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Foto de portada: Jonathan Treat
Nancy tenía 11 años cuando comenzó a ver el impacto de la minería. En 2009 acompañó a su madre y a su padre en la resistencia que mantenían para impedir la entrada a la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines de origen canadiense, hoy con poco más de 18 años mira en retrospectiva la historia y concluye drásticamente: “para lo único que sirvió es para que reconociera el derecho de las mujeres a participar en las asambleas”.
Antes, las mujeres no iban a una asamblea, no votaban, “siempre estaban a lo que el marido decía; con toda esta revolución por la minera, ellas comenzaron a opinar y a decir que no querían la entrada de esa empresa”.
Después de casi ocho años, tras los asesinatos de cuatro personas y una serie de detenciones, agresiones físicas y psicológicas a quienes participaron en la resistencia a ese proyecto, tres cuartas partes de su pueblo está concesionado al proyecto minero denominado San José, y su madre languidece al darse cuenta de que los pozos ya no tienen agua y de que su lucha no ha tenido grandes resultados hasta hoy.
“En ese tiempo, en mayo de 2009, se dio un enfrentamiento y desalojo de las instalaciones, después de que los pobladores de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán habían tomado las instalaciones de la empresa para exigir la cancelación de los trabajos de exploración y preparación. Mi padre estuvo preso por varias semanas, yo era muy pequeña pero vi cómo volaban los helicópteros arriba de la comunidad, vi pasar patrullas estatales, fui consciente de que mi madre y muchas mujeres hicieron frente a los policías y a elementos del Ejército mexicano”.
Nancy recuerda que su madre fue muy activa, pero el pueblo se fue dividiendo y confrontando, sufrió agresiones físicas, una de ellas sucedió en 2010 cuando le echaron gases lacrimógenos en la cara.
“Ahora está más débil, su ánimo fue decayendo, ya no asiste a las asambleas, a pesar de que se le reconoció a las mujeres el derecho a participar en ellas”.
La joven es ahora conductora en una estación de radio comunitaria ubicada en San Antonino Castillo Velasco, una población perteneciente a los Valles Centrales de Oaxaca, estado donde hay al menos 299 concesiones mineras.
Nancy tiene en mente mantener vigente la convicción de sus padres de rechazar las empresas mineras, para ello, se dedica a informar a la comunidad sobre los impactos de esta industria que en la últimas semanas ha cobrado la vida de dos personas que quedaron atrapadas en los túneles de una mina, ubicada en otra población de la misma región del estado, sin que las autoridades de protección civil o de la empresa hayan intervenido en la búsqueda: fueron los mismos familiares que ingresaron sólo para recoger los cadáveres.
En este escenario de retorno de las empresas extractivas mineras así como de la presión del mercado sobre las tierras, la participación de las mujeres ha cobrado relevancia en Oaxaca, a pesar de que tradicionalmente no han sido tomadas en cuenta en las asambleas comunitarias y de que en la mayoría de los casos son ajenas a la propiedad social de la tierra por la que luchan.
De acuerdo al diagnóstico Equidad de género en núcleos agrarios, elaborado por el ex Instituto de la Mujer Oaxaqueña, sólo 22 por ciento de las personas con derechos agrarios (parcelarios y de uso común), son mujeres. “Las tierras están en manos de hombres”, apunta la exdirectora de esta dependencia, Anabel López Sánchez.
Si se toma en cuenta que 82 por ciento del territorio oaxaqueño es propiedad social (869 son ejidos, 760 son comunidades agrarias) mayormente ocupada por pueblos originarios o indígenas y que en esa propiedad social de la tierra no están consideradas las mujeres, evidentemente hay una lucha desigual de base, pues la reforma agraria de 1992 le quitó el derecho mancomunado a las mujeres.
Las vías para que las mujeres puedan obtener el derecho en muchas de estas comunidades en las que se desarrollan estos conflictos son: que el padre les herede un pedazo de tierra, que compre y el derecho “del tanto”, que es un derecho que otorga la ley agraria de este país para que las mujeres puedan comprar un predio al marido. Éste es el único derecho que da la ley, “es una pendejada” dice López Sánchez, defensora de los derechos de las mujeres. Y la otra posibilidad es enviudar.
“Es una reforma neoliberal y machista, eliminó el derecho mancomunado y lo puso como derecho del tanto”, acusa la feminista oaxaqueña parafraseando a un consultor de la ONU.
La cultura patriarcal
La cultura patriarcal es el fondo, dice López Sánchez, quien también participa en un caso de resistencia ante una empresa minera en Zanatepec en la región del Istmo de Tehuantepec, en donde ella es comunera por herencia de su padre.
“La cosa se complica porque el dueño de la tierra siempre es un hombre, en el ámbito de la tierra, las mujeres ocupan sólo el papel de cuidar el derecho. El derecho, es una costumbre que le pasa al hijo varón, porque la creencia es que la mujer va a tener un hombre que la va mantener entonces para qué quiere tierra, aunque haya muchas jefas de familia, aunque las mujeres también tengan que trabajar la tierra, el derecho es de los hombres”.
Esta situación de desventaja, le sirve al sistema y a las empresas, las mujeres se encuentran en una circunstancia de exclusión, por la costumbre de estar en casa y por que al sistema económico le conviene que no estén en la vida pública-política, entendida como la posibilidad de decidir sobre temas que les son comunes.
Mujeres en resistencia
“Defenderemos a la madre tierra, como defiende la madre a sus hijos. No dejaremos que nos quiten la libertad porque nuestra libertad es la de nuestros hijos” gritaba Carmen Ramos Román de Zanatepec mientras caminaba en la marcha ¡No a la minería, sí a la vida!, realizada en defensa del territorio en el oriente del Istmo de Tehuantepec.
Carmen tiene derechos sobre una propiedad comunal, como otras mujeres que accedieron a su parcela por viudez, sin embargo, para algunas esto puede ser temporal porque cuando el hijo hombre llega a la mayoría de edad, éste se convierte en el propietario.
Igual que Carmen en Zanatepec, Nancy y su madre Inocencia en San José del Progreso, hay cientos de mujeres participando en los conflictos mineros que surgieron a raíz de la reforma a la ley minera que ocurrió también en 1992 y que permite la entrada a las empresas extranjeras, contra quienes luchan hasta el día de hoy decenas de comunidades indígenas a favor del derecho a decidir sobre sus territorios.
En la negativa a este tipo de megaproyectos se observa una perspectiva distinta, mientras que para los hombres campesinos el tema central radica en la producción, las mujeres piensan en temas vitales, apunta Anabel López, temas como los hijos e hijas, la salud, el agua, los alimentos. Para las mujeres la lógica es clara, ellas están cotidianamente relacionadas con la vida.
La oposición de las mujeres se expresa cuando comienzan a colocar el tema en las asambleas, a pedir información a las autoridades, a exigir que se les explique qué está sucediendo, en esto coinciden Nancy Vázquez Sánchez -a su corta edad-, Anabel López y también Neftalí Méndez Reyes, este último de la organización Servicios para una Educación Alternativa A.C., con sede en la capital del estado, organización que ha acompañado a decenas de comunidades, a lo largo de nueve años, en su proceso de resistencia.
Lo que es un hecho, explica Neftalí, es que la lucha se mantiene mientras el conflicto está más álgido, después disminuye y se confinan nuevamente a la vida privada, condición que es aprovechada por las empresas mineras.
En algunos casos como en Teitipac, en Tlacolula o Monte del Toro en Ejutla, la lucha se ha traducido en el reconocimiento de derechos, al ser nombradas como autoridades agrarias. Sin embargo, también hay casos que se han orientado hacia la criminalización.
Nube de polvo
Todas las noches cuando ya está oscuro, entre las ocho y las nueve, abren los respiraderos y sale una nube de polvo, de tierra molida. Durante la mañana y en la tarde, los volteos también van soltándolo a su paso por la calle, ese polvo lo respira la población.
A las niñas y los niños frecuentemente se les cae el cabello, los hombres que trabajan en la minera se la pasan tosiendo y sus mujeres han tenido abortos, pero las autoridades de salud no explican nada, según lo que denuncian algunos pobladores.
“Ya están haciendo la segunda presa de jale, los camiones de volteo tardan seis horas en bajar y subir a la superficie de la mina, que está a unos kilómetros de mi casa, tres partes de San José está concesionada a la minería, los pozos ya no tienen agua, tenemos que estar comprando a quienes tienen pozos profundos o algunos van a traer al río y es la que se compra, pero quizá estén contaminados,» dice Nancy para evidenciar que algo no está bien en casa.
Proyectos mineros
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, en Oaxaca existen 34 proyectos mineros, 18 están ubicados en los Valles Centrales, muy cercanos a la capital del estado.
Derivado de esto están latentes 12 conflictos mineros en diferentes comunidades oaxaqueñas, entre ellas Capulálpam de Méndez y Santa Catarina Lachatao en la Sierra Norte, Silacayoapilla en la Mixteca, La Cuicateca en la Cañada, Ixtepec y Zanatepec en la región del Istmo, Santa María Zaniza en la Sierra Sur, Monte del Toro, San José del Progreso y Teitipac en la región de los Valles Centrales, lugares y resistencias en las cuales hay participación activa de las mujeres.