Por Candelaria López
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes confirmó la postergación de la asamblea regional para realizar la consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en Santa María Chimalapas, prevista para el próximo 23 de agosto.
La determinación del INPI, principal promovente de la citada ley, ocurre luego de que pobladores de San Miguel y Santa María Chimalapas rechazaran ser sede de la consulta al manifestar que la
decisión fue prácticamente impuesta, toda vez que no contó con el consentimiento de la comunidad.
Cuestionado al respecto durante el foro realizado este lunes en el Congreso del Estado de Oaxaca para exponer las bondades de la citada ley y la relevancia de la consulta, Regino Montes respondió:
“Aquí en Oaxaca nosotros dijimos… pues vamos a hacer una asamblea regional con el pueblo zoque, en Chimalapas. Lo hemos hecho antes en San Miguel y dijimos a Santa María le toca ahora.
Pero bueno, ustedes saben de los últimos acontecimientos que ha habido”.
Luego, se limitó a señalar que la dependencia que encabeza es respetuosa “de las dinámicas locales” y “tan delicadas que a veces viven nuestros pueblos, y bueno, pues ya hablaremos”.
El funcionario originario de la Sierra Mixe de Oaxaca aseguró que por ahora se mantiene comunicación con la autoridad municipal para analizar de qué otro modo se puede retomar la realización de la asamblea en la comunidad zoque. “Lo vamos a platicar con ellos y estoy seguro que vamos a encontrar una alternativa”, concluyó.
La demanda
A través de un documento público, este lunes habitantes de San Miguel y Santa María Chimalapas expusieron que su verdadero interés es que la nueva legislación fortalezca los derechos colectivos, territoriales, culturales, ambientales económicos y políticos de los pueblos y comunidades indígenas, así como los derechos hacia la naturaleza.
“En particular solicitamos que esta nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, reconozca y proteja de manera expresa la situación jurídica de los bienes comunales de los Chimalapas, así como, la relación entre nuestros derechos como comunidad indígena y los derivados del régimen de propiedad social y la legislación agraria que han sido nuestra petición y lucha desde hace muchos años”, precisan.
La exigencia anterior, deriva del añejo conflicto que mantienen con personas de origen chiapaneco instaladas de manera irregular en cuatro núcleos agrarios que abarcan poco más de 160 mil hectáreas del territorio que los Chimalapas defienden como suyo, conflicto que
hoy mantiene en vilo esa zona limítrofe entre Oaxaca y Chiapas, ante la advertencia de un posible desalojo por parte de pobladores de San Miguel Chimalapas.
