramos los esfuerzos de quienes trabajaron en el MACO, hoy extinto, en cuyas ruinas se ha cimentado un museo alejado de la verdad y la justicia”
De las denuncias interpuestas ante la Fiscalía, legisladores y autoridades de Cultura del estado obtuvieron amenazas, falta de justicia, opacidad e impunidad.
Desalojo, denuncia y tristeza; algunos hechos y personajes que tienen presentes
En 2021, después de un año de trabajar sin pago, Rubén Leyva, José Luis Bustamante del Valle y Mayella Audelo Holm, integrantes de la AC “Amigos del MACO”, figura patronal y responsable del Museo, optaron por desalojar a los trabajadores.
Esa madrugada del 10 de abril, policías de la PABIC entraron al museo, tomaron por la fuerza a uno de sus compañeros y lo aventaron en la banqueta, frente al MACO. La Fiscalía se negó a recibir la denuncia; finalmente fue atendido por la presión de la Defensoría y sus asesoras legales. Después vino la tristeza, el enojo y la preocupación.
La denuncia fue desestimada años después, igual que otras presentadas por violaciones a sus derechos humanos y laborales. A la primera le dieron “carpetazo”, las demás se fueron aplazando. Ante la falta de investigación llegó el cierre eventual.
En 2022 se acercaron a los legisladores locales de la Comisión de Cultura: Samuel Gurrión Matías y César David Mateos Benítez. “El primero habló como empresario advirtiéndonos que no nos pagarían ni un solo peso, debido a nuestra denuncia laboral”, cuentan.
César Mateos Benítez solo escuchó la amenaza y les deseó suerte. Esta reportera fue testigo al acudir a esa reunión. La inacción les mostró su complicidad. De los demás integrantes de aquella Comisión no saben nada, solo atinan a decir «seguramente su muy nutrido sueldo nunca dejó de llegar».
Además, a Edgardo Aragón y Oliver Martínez Kandt, a quienes señalan de prestarse a una campaña de difamación en su contra.
Con el cambio de gobierno vieron una esperanza a su situación laboral. “Sentimos una pequeña apertura. Recuperamos nuestras pertenencias, el Estado recuperó el inmueble que estaba en comodato. Imaginamos que todo sería para bien, pero finalmente nuestros esfuerzos no sirvieron para nosotros, sino que fueron aprovechados para el bien de otros”.
Cinco años después, los extrabajadores afirman que no han dejado de luchar y resistir: “Hicimos conciertos, performances, etc. para señalar las injusticias y abusos, de autoridad y complicidad del Estado. Este 10 de abril, seguimos sin obtener justicia, la falta de empatía nos ha rebasado. Pero sin duda, seguiremos resistiendo confiando en la verdad. Sin verdad no habrá justicia”
